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RADICADOMEDIO DE CONTROLDEMANDANTEDEMANDADOMAG. PONENTERESULTADO:TEMA:FECHA PROVIDENCIA:PROVIDENCIA:
18001233300320160028300NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOMARY DEL CARMEN ORTIZ ORTIZNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: La señora Mary del Carmen Ortiz Ortiz solicitó que se ordene al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a reconocer y pagar a su favor–en calidad de esposa sobreviviente del extinto Sargento Viceprimero (Póstumo) del Ejército Nacional –Luis Jesús Gómez Afanador-, una pensión de sobrevivientes en los términos dispuestos en los artículos 46, 47, 48 y 228 de la Ley 100 de 1993. Se niegan las pretensiones de la demanda por considerar que al haber fallecido el finado el 4 de marzo de 1986, la Ley 100 de 1993 NO se encontraba vigente y por tanto, no puede aplicarse de forma retroactiva al caso concreto.

Pensión de sobrevivientes07/03/2019SENTENCIA-Ver-SALVAMENTO DE VOTO-Ver
18001233300320170012800NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCARLOS HUMBERTO OSSO ANDRADEMUNICIPIO DE FLORENCIA-CAQUETÁLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: El señor Carlos Humberto Osso Andrade fue desvinculado del Municipio de Florencia – Caquetá, y una vez acudió a esta Jurisdicción, se ordenó a la Entidad reintegrarlo al cargo que venía desempeñando, con el correspondiente pago de todos los emolumentos dejados de percibir, incluidas las cesantías. Así las cosas, como quiera que la Entidad no acreditó el pago de las cesantías del actor, este pretende se pague una sanción por mora en el pago de las mismas, lo que se niega, por cuanto el origen de las cesantías en el caso particular, no es una solicitud de reconocimiento de la prestación, sino una condena judicial.

Sanción moratoria07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320160008900NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOONG SEMBRANDO SEMILLAS CON ÉXITOUNIVERSIDAD DE LA AMAZONIALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: La Entidad demandante se presentó como único proponente a la Invitación para contratar nro. 001 de 2015 de la Universidad de la Amazonía, entidad que mediante las resoluciones demandadas declaró desierta la invitación, por cuanto –entre otras-, la ONG Sembrando Semillas con Éxito NO acreditó el cumplimiento de un requisito habilitante, cual es la firmeza del RUP y la experiencia en los códigos indicados en el pliego de cargos. Se niegan las pretensiones porque se evidenció que los actos acusados fueron expedidos después del término para subsanar los requisitos habilitantes, y una vez quedó en firme la decisión de declaratoria desierta, el único proponente NO subsanó los requisitos.

Contractual07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320170013000NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOSANDRA MILENA SÁNCHEZ GARCÍAMUNICIPIO DE FLORENCIA -CAQUETÁLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: La señora Sandra Milena Sánchez García fue desvinculada del Municipio de Florencia – Caquetá, y una vez acudió a esta Jurisdicción, se ordenó a la Entidad reintegrarla al cargo que venía desempeñando, con el correspondiente pago de todos los emolumentos dejados de percibir, incluidas las cesantías. Así las cosas, como quiera que la Entidad no acreditó el pago de las cesantías de la actora, esta pretende se pague una sanción por mora en el pago de las mismas; lo que se niega, por cuanto el origen de las cesantías en el caso particular, no es una solicitud de reconocimiento de la prestación, sino una condena judicial.

Sanción moratoria – Cesantía reconocida en condena judicial14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120130042401REPARACIÓN DIRECTAEDGAR EDUARDO GOMEZ SILVA Y OTROSNACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Accede parcialmente a las pretensiones de la demanda. CASO: El demandante sufrió varias lesiones que disminuyeron su capacidad laboral, cuando salió expulsado del platón de una camioneta de la Policía, al dirigirse a una misión. En virtud de lo anterior el a quo consideró que se incumplieron normas de tránsito por ir con exceso de velocidad y llevar pasajeros en el platón, por lo que accedió a las pretensiones de la demanda. En esta Instancia, se desvirtúan infracciones de tránsito, pero se confirma la sentencia porque las lesiones del demandante se originaron en una infracción al deber objetivo de cuidado por parte del conductor de la camioneta.

Falla en el servicio – Conducción actividad peligrosa 14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160057901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLUIS ANTONIO RAMON RAMOSNACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

2ª Inst.: Confirma la decisión de primera instancia de acceder a las pretensiones de la demanda. CASO: El señor Luis Antonio Ramos Rojas solicitó a la Nación- Ministerio de Defensa, la reliquidación de invalidez en el sentido de que al valor resultante de aplicar el porcentaje de pensión de invalidez que tiene reconocido se le adicionara un 38,5% como prima antigüedad, solicitud que fue negada mediante oficio No. OFI16-66309 del 21 de agosto de 2015. El a quo accedió las pretensiones ordenando reliquidar la pensión del actor sobre el 95% del salario básico devengado en actividad, sumado al 38,5% de la prima de antigüedad devengada en actividad que corresponde al 58.5% del salario básico mensual, en consideración a que el accionante devengaba en actividad una prima de antigüedad del 58.5% y que de conformidad con el artículo 13.2.2 del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 la prima de antigüedad en su pensión debe ser reconocida en el porcentaje establecido en el artículo 18 ibídem que para su caso es el 38.5% de la prima de antigüedad, es decir, el 38.5% del 58.5%. Esta Instancia confirma la prosperidad de las pretensiones, en el sentido de adicionar al 95% del salario básico devengado en actividad, un 38,5% correspondiente a la prima devengada en actividad que a su vez se extrae del 58.5% del salario básico mensual, esto, al no poderse dar aplicación directa al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, que establece que para la liquidación de la asignación de retiro de los Soldados Profesionales debe tenerse en cuenta tanto la asignación básica como la prima de antigüedad, determinándose como forma de liquidación para extraer el valor de la mesada que debe pagarse el 70% del salario mensual, adicionado por el 38.5% de la prima de antigüedad, debido a que el actor no cuenta con los veinte (20) años de servicio que le exige tal normativa.

Reliquidación pensión de invalidez de soldado profesional- prima de antigüedad14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320170012700NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOPAOLA ANDREA VILLANUEVA PARRAMUNICIPIO DE FLORENCIA -CAQUETÁLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: La señora Paola Andrea Villanueva Parra fue desvinculada del Municipio de Florencia – Caquetá, y una vez acudió a esta Jurisdicción, se ordenó a la Entidad reintegrarla al cargo que venía desempeñando, con el correspondiente pago de todos los emolumentos dejados de percibir, incluidas las cesantías. Así las cosas, como quiera que la Entidad no acreditó el pago de las cesantías de la actora, esta pretende se pague una sanción por mora en el pago de las mismas; lo que se niega, por cuanto el origen de las cesantías en el caso particular, no es una solicitud de reconocimiento de la prestación, sino una condena judicial.

Sanción moratoria14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320170016400NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHONUBIA POLANCO POLANCOMUNICIPIO DE FLORENCIA -CAQUETÁLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: La señora Nubia Polanco Polanco fue desvinculada del Municipio de Florencia – Caquetá, y una vez acudió a esta Jurisdicción, se ordenó a la Entidad reintegrarla al cargo que venía desempeñando, con el correspondiente pago de todos los emolumentos dejados de percibir, incluidas las cesantías. Así las cosas, como quiera que la Entidad no acreditó el pago de las cesantías de la actora, esta pretende se pague una sanción por mora en el pago de las mismas; lo que se niega, por cuanto el origen de las cesantías en el caso particular, no es una solicitud de reconocimiento de la prestación, sino una condena judicial.

Sanción moratoria – Cesantía reconocida en condena judicial21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160076801REPARACION DIRECTAKAREN ALEJANDRA GONZALEZ Y OTROSNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

2ª Inst.: Confirma la decisión de primera instancia de acceder a las pretensiones de la demanda. CASO: El joven Cristian Alejandro Sanchez Medina, ingresó a prestar el servicio militar obligatorio, sufriendo un accidente cuanto intentaba cruzar un puente en madera en actos propios del servicio, en razón de ello, fue calificado por la Junta Médica Laboral quien le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 69.75%. Consideró el fallador de instancia que no existía duda sobre la existencia del daño y la afectación al bien jurídicamente tutelado. Esta Instancia confirma la decisión de declarar la prosperidad parcial de las pretensiones, al acreditarse la causación del daño, el nexo de causalidad como quiera que la lesión se provocó durante la prestación de servicio y la imputabilidad a la entidad demandada, quien se encontraba en el deber jurídico de garantizar la integridad física del conscripto, aunado al hecho que no se reunieron los presupuestos para declarar el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima alegado por la entidad.

Lesión de conscripto en servicio activo21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233375220140012601REPARACION DIRECTAHERNAN ENRIQUE CASTRO BOHORQUEZUNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A A LAS VICTIMAS-UARIVLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: El accionante, fue nombrado el 2 de agosto de 2013 en el cargo de Director Administrativo y Financiero de Florencia, sin que durante el transcurso de la prestación del servicio existiera irregularidad, para el 19 de diciembre de 2013, le fue notificada la Resolución No. 04403 del 18 de diciembre de 2013, mediante la cual, se resolvió declararlo insubsistente, nombrando seguidamente la entidad por Resolución 2-4305 del 19 de diciembre de 2013, en calidad de encargo, al señor Wilfredo Bahos Melo, sin que cumpliera con la totalidad de los requisitos para tomar posesión. El fallador de instancia negó las pretensiones de la demanda por cuanto la parte actora no acreditó el desmejoramiento del servicio con quien lo reemplazó, quien contrario a lo sostenido en la demanda, si cumplía los requisitos para desempeñar el cargo. En esta instancia judicial se confirmó la decisión de denegar las pretensiones de la demanda esencialmente porque del material probatorio quedó acreditado, que la declaratoria de insubsistencia del señor HERNAN ENRIQUE CASTRO BOHORQUEZ no puede entenderse como un acto amañado de la entidad, ni que efectivamente ocurrió un desmejoramiento en la prestación del servicio, correspondiéndole al demandante la carga probatoria de demostrar la desviación de poder para lograr derruir su presunción de legalidad fundada en el mejoramiento del servicio, carga que incumplió. Contrario a ello, fue advertido por la Sala con claridad que el acto de insubsistencia, obedeció al ejercicio legítimo del poder discrecional del nominador inherente al régimen de los cargos de libre nombramiento y remoción, que suponen manejo, orientación y confianza institucional, sin vocación de permanencia.

Declaratoria de insubsistencia cargo de libre nombramiento y remoción21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320170010100NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPPJOSE ANTONIO MARIN GARCIALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Accede parcialmente a las pretensiones de la demanda. CASO: En cumplimiento de un fallo de tutela la extinta CAJANAL EICE, ordenó mediante la Resolución N° 5295 del 07 de febrero de 2006, la reliquidación de la pensión gracia a la esposa del accionado, sin que esta contara con el derecho a recibirla al no tener el tiempo de servicio necesario como docente de carácter Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado. Se accede a las pretensiones de la demanda, al acreditarse al interior del plenario que la pensión gracia de la señora Teresa Peña de Marín fue reconocida en atención a tiempos del orden nacional, pese a no ser posible dicha acumulación. Adicionalmente, se encontró que la docente sirvió tiempos paralelos al servicio de la Alcaldía de Florencia, por lo cual en principio no había lugar a acceder a las pretensiones. No obstante, al haber incurrido la causante en una prohibición constitucional o legal, deviene imposible reconocer la pensión en virtud de una trasgresión normativa.

Lesividad – Pensión gracia sin el lleno de los requisitos21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320150024700NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPPMARCO ANTONIO SARMIENTO FERNANDEZLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Accede parcialmente a las pretensiones de la demanda. CASO: En cumplimiento de un fallo de tutela la extinta CAJANAL EICE, ordenó mediante la No. 36287 del 28 de julio de 2006, el reconocimiento de la pensión gracia del accionado, sin que este contara con el derecho a recibirla al no tener el tiempo de servicio necesario como docente de carácter Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado. Se accede a las pretensiones de la demanda, al acreditarse al interior del plenario que la pensión gracia del señor Marco Antonio Sarmiento Fernández, fue reconocida en atención a tiempos del orden nacional, pese a no ser posible dicha acumulación.

Lesividad – Pensión gracia sin el lleno de los requisitos21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220160025301NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCECILIA ORTIZNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

2ª Inst.: Modifica la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. CASO: La señora Cecilia Ortiz solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes al Ministerio de Defensa, en aplicación de la Ley 100 de 1996. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones y ordenó pagar una pensión de sobrevivientes a la actora, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado por el causante, en aplicación de la Ley 776 de 2002. Esta Instancia confirma en lo relacionado con acceder al reconocimiento, pero modifica la decisión en el sentido de ordenar el reconocimiento de la prestación, en aplicación de la Ley 100 de 1993, esto es, sin la modificación traída por la norma aplicada por el a quo, es decir, en cuantía del 45% del IBL, al evidenciar que es imposible aplicar retroactivamente la Ley 776 de 2002, pues el causante falleció en el año 1994.

Reconocimiento pensión de sobrevivientes Mindefensa – Irretroactividad la Ley21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220130003501REPARACIÓN DIRECTAEDWIN RODRIGO RODRIGUEZ NARVAEZ Y OTROSNACION-MINISTERIO DE JUSTICIA-RAMA JUDICIALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

2ª Inst.: Revoca la decisión de primera instancia, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. CASO: El señor Edwin Rodrigo Rodríguez Narváez fue condenado por el delito de extorsión, a 75 meses de prisión y el pago de una multa a favor de la víctima. Posteriormente, le fue otorgado el beneficio de libertad condicional, supeditado al cumplimiento de unas obligaciones que la Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, consideró no satisfechas por cuanto el actor se sustrajo de pagar la multa que le fue impuesta, pese a justificar su imposibilidad de hacerlo. Por lo anterior, consideró el extremo activo que el tiempo que estuvo privado de la libertad –luego de revocársele el beneficio de libertad condicional-, fue injusto. El a quo negó las pretensiones por considerar que existió culpa exclusiva de la víctima. Esta Instancia revoca la negativa de las pretensiones, por considerar que no sólo el título de imputación de privación injusta de la libertad si es el correcto, sino que además, la providencia mediante la cual se revocó el beneficio de libertad condicional se basó en la omisión de valoración de unas pruebas, que demostraban la incapacidad del actor para pagar los perjuicios a que fue condenado. En ese sentido, se ordena el pago del lucro cesante, y también de perjuicios morales en cuantía del 50% de lo que se debe reconocer a quien nunca fue declarado culpable al interior de un proceso penal.

Privación injusta de la libertad – Error jurisdiccional – Revocatoria de libertad condicional28/03/2019SENTENCIA:Ver | SALVAMENTO DE VOTO:Ver
18001334000320160065201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJAIME ARLEY CORREA BAENANACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

2ª Inst.: Confirma la decisión de primera instancia de negar las pretensiones de la demanda. CASO: El demandante pretende la reliquidación de sus cesantías definitivas, conforme al régimen de cesantías retroactivas, al considerar que la el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000, dispone un régimen de cesantías retroactivas para los soldados voluntarios. La primera instancia niega las pretensiones por considerar que los soldados voluntarios no contaban –en vigencia de la Ley 131 de 1985, con ningún beneficio denominado cesantía -ni anualizada ni retroactiva-, por lo cual la norma cuya aplicación se pretende, no guía el asunto bajo análisis. Esta Sala confirma la decisión de primera instancia, luego de efectuar un recuento de las normas de cesantías retroactivas y anualizadas, añadiendo que cuando el actor se acogió al régimen de soldados profesionales, se sometió en su integridad al mismo.

Cesantías retroactivas de soldado voluntario que pasa a profesional28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120047901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOYULIETH NARVÁEZ SARMIENTODEPARTAMENTO DEL CAQUETALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

2ª Inst.: Confirma la decisión de primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. CASO: La demandante pretende el reconocimiento y pago de una sanción por mora, atendiendo el hecho que la entidad demandada tardó en el pago de sus cesantías definitivas, una vez fue desvinculada. El a quo negó las pretensiones de la demanda, al indicar que la sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas o parciales, contemplada en la Ley 244 de 1995, no es aplicable. Esta Sala confirma lo decidido, en el entendido que con la expedición del Decreto 1582 de 1998 –reglamentario de la Ley 344 de 1996- se dejó muy en claro régimen de liquidación y pago de cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, sería en la Ley 432 de 1998, mientras que el de los afiliados a Fondos Privados –dentro de los cuales no se encuentra el aludido Fondo- sería el señalado en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990.

Sanción moratoria por pago tardío de cesantías – Afiliados al Fondo Nacional del Ahorro28/03/2019SENTENCIA-Ver
118001333300220140056201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOABELARDO RAMÍREZUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPPLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

2ª Inst.: Revoca la sentencia proferida por el Juez de Primera Instancia para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. CASO: El señor Abelardo Ramírez pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos fictos mediante los cuales se le negó el reajuste de la pensión gracia post mortem de la cual es beneficiario sustituto. El Juez de Primera Instancia niega por considerar que las diferencias existentes entre la fecha de reconocimiento y de pago, se encuentran prescritas. Esta Sala revoca dicha decisión, pues no guarda consistencia con las peticiones de la demanda, y accede al reajuste de la pensión, al encontrar –luego de calcular la mesada del actor-, que en efecto para el cálculo de la mesada se tuvo en cuenta la fecha de sustitución al actor, y no la fecha de adquisición del status por parte de la causante.

Reajuste de pensión gracia post mortem – error en la fecha de liquidación de la prestación – Fecha de adquisición del status28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420170004801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSE WILSON SANCHEZ QUIROZCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMILNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones. CASO: El señor José Wilson Sánchez Quiroz presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual le negaron la reliquidación de su asignación de retiro y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada que reliquide su asignación de retiro tomando como base la asignación básica establecida en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000 y de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones al considerar que la presunción de legalidad del acto administrativo demandado fue desvirtuada y que el demandante tiene derecho a que la entidad demandada reliquide su asignación de retiro. Se confirma la sentencia, al encontrar que la entidad demandada no liquidó la asignación de retiro del acto conforme a derecho.

Reajuste asignacion de retiro07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220110008801REPARACION DIRECTAALEJANDRA GUERRERO Y OTROSNACION-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y OTROSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. CASO: Se presenta demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, Policía Nacional, Departamento del Caquetá, Municipio de Florencia, Cámara de Comercio de Florencia y Proyecciones D.R.F.E., para que se les declare responsables por los perjuicios que les fueron ocasionados con la captación ilegal de sus dineros y la permisión por parte de las autoridades a quienes correspondía inspeccionar, vigilar, controlar e intervenir, y que como consecuencia se les condene al pago de los perjuicios causados. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones al considerar que fue el actuar imprudente y alejado de la buena fe de los demandantes el que conllevó a que se sometieran a un riesgo extraordinario y voluntario que termino con un detrimento patrimonial, configurándose la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Se confirma al encontrar que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos que imputan como falla del servicio, resultando inviable, atribuir al Estado la infracción de los deberes de autocuidado de quienes, con la expectativa de un inexplicable beneficio, entregaron su capital a entidades captadoras de dinero no autorizadas.

Captacion ilegal07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120100058101REPARACION DIRECTAJORGE EDGAR DUSSAN VARGAS Y OTROSNACION-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y OTROSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. CASO: Se presenta demanda de reparación directa contra la Nación – Superintendencia de Sociedades, Nación – Superintendencia Financiera, Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Nación – Fiscalía General de la Nación y Proyecciones D.R.F.E. en liquidación, para que se les declare responsables por los perjuicios ocasionados con la omisión en la que incurrieron las primeras cuatro entidades al haber permitido que la última captara dineros del público en forma ilegal, y por la acción de esta al haber captado dineros del público sin las autorizaciones correspondientes, y que como consecuencia se les condene al pago de los perjuicios causados. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones al considerar que fue el actuar imprudente y alejado de la buena fe de los demandantes el que conllevó a que se sometieran a un riesgo extraordinario y voluntario que termino con un detrimento patrimonial, configurándose la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Se confirma al encontrar que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos que imputan como falla del servicio, resultando inviable, atribuir al Estado la infracción de los deberes de autocuidado de quienes, con la expectativa de un inexplicable beneficio, entregaron su capital a entidades captadoras de dinero no autorizadas.

Captacion ilegal07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220100013001REPARACION DIRECTALUIS FERNANDO JARAMILLO Y OTROSNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Modifica el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, le adiciona un ordinal y la confirma en lo demás. CASO: Se presenta demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Elver de Jesús Cifuentes Rodríguez por parte de miembros del Ejército Nacional, para que se declare su responsabilidad y se le condene al pago de los perjuicios causados. El Juez de Primera Instancia accedió parcialmente a las pretensiones al considerar que los integrantes del Ejército Nacional accionaron sus armas de manera directa e indiscriminada contra el señor Elver de Jesús Cifuentes Rodríguez y pretendieron legitimar su accionar simulando un enfrentamiento y señalando al occiso como integrante de las FARC, circunstancias que no fueron demostradas por la entidad demandada. Se modifica el ordinal segundo de la sentencia incrementando el monto de la indemnización por concepto de perjuicios morales en virtud de la excepción que hizo el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 cuando se trate graves violaciones de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, se adiciona un ordinal para imponerle a la entidad demandada una medida no pecuniaria de reparación integral y se confirma en lo demás, al encontrar que el señor Elver de Jesús Cifuentes fue ultimado por miembros del Ejército Nacional y que ni el supuesto enfrentamiento ni el vínculo con grupos al margen de la Ley, no fue demostrado por la entidad demandada.

Falso positivo07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300120180009700NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODAGOBERTO RIBERA CANTILLOSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENANESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: El señor Dagoberto Rivera Cantillo presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- para que se reconozca la relación laboral existente y en consecuencia, se le condene al pago de las prestaciones sociales teniendo como base de liquidación la remuneración pactada en los contratos, y a devolver el porcentaje que pagó el demandante por concepto de aportes a salud y pensión. Se niegan las pretensiones de la demanda por considerar que no se logró demostrar el elemento de la subordinación.

Contrato realidad07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220110008301REPARACION DIRECTAAZAEL LOPEZ FANDIÑO Y OTROSNACION-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y OTROSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. CASO: Se presenta demanda de reparación directa contra la Nación – Superintendencia de Sociedades, Nación – Superintendencia Financiera, Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Nación – Fiscalía General de la Nación y DMG Grupo Holding S.A. en liquidación, para que se les declare responsables por los perjuicios ocasionados con la omisión en la que incurrieron las primeras cuatro entidades al haber permitido que la última captara dineros del público en forma ilegal, y por la acción de esta al haber captado dineros del público sin las autorizaciones correspondientes, y que como consecuencia se les condene al pago de los perjuicios causados. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones al considerar que el actuar engañoso del Grupo DMG imposibilitó el actuar normal por parte del Estado, configurándose la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero. Se confirma al encontrar que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos que imputan como falla del servicio, resultando inviable, atribuir al Estado la infracción de los deberes de autocuidado de quienes, con la expectativa de un inexplicable beneficio, entregaron su capital a entidades captadoras de dinero no autorizadas.

Captacion ilegal07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120150027801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOALICIA RODRIGUEZ OBREGONUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPPNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Modifica el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, revoca el ordinal segundo y la confirma en lo demás. CASO: La señora Alicia Rodríguez Obregón presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP- para que se declare la nulidad parcial del acto administrativo que le reconoció la pensión de vejez y la nulidad total de los actos administrativos que le negaron la reliquidación de su pensión, y como consecuencia se ordene a la entidad demandada que reliquide su pensión de vejez en el equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados, en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones al considerar que a la demandante le asiste el derecho a que se reliquide su pensión en los términos que lo solicitó. Se modifica el ordinal cuarto de la sentencia para ordenar que se reliquide la pensión de vejez de la demandante en el equivalente al 75% del promedio de los factores sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicio, teniendo en cuenta el tiempo laborado con posterioridad al reconocimiento de dicha prestación; se revoca el ordinal segundo en el que se declaraba la nulidad parcial del acto administrativo de reconocimiento de la pensión de vejez por cuanto de acuerdo con las reglas sentadas por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto 2018 en dicha Resolución la liquidación se hizo conforme a derecho; y se confirma en lo demás, por encontrarse ajustado a la ley y la jurisprudencia.

Reliquidacion de la pension de vejez07/03/2019SENTENCIA-Ver
1800123310020110041700REPARACION DIRECTAINSTITUTO ACADEMICO Y DE CAPACITACION PARA LA AMAZONIA-INACAMDEPARTAMENTO DEL CAQUETANESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: INACAM formuló demanda de reparación directa a fin de que, previa declaración de responsabilidad del Departamento del Caquetá, se le ordene indemnizarlo por los daños causados con ocasión de la omisión y dilación injustificada en la aprobación de los planes educativos institucionales, que conllevaron consigo daño al buen nombre, interrupción de actividades de la entidad actora y pérdida de alumnos. Se niegan las pretensiones de la demanda por considerar que no concurren los elementos cuya conjugación permite declarar la responsabilidad administrativa en sede extracontractual. Encuentra la Sala, en efecto, que no se acreditó la existencia de un daño cierto eventualmente imputable a las acciones que el demandante reputa generadoras de aquel. Y, si no hay daño que pueda reconducirse a la actuación de la administración demandada, no hay responsabilidad.

Omision y dilacion injustificada de la aprobacion de los planes educativos institucionales07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160019601REPARACION DIRECTANELSON BONILLA PASCUAS Y OTROSNACION-RAMA JUDICIAL Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la decisión adoptada por el a quo, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda. CASO: Los actores formularon demanda de reparación directa en que solicitaron se declarara responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Celiano Bonilla Pascuas, entre el 2 de septiembre de 2010 y el 17 de abril de 2012, dentro de proceso penal por el delito de tráfico de estupefacientes que terminó con sentencia absolutoria de 7 de julio de 2014, ejecutoriada el mismo día, como quiera que no se impugnó. Se revoca y se niegan las pretensiones de la demanda de cara al recurso de apelación interpuesto por la Nación – Rama Judicial, habida cuenta de que en aplicación de la reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 , en la cual dejo sentada su posición el H. Consejo de Estado en materia de privación injusta de la libertad, se acreditó la no existencia de daño antijurídico, como quiera que la medida de aseguramiento de la que fue objeto el señor Bonilla Pascuas, se fundó en material probatorio que razonablemente permitía tener por comprometida su responsabilidad en el delito por el que se le investigaba, por lo que era razonable privarlo de la libertad de manera preventiva, y en consecuencia dicha carga debe ser soportada por el mismo.

Privacion injusta de la libertad07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120190002401TUTELAFRANCIA ARMANDA MOSQUERA COSSIONACION-MINEDUCACION-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

TdeFond 2ª Inst.: Modifica el numeral Segundo para ordenar que, en el término de 24 horas siguientes a la decisión, comunique la respuesta a la actora y, confirmó en los demás el fallo impugnado. CASO: La actora estima que el Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduprevisora S.A., vulneraron sus derechos a la igualdad y de petición, toda vez que no han emitido respuesta de fondo sobre si procede o no el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, confirmó la sentencia de primera instancia en razón a que no existía carencia de objeto por hecho superado y modificó el tiempo de cumplimiento de la orden emitida por el a quo en primera instancia, dado que la respuesta emitida por la Secretaria de Educación Departamental no ha sido eficazmente puesta en conocimiento de la actora.

Derecho de peticion06/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120190002201TUTELAJUAN DE JESUS MURCIA RIVEROSUNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A A LAS VICTIMAS-UARIVNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

TdeFondo. Consulta Desacato. 2ª Inst.: Revoca Sanción. CASO: El actor informó sobre el incumplimiento por parte de la UARIV de la orden impartida en la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, y solicitó la iniciación del incidente de desacato. Dicho Juzgado previo requerimiento dispuso abrir el incidente en contra del Director General de la de la UARIV. Agotado el pertinente trámite, profirió el 25 de febrero de 2019, sanción por desacato en contra del mentado funcionario, imponiéndole arresto de tres (3) días y multa de tres (3) SMLMV, por considerar que incumplió, a pesar de los requerimientos del Despacho, la orden emitida en el fallo de tutela, pues nunca se emitió respuesta a la petición que fue elevada por el actor, frente a la entrega de su ayuda humanitaria, y conforme a los parámetros establecidos para garantizar la protección del derecho de petición. Observa la Sala que, aunque a la fecha de proferirse el auto consultado, la entidad accionada no había acreditado cumplimiento a la orden de tutela, dentro del trámite de la consulta el Jefe de la Oficina Jurídica de la UARIV, mediante memorial de 26 de febrero de 2019, se sirvió acreditarlo y para ello allega comunicación No. 20197201073991 de 22 de febrero de 2019, suscrita por el Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV, y dirigida a la dirección de correo electrónico que aportó el actor, mediante la cual resolvió de fondo la petición que dio origen a la tutela y al trámite incidental.

Consulta- incidente de desacato-derecho de peticion06/03/2019AUTO-Ver
18001333300420190002501TUTELALUCY PENAGOSUNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A A LAS VICTIMAS-UARIVNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

TdeFondo. Consulta Desacato. 2ª Inst.: Revoca Sanción. CASO: La actora informó sobre el incumplimiento por parte de la UARIV de la orden impartida en la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia, y solicitó la iniciación del incidente de desacato. Dicho Juzgado previo requerimiento dispuso abrir el incidente en contra del Director General de la de la UARIV. Agotado el pertinente trámite, profirió el 05 de marzo de 2019, sanción por desacato en contra del mentado funcionario, imponiéndole arresto de tres (3) días y multa de tres (3) SMLMV, por considerar que incumplió, a pesar de los requerimientos del Despacho, la orden emitida en el fallo de tutela, pues nunca se emitió respuesta a la petición que fue elevada por la actora, frente a la entrega de su indemnización administrativa, y conforme a los parámetros establecidos para garantizar la protección del derecho de petición. Observa la Sala que, aunque a la fecha de proferirse el auto consultado, la entidad accionada no había acreditado cumplimiento a la orden de tutela, dentro del trámite de la consulta el Jefe de la Oficina Jurídica de la UARIV, mediante memorial de 05 de marzo de 2019, se sirvió acreditarlo y para ello allega comunicación No. 20197201349681 de 04 de marzo de 2019, suscrita por el Director Técnico (E) de Reparaciones de la UARIV, y dirigida a la dirección de correo electrónico que aportó el actor, mediante la cual resolvió de fondo la petición que dio origen a la tutela y al trámite incidental.

Consulta- incidente de desacato-derecho de peticion07/03/2019AUTO-Ver
18001233100020100037700REPARACION DIRECTAERIKA LEANA MONROY RODRIGUEZ Y OTROSE.S.E. SOR TERESA ADELE Y OTROSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Deniega las pretensiones de la demanda. CASO: Los actores promovieron demanda en contra de la E.S.E Sor Teresa Adele y de la Clínica Medilaser, con el fin de que se les declarara responsables por el daño antijurídico proveniente de la falla en el servicio de atención médica brindado a la señora Viyenny RODRÍGUEZ Villanueva durante el mes de junio de 2008, que produjo su deceso. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, negó las pretensiones de la demanda por cuanto no se logró probar la negligencia en la prestación del servicio por parte de Sor Teresa Adele, y que por el contrario se desprende de la historia clínica que se le brindó la atención oportuna y eficiente; respecto de la Clínica Medilaser, que no se probó que la muerte de la paciente fuera producto de una infección nosocomial ni de una falla en el servicio.

Responsabilidad medica-infeccion nocosomial14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300220120011402REPARACION DIRECTAJOSE ROBERTO MONROY SANCHEZNACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.:Confirma el auto No. 2548 del 09 de noviembre de 2018, mediante el cual se resolvió el trámite incidental y se fijó el valor de los perjuicios materiales del trámite de la referencia. CASO: El actor promovió incidente de regulación de perjuicios, aportando dictamen pericial; el apoderado de la parte demandada presentó contradicción al dictamen, el cual se surtió el la hora y fecha señalada en la audiencia de pruebas; y en auto de fecha 9 de noviembre de 2018, el Juzgado de primera instancia accedió a lo pretendido. El demandante interpuso recurso de apelación en busca de que se revocara dicha decisión y se negara lo solicitado por el demandante, arguyendo que, “existe un incremento de hectáreas de tierras que no se encuentran legitimadas”; y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó la decisión de primera instancia en razón a que no se estructuraron ninguno de los motivos invocados en el recurso.

Incidente de liquidacion de perjuicios-fumigacion14/03/2019AUTO-Ver
18001333300220190005801TUTELAZORAIDA ORDOÑEZ AMAYAUNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A A LAS VICTIMAS-UARIVNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

TdeFondo. Consulta Desacato. 2ª Inst.: Revoca Sanción. CASO: La actora informó sobre el incumplimiento por parte de la UARIV de la orden impartida en la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, y solicitó la iniciación del incidente de desacato. Dicho Juzgado previo requerimiento dispuso abrir el incidente en contra del Director de Gestión Social y Humanitaria de la de la UARIV. Agotado el pertinente trámite, profirió el 11 de marzo de 2019, sanción por desacato en contra del mentado funcionario, imponiéndole arresto de tres (3) días y multa de tres (3) SMLMV, por considerar que incumplió, a pesar de los requerimientos del Despacho, la orden emitida en el fallo de tutela, pues nunca se emitió respuesta a la petición que fue elevada por el actor, frente a la entrega de su ayuda humanitaria, y conforme a los parámetros establecidos para garantizar la protección del derecho de petición. Observa la Sala que, aunque a la fecha de proferirse el auto consultado, la entidad accionada no había acreditado cumplimiento a la orden de tutela, dentro del trámite de la consulta el Jefe de la Oficina Jurídica de la UARIV, mediante memorial de 13 de marzo de 2019, se sirvió acreditarlo y para ello allega comunicación No. 20197201613851 de 12 de marzo de 2019, suscrita por el Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV, y dirigida a la dirección de correo electrónico que aportó la actora, mediante la cual resolvió de fondo la petición que dio origen a la tutela y al trámite incidental.

Consulta- incidente de desacato-derecho de peticion15/03/2019AUTO-Ver
118001233300020190002000POPULARESLINA YULIETH GARCIA ARIAS Y OTROSCORPOAMAZONIA Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Rechaza demanda. CASO: La señora LINA YULIETH GARCÍA ARIAS Y OTROS formuló demanda en ejercicio de la acción popular con el fin de que, se protegieran los derechos colectivos que se estaban viendo conculcados por la no protección de un árbol que según ellas hace parte del patrimonio ambiental del municipio de Curillo-Caquetá. En el estudio de admisión de la demanda, se evidencio una seria de yerros de tipo formal, por lo que se inadmitió la misma en aras de que la parte actora las subsanara para dar trámite a la misma. La Sala en atención a que el termino para subsanar venció en silencio y no existió pronunciamiento alguno por parte de la parte actora, se rechazó la demanda

Rechaza demanda-no subsano15/03/2019AUTO-Ver
18001333100220110008701REPARACION DIRECTAGLORIA PATRICIA PINZON SALAZAR Y OTROSNACION-SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTROSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. CASO: Se presenta demanda de reparación directa contra la Nación – Superintendencia de Sociedades, Nación – Superintendencia Financiera, Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Nación – Fiscalía General de la Nación y DMG Grupo Holding S.A. en liquidación, para que se les declare responsables por los perjuicios ocasionados con la omisión en la que incurrieron las primeras cuatro entidades al haber permitido que la última captara dineros del público en forma ilegal, y por la acción de esta al haber captado dineros del público sin las autorizaciones correspondientes, y que como consecuencia se les condene al pago de los perjuicios causados. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones al considerar que fue el actuar imprudente y alejado de la buena fe de los demandantes el que conllevó a que se sometieran a un riesgo extraordinario y voluntario que termino con un detrimento patrimonial, configurándose la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Se confirma al encontrar que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos que imputan como falla del servicio, resultando inviable, atribuir al Estado la infracción de los deberes de autocuidado de quienes, con la expectativa de un inexplicable beneficio, entregaron su capital a entidades captadoras de dinero no autorizadas.

Captación ilegal21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300320190010801TUTELALAURA CRISTINA OLIVEROS ORTIZCOMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTROLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la acción constitucional. CASO: La actora se presentó a un concurso de méritos para proveer empleos vacantes de 18 entidades del orden nacional, entre ellas, el INVIMA, logrando quedar en lista de elegibles, sin embargo, la entidad no formalizó el acto de posesión debido a que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente las actuaciones administrativas adelantas con ocasión de la convocatoria para la cual se presentó la actora. En esta instancia de confirma la decisión de primer grado, aduciendo que el nombramiento de la libelista venía suspendido válidamente desde antes de la ejecutoria de la lista de elegibles, encontrando continuidad en un auto posterior, por lo que se afectó su carácter ejecutorio en virtud de la medida cautelar proferida por el Consejo de Estado en un medio de control de nulidad simple y mientras dicha medida no sea levantada, esa entidad no puede asumir una actuación distinta.

Derecho a la igualdad y acceso a cargos públicos01/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220190007801TUTELASANDRA MILENA FAJARDO ROJASSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Accede parcialmente a las pretensiones de la acción constitucional. CASO: La actora se presentó a tres convocatorias que ofertó la entidad para contratar instructores para la vigencia 2019, sin embargo, posteriormente la entidad adicionó un nuevo criterio de selección, referido a la abstención de la contratación de personas que se encontraran inmersas en procesos judiciales contra la entidad, situación en la que se encontraba la actora, no resultando contratada. En esta instancia, se confirmó la decisión de primera instancia referida en esencia a la valoración de la hoja de vida sin más requisitos que aquellos exigidos inicialmente, pues se lograba con ello remover el obstáculo que no le permitía gozar del derecho a la igualdad, sin embargo, aun cuando la Corporación constató que la actora obtuvo un mayor puntaje que aquellos que fueron efectivamente contratados, no fue posible ordenar la suscripción del contrato, al devenir en improcedente el medio constitucional para impartir ese tipo de órdenes, máxime que para la fecha de la sentencia ya todos los contratos se habían suscritos. Finalmente se ordenó compulsar copias a la Procuraduría Regional del Caquetá para que investigara la posible comisión de una falta disciplinaria.

Derecho a la igualdad02/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420190011501TUTELAKAREN JULIETH MESA BARONUNIVERSIDAD DE LA AMAZONIALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la acción constitucional. CASO: La actora solicitó con el escrito de demanda que se ordenara a la demandada le realizara el trámite administrativo correspondiente a la reliquidación de su matrícula financiera para el periodo 2019-1 con base en su realidad socioeconómica. En esta instancia se confirma la decisión de primera instancia por cuanto se acreditó que la actora solicitó vía derecho de petición la reliquidación de la matrícula del semestre 2018-2 y no del 2019-1, como lo aseguró y frente a ello fue que la entidad se pronunció.

Derecho de petición03/04/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160066501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOELADIO VARGAS CHAVEZNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: El señor Eladio Vargas Chávez, solicitó que se le liquidará su salario mensual desde el mes de noviembre de 2003 a la fecha de retiro de la fuerza tomando como asignación básica la establecida en el inciso segundo de artículo primero del decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000 (salario mínimo incrementado en un 60% del mismo salario); así como la reliquidación del auxilio de cesantías durante el periodo señalado conforme la liquidación de la asignación básica establecida en el inciso segundo del artículo 1º del citado decreto. El fallador de primera instancia negó las pretensiones de la demanda al considerar que no existía prueba que acreditara que para el mes de noviembre de 2003, el actor ostentaba la calidad de soldado voluntario. En esta instancia se revoca la decisión de primera al encontrar probado que el demandante ingresó al Ejército Nacional como soldado regular desde el 18 de marzo de 1998 hasta el 25 de septiembre de 1999, luego como soldado voluntario desde el 26 de septiembre de 1999 hasta el 31 de octubre de 2003, y como soldado profesional desde el 1 de noviembre de 2003 hasta el 1 de junio de 2018, en virtud de lo referido en la contestación de la demanda, la fijación del litigio y la certificación suscrita por el Oficial de la Sección de Atención al Usuario DIPER (fl.153), declarándose la prescripción cuatrienal y absteniéndose de condenar en costas.

Reconocimiento del 20%04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320180019800EXEQUIBILIDADDILY LISBETH AGUIRRE MOSQUERAACUERDO MUNICIPAL 012 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018-EXPEDIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE MILANLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

Única Inst.: Declara la legalidad del artículo 19 del Acuerdo 12 de 2018. CASO: La Alcaldesa del Municipio de Milán considera ilegal el artículo 19 del Acuerdo 12 de 2018, expedido por el Concejo Municipal de dicho municipio, por cuanto agregó –al proyecto presentado por la Alcaldesa- la expresión: “se harán mediante acuerdo municipal” en lo relacionado con la adición del presupuesto. La Sala declara la legalidad del artículo, considerando que es función del Concejo Municipal, efectuar las adiciones presupuestales.

Revisión de legalidad – Requisitos para procedencia de la revisión04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320160022701EJECUTIVOSHERIBERTO TOMAS AGUIRRE RAMIREZNACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

2ª Inst.:Confirma la decisión de continuar adelante con la ejecución. CASO: El ejecutante reclama el pago de los factores salariales de prima de orden público e incremento de subsidio familiar, habida cuenta que no fueron cancelados apropiadamente por la ejecutada. Se advierte que en efecto, estando en obligación de hacerlo, el Ministerio de Defensa Policía Nacional se abstuvo de pagar los factores aludidos. Por esa razón, se confirma lo decidido por el a quo.

Excepción de pago04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120110009802REPARACION DIRECTAROBERTO ROJAS Y OTROSNACION-SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTROSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. CASO: Se presenta demanda de reparación directa contra la Nación – Superintendencia de Sociedades, Nación – Superintendencia Financiera, Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Nación – Fiscalía General de la Nación y Proyecciones D.R.F.E. en liquidación, para que se les declare responsables por los perjuicios ocasionados con la omisión en la que incurrieron las primeras cuatro entidades al haber permitido que la última captara dineros del público en forma ilegal, y por la acción de esta al haber captado dineros del público sin las autorizaciones correspondientes, y que como consecuencia se les condene al pago de los perjuicios causados. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones al considerar que fue el actuar imprudente y alejado de la buena fe de los demandantes el que conllevó a que se sometieran a un riesgo extraordinario y voluntario que termino con un detrimento patrimonial, configurándose la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Se confirma al encontrar que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos que imputan como falla del servicio, resultando inviable, atribuir al Estado la infracción de los deberes de autocuidado de quienes, con la expectativa de un inexplicable beneficio, entregaron su capital a entidades captadoras de dinero no autorizadas.

Captación ilegal21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333375320140003401REPARACION DIRECTADILA MARIA BARRIOS LOPEZ Y OTRONACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Modifica el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia y confirma en lo demás. CASO: Se presenta demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la empresa Emerald Energy PLC, para que se les declare responsables por los perjuicios ocasionados como consecuencia del ataque perpetrado por grupos armados al margen de la ley a la caravana de vehículos que transportaba petróleo, y se les condene al pago de dichos perjuicios. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones de la demanda declarando responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al considerar que se presentó una ruptura de la igualdad de las cargas públicas, pues los demandantes no tenían deber de soportar que sus predios fueran afectados a causa de un enfrentamiento armado. Se modifica la sentencia de primera instancia para condenar en abstracto a la entidad demandada al pago del lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir por los demandantes con la disminución en la producción de leche de los semovientes de su propiedad, y se confirma en lo demás al encontrar que el atentado terrorista estuvo dirigido contra un objetivo claramente identificable como Estado, en el marco del conflicto armado interno y supuso la materialización de un riesgo de naturaleza excepcional.

Atentado terrorista - destruccion de predios por incendio21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233100120090013801REPARACION DIRECTAEVERSON LEANDRO MOYA Y OTROSHOSPITAL MARIA INMACULADANESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: En cumplimiento de fallo de tutela se profiere sentencia complementaria, mediante la cual se modificó el resuelve de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala el 29 de junio 2017. CASO: La señora Fanny María Montano Huaca y otros presentaron demanda de reparación directa contra la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia, con el fin de que se le declarara responsable por los perjuicios a ellos ocasionados en razón a un equivocado procedimiento médico que terminó con la pérdida de su nasciturus. En el trámite de contestación de la demanda, la ESE llamó en garantía a La Previsora Compañía S.A. Compañía de Seguros, en virtud de la póliza de responsabilidad civil No. 1001433. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Florencia, en sentencia de 30 de septiembre de 2014, accedió a las pretensiones, condenó a la ESE a la indemnización de perjuicios, y absolvió al llamado en garantía, arguyendo que no se probó que en vigencia de la póliza se hubiera puesto en conocimiento del asegurador el reclamo objeto de la demanda de reparación directa. Apelada la sentencia, esta Corporación, el 29 de junio de 2017, confirmó la declaratoria responsabilidad de la ESE, pero revocó la absolución de la aseguradora y en su lugar condenó a la aseguradora a pagar a la ESE el monto de la condena impuesta por el a quo. La Previsora S.A. interpuso acción de tutela al considerar que dicha providencia vulneraba su derecho al debido proceso, misma que fue resuelta en segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que ordenó proferir la sentencia complementaria, al considerar que la sentencia emitida por ésta corporación adolecía de defectos sustantivo (por indebida aplicación del artículo 4º de la Ley 389 de 1997) y fáctico (por omisión en la valoración del clausulado de la póliza). En consecuencia la Sala en cumplimiento de la orden de tutela emitida y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por el H. Consejo de Estado en el fallo de tutela, encontró que en efecto: la exigencia de que la reclamación por el siniestro se haya efectuado a La Previsora S.A. dentro del término de vigencia de la póliza (pues se trata de seguro con cláusulas claims made), no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que, en términos del artículo 4º de la Ley 389 de 1997, no puede deducirse obligación a cargo de la llamada en garantía, La Previsora S.A., así mismo, que no obra al expediente prueba alguna de que el Hospital hubiese ejercido la facultad de contratar la extensión del plazo para efectuar reclamos, y en consecuencia modifico el resuelve de la sentencia proferida por la Corporación el 29 de junio de 2017, para exonerar de responsabilidad a la Previsora S.A. al pago de suma alguna por la condena impuesta en la misma.

Exclusion de responsabilidad del llamado en garantia21/03/2019SENTENCIA COMPLEMENTARIA-Ver
18001233100020050042500REPARACION DIRECTAFONDO GANADERO DEL CAQUETANACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONAL Y OTROSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: El Fondo Ganadero del Caquetá S.A. formuló demanda de reparación directa contra la Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y Otros, a fin de que, previa declaración de responsabilidad de las demandadas, se les ordene indemnizarlo por los daños causados con ocasión del hurto de 3036 cabezas de ganado vacuno de su propiedad, en hechos ocurridos entre el 23 de octubre de 2003 hasta la fecha de la demanda (10 de octubre de 2005) en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y La Montañita. Se negaron las pretensiones de la demanda, porque no se logró acreditar la ocurrencia de una falla en el servicio a cargo de las entidades demandadas.

Hurto de ganado21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233100020100037200REPARACION DIRECTALUZ MERY ROJAS CRUZ Y OTROSHOSPITAL MARIA INMACULADA Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Declara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Hospital María Inmaculada, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los deficientes diagnósticos e intervenciones médicas realizadas a la paciente; declara probada la excepción de ausencia de cobertura propuesta por la aseguradora la Previsora S.A. Compañía de Seguros; niega las demás pretensiones. CASO: Los actores promovieron demanda en contra del Hospital María Inmaculada y la Clínica Medilaser S.A., con el fin de que se les declara solidariamente responsables por los perjuicios sufridos por los actores como consecuencia del deceso de su familiar en el mes de agosto de 2009, producido – afirman- por la falla del servicio médico prestado. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, declaró la responsabilidad del Hospital María Inmaculada, arguyendo, que no son de recibo las exculpaciones presentadas, pues no se discute que la apendicitis era un diagnostico muy probable, ni que resultara apropiada la decisión de operar; pues también es claro que la misma cirugía y el hallazgo del apéndice macroscópicamente normal , unido a los signos de infección ya referidos, obligaban a explorar diagnosis y a proceder en consecuencia; declaró la ausencia de cobertura de la Previsora S.A,. en virtud de que la póliza fue expedida bajo la modalidad de cláusulas Claims Made, donde la reclamación debe ser elevada durante el término de la vigencia de la póliza, lo que en el caso no ocurrió; y negó las pretensiones de la demanda respecto de la Clínica Medilaser, por cuanto el tratamiento que le fue brindado a la paciente fue el que correspondía a prestar en UCI, vistas las condiciones de la paciente.

Responsabilidad medica - falla de la prestacion del servicio medico21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300120180019400ELECTORALOSCAR DONDE ORTIZMUNICIPIO DE FLORENCIANESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Deniega las pretensiones. CASO: EL Concejo Municipal de Florencia aprobó moción de censura contra el Secretario de Obras Públicas. El Alcalde lo declaró insubsistente, pero dos meses después lo nombró en otra Secretaría de Despacho. El Demandante pide que se anule este segundo nombramiento, por (i) infracción de las normas en que debió fundarse (numerales 1, 3 y 10 del artículo 315 de la Constitución), (ii) falta de condiciones constitucionales para ejercer el cargo (artículo 275-5 CPACA), y (iii) Desviación de poder, porque el Alcalde –dice- con el nuevo nombramiento quiso “reafirmar su autoridad”. El Tribunal desechó los cargos, al encontrar que la única consecuencia legalmente aparejada a la moción de censura aprobada es la separación del cargo, y que ese efecto se surtió, sin que sea dable atribuirle una consecuencia inhabilitante, por vía de analogía o de interpretación extensiva del ordenamiento; y que, entonces, el Alcalde hizo lícito uso de la facultad de libre nombramiento y remoción que le confiere la Constitución respecto de los cargos directivos de su gobierno, sin que, por lo demás, se demostrara que lo hizo con miras a finalidades ajenas a las impuestas por el ordenamiento jurídico.

Nulidad - Acto de nombramiento de secretario de despacho22/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420190003901TUTELAFERMIN ROJAS OSPINAUNIDAD DE ADMINISTRACION JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURANESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia. CASO: Tutela contra la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional, por considerar al actor le están desconociendo el derecho fundamental de petición al no darle respuesta a su solicitud de remisión al correo electrónico de las respuestas y cuestionarios formulados en los exámenes de la convocatoria No. 27 de jueces y magistrados. La Sala Tercera del Tribunal Administrativo, revocó la decisión de primera instancia, esto es el amparo del debido proceso, arguyendo, que no es procedente por cuanto mediante aviso publicado en la página web del Consejo Superior de la Judicatura, se puso de presente que el procedimiento incluye las fases de consulta de documentos y de complementación de impugnaciones, y que el hecho que en ese momento no se hubiese señalado fecha y lugar para dichas actividades en modo alguno puede evaluarse como infractor del debido proceso, pues lo cierto es que el actor tendrá la oportunidad de consultar la información que necesita y de usarla eficazmente para los fines que se propone.

Derecho de petición21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160025801REPARACION DIRECTANOE ARCHIPIZ RIVERA Y OTROSDEPARTAMENTO DEL CAQUETANESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Apelación. Confirma el auto del 20 de febrero de 2019, mediante el cual se declaró la caducidad parcial respecto de unos demandantes. CASO: La parte actora solicitó en su recurso de apelación que se revoque la decisión de declarar la excepción de caducidad respecto de los señores Salvador Saavedra, Arnois Archipiz Gonzalez y Noe Archipiz Rivera, argumentando que el término debía contarse a partir del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, y el ente demandado en su recurso de apelación solicitó que se revoque la decisión de no declarar probada la excepción de caducidad respecto de los menores demandantes, manifestando que si bien son incapaces lo cierto es que están representados legalmente por sus padres, los cuales tuvieron conocimiento de hechos desde el año 2011 y solo hasta el 7 de abril de 2016 presentaron la demanda. La Sala confirmó la decisión de primera instancia, al encontrar que en efecto los demandantes Salvador Saavedra, Arnois Archipiz Gonzalez y Noe Archipiz Rivera, mayores de edad, tuvieron conocimiento de los hechos en el año 2011 y dejaron caducar la acción; sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de los menores a quienes el término de caducidad se les debe contar a partir del momento en que adquieran la mayoría de edad, en atención a su incapacidad para demandar y sin que la incuria de sus padres pueda afectar su derecho a reclamar.

Caducidad parcial - desde que se tuvo conocimiento del hecho - no opera respecto de menores de edad28/03/2019SENTENCIA-Ver
11001333502120160045801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJUAN GABRIEL PATIÑO MARTINEZNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar, declara la nulidad del acto administrativo demandado y condena al pago de las diferencias salariales y prestacionales del actor. CASO: El señor Juan Gabriel Patiño Martínez presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual le negaron la reliquidación de su asignación básica y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada al reconocimiento y pago del reajuste salarial del 20% a que tiene derecho de conformidad con el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones porque en dentro del plenario no reposaba prueba de que el demandante reunía los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia, tales como haber ingresado a las fuerzas militares antes del 01 de enero de 2000, como soldado voluntario y que por disposición del Comando General haya sido cambiado a soldado profesional. Se revoca la sentencia, al encontrar que el demandante si tiene derecho al reconocimiento y pago del reajuste salarial del 20% al demostrar que se vinculó como soldado voluntario antes del 31 de diciembre del 2000.

Reajuste de la asignacion basica - soldado profesional28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420150050801REPARACION DIRECTAGLEEDYS SAAVEDRA CRUZ Y OTROSNACION-RAMA JUDICIAL Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la decisión adoptada por el a quo, quien negó las pretensiones de la demanda. CASO: Los actores formularon demanda de reparación directa en que solicitaron se declarara responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Gleydis Saavedra Cruz, entre el 11 de enero de 2010 y el 8 de agosto de 2014, dentro de proceso penal por el delito de inducción a la prostitución, agravada, y estímulo a la prostitución de menores, que terminó con sentencia absolutoria de segunda instancia ejecutoriada el 8 de agosto del mismo año. Se confirma la decisión adoptada por el a quo, habida cuenta de que en aplicación de la reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, en la cual dejo sentada su posición el H. Consejo de Estado en materia de privación injusta de la libertad, se acreditó la no existencia de daño antijurídico, como quiera que la medida de aseguramiento de la que fue objeto la señora Saavedra Cruz, se fundó en material probatorio que razonablemente permitía tener por comprometida su responsabilidad en el delito por el que se le investigaba, por lo que era razonable privarla de la libertad de manera preventiva, y en consecuencia dicha carga debe ser soportada por la misma; así mismo, quedo acreditado que la misma genero una acción culposa que indujo en error a la Fiscalía General de la Nación.

Privacion Injusta de la libertad28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120130109301REPARACION DIRECTAEDILSON ARLEY MUÑOZ RIVERA Y OTROSNACION-RAMA JUDICIAL Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la decisión adoptada por el a quo, quien accedió a las pretensiones de la demanda. CASO: Los actores formularon demanda de reparación directa en que solicitaron se declarara responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Edilson Arley Muñoz Rivera entre el 22 de julio y el 13 de diciembre de 2011, dentro de proceso penal por el delito de extorsión, que terminó con sentencia absolutoria ejecutoriada el 04 de enero de 2012. Se confirma la decisión adoptada por el a quo, habida cuenta de que en aplicación de la reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, en la cual dejo sentada su posición el H. Consejo de Estado en materia de privación injusta de la libertad, se acreditó la existencia de daño antijurídico, como quiera que la medida de aseguramiento de la que fue objeto el señor Muñoz Rivera, no se fundó en material probatorio que razonablemente permitiera tener por comprometida su responsabilidad en el delito por el que se le investigaba, por lo que no era razonable privarlo de la libertad de manera preventiva, y en consecuencia dicha carga no debió ser soportada por el mismo; así mismo, quedó acreditado que aquel nunca genero una acción culposa que indujera en error a la Fiscalía General de la Nación.

Privacion Injusta de la libertad28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220150076701REPARACION DIRECTAOMAR ANTONIO YANES PEREIRA Y OTROSNACION-RAMA JUDICIAL Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la decisión adoptada por el a quo, quien accedió a las pretensiones de la demanda. CASO: Los actores formularon demanda de reparación directa en que solicitaron se declarara responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Omar Yanes Mendoza entre el 25 de mayo y el 21 de septiembre de 2010, dentro del proceso penal por el delito de ataque al superior en la modalidad de amenaza, que terminó con sentencia absolutoria del 23 de agosto de 2013. Se revoca la decisión adoptada por el a quo, habida cuenta de que en aplicación de la reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, en la cual dejo sentada su posición el H. Consejo de Estado en materia de privación injusta de la libertad, se acreditó la no existencia de daño antijurídico, como quiera que la medida de aseguramiento de la que fue objeto el señor Yanes Mendoza, se fundó en material probatorio que razonablemente permitía tener por comprometida su responsabilidad en el delito por el que se le investigaba, por lo que era razonable privarlo de la libertad de manera preventiva, y en consecuencia dicha carga debe ser soportada por el mismo; de igual forma, quedo acreditado que el mismo generó una acción culposa que indujo en error a la Justicia Penal Militar.

Privacion Injusta de la libertad28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300120190000400REVISION DE LEGALIDADGOBERNACION DEL CAQUETAACUERDO MUNICIPAL No. 2018022 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018NESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

Única Inst.: Declara infundada la observación planteada por el Gobernador del Departamento del Caquetá al Acuerdo Municipal No. 2018022 del 17 de diciembre de 2018 por medio del cual se autoriza al Alcalde para comprar unos predios. CASO: Se presenta escrito manifestando que el Acuerdo Municipal referido desconoce lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1673 de 2013 porque el avaluó no cumple con lo establecido en los preceptos constitucionales y legales y la persona que lo realizó tampoco cumple con los requisitos previstos en la ley. La Sala declara infundada la observación planteada por el Gobernador del Departamento del Caquetá al Acuerdo Municipal al encontrar que de ser cierto que el avaluó no cumple con los requisitos constitucionales y legales, y que el perito tampoco cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1510 de 2013, dichas circunstancias podían eventualmente afectar la validez del contrato de compraventa que llegare a celebrarse, pero no la legalidad del Acuerdo.

Autorizacion del alcaldepara comprar bienes inmuebles28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120190007201TUTELAADRIANA PATRICIA SANCHEZSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENANESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.:Confirma la sentencia de primera instancia. CASO: Tutela contra el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, por presunta vulneración a los derechos fundamentales, al debido proceso, igualdad y otros al desconocer la entidad la normatividad vigente “para la contratación de empleo del sector público”, al adicionar nuevos criterios a la convocatoria de los ya inicialmente establecidos. La Sala Tercera del Tribunal Administrativo confirmó la decisión emitida por el a quo, por cuanto, el SENA descalificó a la actora al adicionar nuevos criterios a la convocatoria con denominación objetiva que en realidad eran de orden subjetivo, vulnerando así sus derechos fundamentales; además que, si bien la ley no establece un procedimiento determinado para la selección del contratista de prestación de servicios, ello no implica que dicha escogencia se pueda realizar libremente, pues en todo caso ha de ser objetiva. De otro lado, señaló, que no le asiste razón a la demandada en la alegada improcedencia de la acción de tutela, por cuanto su procedencia era razonable al encontrarse conjurada la violación a derechos fundamentales a la actora.

Debido proceso - derecho a la igualdad - derecho al trabajo27/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220140000200CONTROVERSIA CONTRACTUALDARSALUD FLORENCIA IPS SAS EN LIQUIDACIONCAPRECOM EPSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª. Inst.: Confirma sentencia mediante la cual el Juzgado 2º Administrativo de Florencia denegó las pretensiones. CASO: Caprecóm suscribió, el primero de abril de 2011, contrato de prestación de servicios de salud con Darsalud, por $37.224.000. El contrato terminó el 30 de abril de 2011 y aunque el contratista presentó la factura correspondiente, no se le ha pagado, ni el contrato ha sido liquidado. Allegó liquidación del contrato realizada por un contador público. Pidió que se declarara el incumplimiento de Caprecóm. El a quo denegó, aduciendo, que el actor no probó haber cumplido sus obligaciones, requisito sine qua non para la prosperidad de lo pretendido. El Tribunal confirmó señalando, respecto de los argumentos del apelante, (i) que quien reclama declaración de incumplimiento de un contrato sinalagmático debe demostrar que por su parte ha satisfecho sus obligaciones; (ii) que en el caso concreto, tal como lo evaluó el a quo, no se satisfizo esa carga probatoria, y (iii) que la “liquidación” pericial allegada con la demanda constituye un simple ajuste formal de cuentas, que no equivale ni tiene el alcance probatorio del acto liquidatorio regulado en el Estatuto General de Contratación y resulta inconducente a la prueba del cumplimiento del contratista demandante.

Incumplimiento contractual04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120110027501REPARACION DIRECTAEMIRO GONZALEZNACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª. Inst.: Confirma sentencia mediante la cual el Juzgado Transitorio No. 11001333340 denegó las pretensiones de la demanda. CASO: El actor solicita indemnización señalando que el 17 de abril de 2010 una aeronave de la Policía Nacional asperjó sustancias químicas sobre su predio, y destruyó los cultivos de pasto afectando la actividad ganadera de que deriva su sustento y el de su familia. El a quo concluyó –luego de analizar los medios de prueba allegados- que no se acreditó la denunciada aspersión sobre el predio del demandante, esto es: que no se demostró el hecho dañino, pues así resulta de la documentación allegada por la Policía Nacional, siendo que, por demás, las fotografías aportadas no tienen aptitud probatoria. El Tribunal confirmo al encontrar infundados los argumentos del apelante -que cuestionaban el análisis probatorio del a quo- pues: (i) las pruebas allegadas con la demanda son manifiestamente insuficientes para acreditar el supuesto daño y el supuesto hecho nocivo y (ii) por el contrario, las pruebas aducidas por la demandada permiten concluir que, efectivamente como ésta lo sostiene, no llevó a cabo la aspersión en la fecha señalada por el actor.

Fumigacion04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170043801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOARQUIMEDES CHANTRE LEMECHENACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar, declara la nulidad del acto administrativo demandado y condena al pago de las diferencias salariales y prestacionales del actor. CASO: El señor Juan Gabriel Patiño Martínez presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual le negaron la reliquidación de su asignación básica y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada al reconocimiento y pago del reajuste salarial del 20% a que tiene derecho de conformidad con el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones porque en dentro del plenario no reposaba prueba de que el demandante reunía los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia, tales como haber ingresado a las fuerzas militares antes del 01 de enero de 2000, como soldado voluntario y que por disposición del Comando General haya sido cambiado a soldado profesional. Se revoca la sentencia, al encontrar que el demandante si tiene derecho al reconocimiento y pago del reajuste salarial del 20% al demostrar que se vinculó como soldado voluntario antes del 31 de diciembre del 2000.

Reajuste de la asignacion basica - soldado profesional04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120110003502REPARACION DIRECTAEUDIS LAUDIT SARMIENTO GUERRA Y OTROSNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la decisión adoptada por el a quo, quien accedió a las pretensiones de la demanda. CASO: Los actores formularon demanda de reparación directa en que solicitaron se declarara responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los perjuicios ocasionados con las lesiones que sufrió el señor Yeison Rafael Sarmiento Guerra como consecuencia de la activación de una mina antipersonal, y en consecuencia, se le condene al pago de los perjuicios causados. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones al considerar que se configura una falla del servicio a cargo de la entidad demandada dada la falta de previsión por parte del superior del accionante para efectuar la operación que se encontraban desarrollando el día 28 de octubre de 2018, al no tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física de los integrantes de la compañía Dinamarca 06, pues fueron enviados sin el respectivo grupo EXDE, guía canino y pero anti explosivos, necesarios para la detección de campos minados. Se confirma al encontrar que no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias por parte del Comandante de la Escuadra, configurándose la falla del servicio que ocasionó el daño antijurídico, atribuible al Ejército Nacional.

Mina antipersonal04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420180025701REPARACION DIRECTAHUBERNEI ORDOÑEZ CASTRONACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Apelación. Confirma el auto del 14 de septiembre de 2018, mediante el cual se rechazó la demanda por no haberse subsanado dentro del término dispuesto para ello. CASO: La parte actora solicitó en su recurso de apelación que se revoque la decisión de rechazar la demanda argumentando que en el término para subsanar la demanda solicitó la ampliación del plazo ya que no le había sido posible comunicarse con el demandante, y que como ya pudo contactarlo, se permite anexar el poder que le confirió, la constancia de tiempo de servicio del soldado y la copia de la petición elevada ante el Ejército. La Sala confirmó la decisión de primera instancia, al encontrar que en primer lugar, que no es posible ampliar el término concedido por la Ley para subsanar la demanda, y que la parte demandante no subsano la demanda dentro de dicho término.

Rechazo de demanda - por no subsanar la demanda dentro del termino de ley04/04/2019AUTO-Ver
18001333100120080042201REPARACION DIRECTAMARIA EUGENIA RIVERA OME Y OTROSNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª. Instancia. Auto Resuelve Adición Sentencia. Deniega la adición de sentencia. CASO: En cumplimiento a lo dispuesto en fallo de tutela proferido por el H. Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de febrero de 2019, decidió nuevamente los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Administrativo 903 de Descongestión de Florencia, tomando en consideración los argumentos expuestos por el H. Consejo de Estado en el referido fallo, y en consecuencia, se reconoció daño a la vida de relación solo al señor Ciro Rivera, quien fue el accionante dentro del trámite de tutela. El apoderado de la parte actora, solicitó se adicionara la sentencia para que también se reconozca a los demás demandantes, la indemnización que por daño a la vida de relación les había sido reconocida en primera instancia, pues expone que ese reconocimiento conforme a las razones expuestas por el Consejo de H. Estado, ha de extenderse a los demás demandantes. El Tribunal denegó la solicitud, por improcedente, como quiera que la sentencia que se pidió adicionar, se profirió conforme a las razones expuestas en el fallo de tutela, el cual por demás, solamente cobijaba en sus efectos (inter partes) al señor Ciro Rivera, pues no existía modulación (efectos inter comunis) en dicho fallo y por tal no se podían ampliar los efectos fijados por el máximo Tribunal Administrativo.

Solicitud adicion sentencia - improcedente - no se puede ampliar efectos del fallo de tutela - efectos inter partes04/04/2019AUTO-Ver
18001333100120080049501REPARACION DIRECTAROSA ANGELICA MURILLO BARRIOS Y OTROSNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª. Instancia. Niega la Sala la adición de sentencia solicitada por el apoderado de los demandantes. CASO: El apoderado de los demandantes solicitó mediante memorial de fecha 14 de enero de 2019, lo siguiente: “(…) la sentencia debe ser adicionada o aclarada en el sentido de ordenar a la entidad demandada que el fallo que se debe ejecutar de conformidad a lo establecido en los artículos 176, y 177 del Código Contencioso Administrativo, …”. El Tribunal negó dicha solicitud por cuanto el hecho de no haberse ordenado de forma expresa la aplicación de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo no constituye circunstancia que dé lugar a la adición de la sentencia, pues, si bien es usual que se incluya una referencia de los mencionados artículos del Código Contencioso Administrativo en la parte resolutiva de las sentencias, su ausencia no autoriza que se desacate lo allí establecido por el legislador.

Adicion sentencia04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220130030201CONTROVERSIA CONTRACTUALATRIA LTDADEPARTAMENTO DEL CAQUETAPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la decisión adoptada por el a quo, para, en su lugar, conceder las pretensiones de la demanda al hallar probada la violación al debido proceso en los términos del Art. 86 de la Ley 1474 de 2011. CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 000974 del 26 de julio de 2012 “Por el cual se declara el incumplimiento del contrato N° 116 de 2011 y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria” y, la Nº 001531 del 18 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve el recurso de Reposición”. A título de restablecimiento del derecho, se solicita ordenar al Departamento del Caquetá reconocer y pagar a favor de la sociedad comercial ATRIA LTDA, la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS ($19.496.061) correspondiente al monto de la cláusula penal que el ente territorial ordenó compensar de los saldos que resultaron a su favor, luego de haberse efectuado la liquidación unilateral del contrato de obra Nº 116 de 2011. El Juez de Primera Instancia negó las súplicas al hallar probado el incumplimiento del contrato por parte de la actora y al no encontrar acreditada vulneración alguna al debido proceso predicada en el libelo introductorio.

Incumplimiento contractual y clausula penal14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160065901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCESAR GUTIERREZ MARTINEZCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto accedió a las súplicas de la demanda. CASO: Se debate la legalidad del Oficio Nº 0018942 del 30 de marzo de 2016, expedido por CREMIL, por el cual se negó el reajuste de la asignación de retiro al actor, al igual que la del oficio Nº 0032282 del 16 de mayo de 2016 por medio del cual se confirmó la decisión anterior. A título de restablecimiento del derecho, se solicita se condene a la demandada a reajustar la asignación por indebida aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 13.2.1 ibídem, el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, toda vez que se incurrió en error al efectuar el cálculo del valor de la asignación de retiro, al tomar equivocadamente los factores y porcentajes a liquidar, afectando doblemente la prima de antigüedad. Así mismo, se tenga en cuenta el subsidio familiar conforme a la liquidación de los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro. El Juez de primera instancia negó las pretensiones al considerar que no le asiste legitimación en la causa por pasiva a CREMIL sino al Ejército Nacional frente al reajuste del 20%; al liquidársele la prima de antigüedad como lo pretende le sería desfavorable y, el subsidio le viene siendo reconocido como partida computable en la proporción dispuesta en el Decreto 1162 del 24 de junio de 2014, por lo que no accedió a ello.

Reliquidacion asginacion de retiro slp14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120130029501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLEANDRO GUTIERREZNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.:

Confirma la decisión adoptada por el a quo, que declaró la nulidad del acto demandado y ordenó el reintegro del actor, debido a la protección laboral reforzada de que gozan los soldados profesionales disminuidos en su capacidad laboral con ocasión de la prestación del servicio.

CASO:

El debate litigioso versa sobre la declaratoria de nulidad de la Orden Administrativa de Personal No. 1411 del 20 de mayo de 2012, “por medio de la cual se dispuso el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica”. A título de restablecimiento del derecho, se solicita se confirme en forma definitiva la reincorporación del actor que se llevó a cabo mediante fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral No. 2012-00655-01, al igual que se cancelen todos los salarios, prestaciones sociales y gastos de seguridad social dejados de percibir desde que se produjo el retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro. El Juez de Primera Instancia accedió a las súplicas de la demanda, al considerar que en el acto administrativo acusado no se valoraron los criterios laborales y de salud ocupacional, como tampoco de capacidad física o intelectual, de acuerdo a las exigencias expuestas por la Corte Constitucional referentes a la inclusión de las personas con discapacidad, y la búsqueda por todos los medios de brindarles una protección laboral ante la debilidad manifiesta en la que se encuentran.

Retiro soldado por disminucion de capacidad fisica - reintegro21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300220150008401NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOSANDRA MILENA FIERRA SOLORZANO Y OTROSNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.:

Confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda, en cuanto, como lo indica el máximo órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública al fallecer en combate, no les sea reconocida una pensión de sobrevivientes, cuya única finalidad es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.

CASO:

Se debate la legalidad de los actos administrativos: i) Resolución No. 2959 del 16 de junio de 2014 “por medio de la cual se negó la solicitud de pensión sobrevivientes”; ii) Resolución No. 4221 del 26 de agosto de 2014 “por la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución”; suscritos ambos por la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional. A título de restablecimiento del derecho, se solicita se ordene a la demandada reconocer y pagar la pensión vitalicia de sobrevivientes a favor de los accionantes, como beneficiarios únicos, en los términos previstos en el artículo 189, literal D del Decreto 1211 de 1990, a partir del 20 de noviembre de 2001, con la salvedad que respecto los menores de edad no opera la prescripción de acuerdo a los artículos 2530 y 2541 del Código Civil. El Juez de primera instancia concedió las pretensiones, al concluir que el régimen especial contenido en el Decreto 1211 de 1990 le es aplicable a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, calidad que adquirió el extinto soldado voluntario FAVIO RICO RICO cuando fue ascendido póstumamente, lo que lo hace beneficiario de las prestaciones de dicho régimen. Así, al estar demostrado que el señor FAVIO RICO RICO, como soldado voluntario, fue muerto por acción directa del enemigo, que prestó sus servicios por espacio de 5 años y 11 meses, siendo ascendido de manera póstuma al grado de cabo tercero, y al encontrarse también acreditado que los actores ostentan las calidades de compañera permanente e hijos del causante, reconocidos en sede administrativa por la misma entidad accionada como beneficiarios de las prestaciones del militar fallecido, los hace beneficiaros de la pensión pretendida, en los términos del literal a) del artículo 185 del Decreto 1211 de 1990; por lo que tienen derecho a que se les reconozca una pensión mensual, en los términos del literal d) del artículo 189 Ibídem.

Pension sobreviviente21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170009401NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOBRAULIO JOSE CASTRO GALVISNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la decisión adoptada por el a quo para, en su lugar, conceder las pretensiones de la demanda. CASO: El debate litigioso versa sobre la nulidad del Oficio Nº 20163171743971 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER.DIPER-1.10 de fecha 20 (sic) de diciembre de 2016, por el cual se negó el reajuste de la asignación básica mensual y su incidencia en las prestaciones sociales. A título de restablecimiento del derecho, se ordene la reliquidación y pago a favor del actor de su asignación básica mensual y sus prestaciones sociales en calidad de soldado profesional, al ser beneficiario del inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000. El Juez de Primera Instancia negó las súplicas por cuanto no se acreditó la vinculación laboral del actor al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2000.

Reajuste salarial slp 20%21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120130005001GRUPOLINO PALOMARES MUTUMBAJOY Y OTROSMUNICIPIO DE FLORENCIA Y CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORENCIAPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda CASO: Se demanda la responsabilidad administrativa, patrimonial y solidaria del MUNICIPIO DE FLORENCIA y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORENCIA, por los perjuicios morales y materiales que -se afirma- se causaron a las familias demandantes como consecuencia de la omisión en la atención oportuna y eficaz del incendio acaecido el 18 de julio de 2011 en la calle 12ª, barrio El Raicero de esa municipalidad. La Jueza de primera instancia negó las pretensiones al considerar que el actuar de las demandadas se ajustó a derecho, pues Bomberos respondió oportunamente al llamado de emergencia y el Municipio contrató durante la vigencia 2011 los servicios bomberiles por la suma de $280.000.000, por el contrario, lo que halló probado fue que la conflagración se propagó de manera in controlable por el material en que estaban construidas las viviendas –madera-, siendo ello determinante.

Incendio21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120100024601REPARACION DIRECTAJOAO FABIÁN MORALES CASTRO Y OTROS NACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la decisión adoptada por el a quo, que concedió las pretensiones de la demanda, en tanto la lesión que sufrió el señor JOAO FABIÁN MORALES CASTRO se produjo mientras se encontraba prestando el servicio militar, daño que no estaba obligado a soportar, presentándose así un rompimiento del principio de la igualdad frente a las cargas públicas. CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación- Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes, derivados de las afecciones producidas al señor JOAO FABIÁN MORALES CASTRO, mientras se encontraba prestando el servicio militar en el Batallón de Infantería No. 34 “Juanambú”, adscrito a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, con sede en Florencia, Departamento del Caquetá. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones, al hallar probado el daño antijurídico materializado en las lesiones causadas al conscripto se produjo como consecuencia de la prestación de su servicio militar obligatorio, esto es, en estado de conscripción. Lo que resulta suficiente para comprobar el nexo de causalidad entre el daño causado y la imputación que del mismo se hace a la demandada, pues pese a que el conscripto tenía la obligación de prestar el servicio militar, esto no llevaba consigo el padecer lesiones que le afectaran su salud, incumpliéndose de esa forma con el deber que tenía el Estado de devolverlo en las mismas condiciones en que ingresó al servicio militar.

Lesiones a conscripto28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220130080401NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOROSALBA RODRÍGUEZ DEL ALVIRANACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda, en tanto, se acredita que la demandante ROSALBA RODRIGUEZ DE ALVIRA era la madre de crianza del soldado profesional YEISON DAVID ALVIRA RODRIGUEZ, quien para la fecha de la ocurrencia de los hechos dependía económicamente de él, circunstancias que permiten concluir que es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, reconocida por el Ministerio de Defensa mediante Resolución No. 7094 del 19 de septiembre de 2012. CASO: Se debate la legalidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución No. 7094 del 19 de septiembre de 2012, específicamente el artículo 2º y, ii) Resolución No. 0771 del 22 de febrero de 2013, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la actora. A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la demandada reconocer y pagar a su favor todas las mesadas pensionales generadas desde el 30 de julio de 2011 en la cuantía señalada en el artículo 1o de la Resolución No. 7094 del 19 septiembre de 2012, hasta la fecha de notificación de la resolución que reconozca la pensión de sobreviviente, y las que se continúen generando mes a mes en lo sucesivo. El Juez de primera instancia accedió a las pretensiones, al hallar que no existe persona con mejor derecho para reclamar la prestación económica que la madre de crianza; que si bien no figura en el registro civil de nacimiento de YEISON DAVID ALVIRA RODRÍGUEZ como su madre biológica, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional, en aplicación al principio de igualdad, ha hecho extensivos los derechos pensionales a las madres de crianza.

Pension sobreviviente - madre de crianza28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220150083501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOGUSTAVO HERNÁNDEZ ARROYAVENACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Modifica la sentencia de primera instancia CASO: El debate litigioso versa sobre la nulidad de los oficios Nros. OFI 15-9528 MDNSGDAGPSAP de fecha 12 de febrero y OFI 15-26910 MDNSGDAGPSAP de fecha 11 de abril, ambos de 2015, por los cuales se negó el reajuste de la pensión de invalidez al actor. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar dicho reajuste en relación con el 20% sobre la asignación básica y el porcentaje a la partida por prima de antigüedad, conforme a los artículos 1º, inciso 2º, del Decreto 1794 de 2000 y 16º del Decreto 4433 de 2004, respectivamente. La Jueza de Primera Instancia concedió las súplicas por cuanto se acreditó la vinculación laboral del actor al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2000. No obstante, no se pronunció sobre la liquidación de la prima de antigüedad que venía efectuando la demandada y por esa razón, al analizarse dicho aspecto en segunda instancia, se modificó.

Reliquidacion pension de invalidez slp28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170001801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOHORACIO CHÁVEZ MORENONACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de existencia del acto ficto o presunto mediante el cual se negó la solicitud de reajuste pensional por invalidez, conforme a escrito de fecha 31 de marzo de 2015 y su consecuente nulidad. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar el reajuste del 20% sobre la asignación básica y la reliquidación de la prima de antigüedad, conforme a los artículos 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2000 y 16º del Decreto 4433 de 2004, respectivamente, toda vez que se incurre en error al efectuar el cálculo del valor de la pensión de invalidez tomando equivocadamente los factores y porcentajes a liquidar. La Jueza de primer grado accedió a las súplicas al hallar probado que el actor estuvo vinculado como soldado voluntario con antelación al 1 de enero de 2001 y posteriormente, pasó a ser soldado profesional, por lo que le es aplicable el contenido del inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000.

Reliquidacion pension de invalidez slp28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170021701NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOTRINIDAD HORTA QUIROGAUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPPPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de existencia del acto ficto o presunto mediante el cual se negó la solicitud de reajuste pensional por invalidez, conforme a escrito de fecha 31 de marzo de 2015 y su consecuente nulidad. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar el reajuste del 20% sobre la asignación básica y la reliquidación de la prima de antigüedad, conforme a los artículos 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2000 y 16º del Decreto 4433 de 2004, respectivamente, toda vez que se incurre en error al efectuar el cálculo del valor de la pensión de invalidez tomando equivocadamente los factores y porcentajes a liquidar. La Jueza de primer grado accedió a las súplicas al hallar probado que el actor estuvo vinculado como soldado voluntario con antelación al 1 de enero de 2001 y posteriormente, pasó a ser soldado profesional, por lo que le es aplicable el contenido del inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000.

Reliquidacion pension - transicion de ley 10028/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120150066701NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJUAN DE JESÚS GONZÁLEZ CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto accedió a las súplicas de la demanda. CASO: Se debate la legalidad de los oficios Nros. 25386 del 25 de abril de 2014, por el cual se negó el reajuste de la asignación de retiro, y del Nº 32717 del 21 de mayo de 2014, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión inicial. A título de restablecimiento del derecho, se solicita se condene a LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a reajustar la misma, por indebida aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 13.2.1 ibídem y el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, toda vez que se incurrió en error al efectuar el cálculo del valor de la asignación de retiro, al tomar equivocadamente los factores y porcentajes a liquidar, afectando doblemente la prima de antigüedad, así mismo que se incluya el subsidio familiar. La Juez de primera instancia accedió a las pretensiones al considerar que le asiste el derecho al actor de que CREMIL reajuste su asignación de retiro en cuanto al porcentaje del 20% en los términos del inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000 y le liquidarle la prima de antigüedad de manera correcta, es decir, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.

Reliquidacion asignacion de retiro slp 20% y prima de antiguedad28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170069801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOWILLIAM ARTURO PALACIOS CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se confirma la decisión adoptada por el a quo, la cual accedió a las pretensiones del actor. CASO: El debate litigioso versa sobre la nulidad de los oficios Nros. 0009491 del 28 de febrero de 2017 y 0020196 del 24 de abril de la misma anualidad, mediante los cuales la entidad accionada negó el reajuste de la asignación de retiro y se confirmó dicha negativa, respectivamente. A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a la demandada al pago de las diferencias generadas por la reliquidación de la asignación de retiro respecto de la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad como partida computable, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal del retiro, desde la fecha en que le fue reconocido el derecho hasta la inclusión en la mesada pensional. La Juez de primera instancia concedió las súplicas en cuanto concluyó que no existe un criterio razonable, para que se dé un tratamiento jurídico diferente entre los soldados profesionales y el persona del Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en materia pensional, de modo que se justifique por qué para los primeros no se estipuló la duodécima parte de la prima de navidad como partida computable para la asignación de retiro como, en cambio, sí ocurrió para los segundos.

Reliquidacion asignacion de retiro slp duodecima parte prima navidad28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300220160027800NULIDAD SIMPLESAÚL MONTERO GARCÍAESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁNPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

1ª Inst.: Se niega la medida cautelar solicitada por la parte actora en consideración a que la confrontación de la norma legal que se estima violada -Resolución 165 de 2008- se efectuó con relación al procedimiento llevado a cabo por la ESE para adelantar el concurso para la designación del Gerente de la demandada, más no frente a los actos administrativos acusados, a efectos de poder determinar en qué resultan contrarios a la referida norma legal y, por ende, poder decidir si son susceptibles de la medida provisional deprecada. CASO: Se solicita por segunda vez, como medida cautelar la suspensión provisional de los Acuerdos No. 06 y 07 de 2016, expedidos por la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ, al igual que de la convocatoria No. 002 del 24 de junio de 2016, la cual hace consistir en que las publicaciones de la convocatoria No. 002 de 2016 -concurso de méritos para selección de Gerente de Empresa Social del Estado San Rafael de San Vicente del Caguán-, no cumplieron con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 165 de 2008, proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, pues de acuerdo a las constancias que se anexaron al escrito de adición de la demanda, no se respetaron los diez (10) días hábiles mínimos de antelación a la fecha de las inscripciones, como lo establece dicha norma, al señalar: “la invitación deberá ser publicada como mínimo con diez (10) días hábiles de antelación a la fecha de iniciación de las inscripciones”.

Resuelve medida cautelar04/03/2019AUTO-Ver
18001333300220140071201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOHECTOR WILLIAM GARCES POSADANACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Improcedencia del recurso de apelación interpuesto. La providencia recurrida por el apoderado de la parte demandante que resolvió en forma previa el recurso de reposición, no reviste el carácter de apelable, por lo que, en esos términos, el recurso interpuesto no ha debido concederse y, en consecuencia, su conocimiento en segunda instancia resulta improcedente. CASO: El litigio versa sobre la procedencia del recurso de apelación contra la decisión del 13 de abril de 2018, que resolvió reponer la providencia de fecha 23 de febrero de 2018, por medio de la cual se concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, la declaró en firme. La juez de primer grado, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto que resolvió el recurso en vía de reposición.

Declara improcedente apelacion26/03/2019AUTO-Ver
18001333100120170030001REPARACION DIRECTADIANA PATRICIA PERDOMO Y OTRONACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTROPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Improcedencia del recurso de apelación interpuesto. La decisión recurrida no decidió sobre la excepción propuesta, pues resolvió diferir su estudio para el momento de proferir la sentencia, razón suficiente para rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Unidad Nacional de Protección. CASO:El litigio versa sobre la declaratoria de responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección – UNP, por los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes como consecuencia de la omisión en brindar medidas de protección al señor LUIS ANTONIO PERALTA CUELLAR (QEPD), asesinado el 14 de febrero de 2015. La juez de primer grado, en audiencia inicial, en cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la entidad demandada, resolvió diferir su estudio para el momento de emitir el fallo de primera instancia al considerar que, tal y como había sido planteada por la entidad demandada, se trataba de la legitimación material en la causa, la que constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, por lo que su estudio y análisis debía realizarse al momento de proferir la sentencia.

Rechaza por improcedente apelación contra auto que difirió el estudio de excepción en audiencia inicial26/03/2019AUTO-Ver
18001334000320170012001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOMILTON ORLANDO CUELLAR GUTIERREZ NACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la decisión de primera instancia que decretó la suspensión provisional del acto acusado – Orden Administrativa de Personal No. 2110 del 22 de agosto de 2016 “por medio de la cual se dispuso el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica”-, en tanto, que, la entidad demandada, previo a disponer sobre la separación del actor, le correspondía verificar si era posible su reubicación en un nuevo cargo o actividad, ya fuera de naturaleza administrativa, de docencia o instrucción, pues si bien no era viable que siguiera desempeñándose como soldado profesional, dicho análisis se imponía, y solo en el evento que ello no fuera factible, entonces sí proceder a separarlo del servicio, más no antes. CASO: El litigio versa sobre la legalidad de la Orden Administrativa de Personal No. 1411 del 20 de mayo de 2012, “por medio de la cual se dispuso el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica”. La juez de primer grado, consideró que resulta inconstitucional la aplicación del artículo 10 del decreto 1793 de 2000, si se tiene en cuenta las obligaciones constitucionales, legales e internacionales del Estado Colombiano de propender de manera especial por el goce real y efectivo de los derechos de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta, por lo que debió procurarse en favor del señor MILTON ORLANDO CUELLAR GUTIÉRREZ su inclusión social garantizando su derecho a la estabilidad laboral reforzada; considerando censurable la actitud asumida por el Ejército Nacional al retirarlo de manera definitiva del servicio, teniendo como sustento su disminución psicofísica.

Apelacion decreto medida cautelar26/03/2019AUTO-Ver
18001333300120180017201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOGLORIA LUZ TABARES CASTAÑEDADEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Y OTROPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la decisión de primera instancia mediante la cual se rechazó la demanda, en tanto que, la legalidad del acto acusado -Resolución No. 603 del 17 de julio de 2015- no puede ser analizada por vía judicial, pues en su contenido -se reitera- no se evidencian hechos que creen, modifiquen o extingan derechos a la parte demandante, por lo que es menester colegir que el mismo es un simple acto de ejecución y en razón a dicha circunstancia no puede ser objeto de control judicial. CASO: El litigio versa sobre la legalidad de Resolución No. 603 del 17 de julio de 2017, por medio de la cual se ejecutó una sanción disciplinaria impuesta a unos auxiliares del área de la salud de la ESE SOR TERESA ADELE. A título de restablecimiento del derecho se solicita se ordene su reintegro al cargo de auxiliar del área de la salud o a otro similar de igual categoría, al igual que el pago de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir desde que se produjo su retiro hasta cuando sea efectivamente reintegrada. El juez de primer grado, indicó que la Resolución No. 603 del 17 de julio de 2017 es un mero acto de ejecución, en tanto la administración no realizó una manifestación expresa de voluntad encaminada a producir efectos jurídicos diferentes, si se tiene en cuenta que no se generó una nueva decisión administrativa que creara, modificara o extinguiera una situación jurídica, sino que solamente se limitó a dar cumplimiento al fallo disciplinario proferido por la Directora del Grupo de Control Interno Disciplinario de la ESE SOR TERESA ADELE el 15 de junio de 2016, el cual fue confirmado el 8 de julio del 2016 por el Gerente de la ESE SOR TERESA ADELE.

Acto de ejecucion no es suceptible de control29/03/2019AUTO-Ver
18001334000420160084201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOALEJANDRO QUINTERO RENTERÍA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la decisión de primera instancia en cuanto declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Caquetá, pero por las razones expuestas en esta instancia. CASO: El litigio versa sobre la legalidad de las decisiones proferidas dentro del trámite de un proceso de responsabilidad fiscal radicado bajo el número 736, adelantado por la Contraloría Departamental del Caquetá en contra del actor, quien fue declarado responsable fiscalmente. La juez de primer grado, en audiencia inicial, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Caquetá, aduciendo que no existe claridad sobre la falta de interés en las resultas del proceso en cabeza del ente territorial, comoquiera que quien tiene la capacidad jurídica en este asunto es precisamente Departamento del Caquetá y, aunque la ley le otorga a los contralores facultad de representación judicial, ello no obsta para que sea vinculado y haga parte del presente asunto.

Niega excepción de falta de legitimación29/03/2019AUTO-Ver
18001333501120160042101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSÉ HERNEY JIMÉNEZ GUZMÁN NACION-MINDEFENSA NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Modifica la decisión adoptada por el a quo, la cual accedió parcialmente a las súplicas de la parte actora. CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de nulidad del OFI16-69754 MDNSGDAGPSAT de fecha 5 de septiembre de 2016, por el cual se negó el reajuste de la pensión de invalidez del soldado profesional actor. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar dicho reajuste en relación con el 20% sobre la asignación básica y el porcentaje de la partida prima de antigüedad, conforme a los artículos 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2000 y 16º del Decreto 4433 de 2004 sin afectarla doblemente. La Juez de primera instancia concedió el reajuste en el equivalente al 20% de la asignación básica y su incidencia en la prima de antigüedad así como los porcentajes de la respectiva liquidación, también ordenó el reajuste de las demás prestaciones tales como: la prima de antigüedad, servicio anual, vacaciones y navidad, así como el subsidio familiar, las cesantías y lo que debía percibir como soldado profesional; aspecto éste que no fue objeto de demanda ni siquiera de reajuste en sede administrativa.

Sustitucion pension gracia04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333175220140005101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCLAUDIA LORENA TORRES TOVARUNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPPPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia en cuanto accedió a las súplicas de la demanda. CASO: Se debate la legalidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución No. RDP 011555 del 8 de marzo de 2013, por medio de la cual se negó la solicitud de pensión de sobrevivientes; ii) Resolución No. RDP 020544 del 6 de mayo de 2013, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución; iii) Resolución No. RDP 023075 del 21 de mayo de 2013, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo; todos suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. A título de restablecimiento del derecho, solicita se le reconozca y pague la pensión mensual vitalicia de sobrevivientes a la que considera tener derecho con ocasión del fallecimiento de su padre, ordenando, además, el reconocimiento y pago de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas, el pago de las mesadas debidamente indexadas de acuerdo al índice de precios al consumidor expedido por el DANE y finalmente que las sumas causadas devengarán los intereses previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y se ejecutará en los términos del mismo artículo. El Juez de primera instancia accedió a las pretensiones, como quiera que de lo probado en el proceso se puede colegir que la señora CLAUIDA LORENA TORRES TOVAR reúne las condiciones para acceder al beneficio pensional reclamado, consagradas en el Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988, a saber: (I) demostrar el grado de parentesco referido, esto es, ser hija del pensionado fallecido; (II) acreditar la inexistencia de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho del pensionado fallecido; (III) ostentar la condición de inválida y, (IV) haber sido económicamente dependiente del causante.

Reliquidacion pension de invalidez slp04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420170001901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHONOREICY YESENIA VELASCONACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ra Instancia: De manera oficiosa declaró no probada la excepción de prescripción de las mesada pensionales, declaró la existencia y configuración del silencio administrativo negativo, así como su nulidad; y a título de restablecimiento del derecho, ordenó al Ejército Nacional que expidiera un nuevo acto donde reconociera a favor de JAIME PERDOMO (Q.E.P.D) la calidad de ascenso póstumo al grado superior, y reliquide la pensión de sobreviviente en los términos del literal c) del artículo189 del Decreto 1211 de 1990. CASO: Soldado profesional que pierde su vida por acción directa del enemigo, el pasado 06 de mayo de 2006, por tal, razón se le reconoció pensión de sobreviviente a favor de la compañera permanente e hijos en los términos del Decreto 1211 de 1990. La Sala analizó la oportunidad para proponer excepciones, aclarando que las mismas se deben formular durante el traslado de la demanda y resolverse en audiencia inicial; además de ello, analizó la configuración del silencio administrativo negativo frente a la petición de ascenso póstumo, pues para desconocer la autenticidad de las pruebas, la entidad debió tachar de falsa la misma. 2da Instancia: Confirma.

Reliquidación pensión de sobreviviente (ascenso póstumo)04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420150041601NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOGRICELDA RONCON DE FIGUEROA Y OTRONACION-MINDEFENSA NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ra Instancia: De manera oficiosa declaró no probada la excepción de prescripción de las mesada pensionales, así como la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se negó la pensión de sobreviviente a favor de los padres del soldado JULIO RODRIGO FIGUERA (Q.E.P.D), y ordenó reconocer la pensión de sobreviviente a partir del 05 de diciembre de 2010, en los términos de los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993. CASO: Soldado que muere el pasado 06 de diciembre de 2000 en servicio. A los padres se les reconoció la compensación por muerte y se les negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, bajo el argumento de que el Decreto 2728 de 1968 no contempla tal prestación. La Sala analizó dio aplicación a la sentencia de Unificación SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018, y concluyó que era procedente el reconocimiento de la prestación reclamada, bajo el amparo de la Ley 100 de 1993, al encontrar que la muerte ocurrió en su vigencia y además de ello, contaba con el mínimo de las 26 semanas de cotización. 2a Instancia: Confirma.

Retiro discrecional04/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333190120150006301NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOFABIAN AGUDELO HERNÁNDEZ NACION-MINDEFENSA NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El señor Fabian Agudelo Hernández, prestó sus servicios profesionales en el Ejército Nacional por espacio de 11 años, 4 meses y 7 días, percibiendo la partida de subsidio familiar que al momento del retiro equivalía al 62,5% de la asignación básica, por Resolución No. 3843 del 11 de diciembre de 2008, el Ministerio de Defensa Nacional, le reconoció una pensión de invalidez al libelista, sin tenerle en cuenta la partida de subsidio familiar. 1ª Inst.: El fallador de primera instancia accedió a la pretensiones de la demanda al determinar que aun cuando la normativa que rige el régimen prestacional de las fuerzas militares reconocen el derecho al subsidio familiar solo respecto de la asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales dejando por fuera a los soldados profesionales, lo cierto era que ello vulneraba el derecho a la igualdad garantizado en el13 de la Constitución Política.. 2ª Inst.: En esta instancia confirma la decisión de primer grado, esencialmente por que se constató el trato desigual plasmado en la no inclusión del subsidio familiar para efectos de liquidar la pensión de invalidez al demandante -Soldado Profesional- y quien tiene una remuneración inferior frente a los Oficiales y Suboficiales, para quienes sí se les tiene en cuenta tal partida para liquidar su pensión de invalidez, como lo prevé el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, circunstancia que no efectiviza los principios y derechos constitucionales que inspiran la fórmula de Estado Social de Derecho, fundado en la igualdad y solidaridad, al no existir un criterio razonable que justifique que en servicio activo sea percibida y al momento de liquidar la pensión de invalidez no, máxime cuando son los soldados profesionales el eslabón más débil en términos salariales al interior de la entidad castrense, condenando en costas a la parte apelante..

Inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro por invalidez11/04/2019SENTENCIA-Ver
18001233100120100029900REPARACION DIRECTACARMEN JUDITH GOMEZ HIDALGONACION-RAMA JUDICAL-FISCALIA GENERAL DE LA NACION-DASLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El día 11 de julio de 2005, el hijo de la actora Jairo Mauricio Bernal Gómez, se encontraba en las instalaciones del DAS- Cali, tramitando la expedición de su certificado de antecedentes judiciales, cuando le informaron que estaba siendo requerido por el Juzgado Promiscuo de Puerto Rico-Caquetá mediante orden de captura por el delito de rebelión y desplazamiento forzado siendo detenido y puesto a disposición de dicha autoridad, quien lo envió a la Cárcel del Distrito Judicial de Cali “Villahermosa” donde estuvo recluido por doce (12) días, desde el 11 de julio hasta el 22 de julio de 2005. Posteriormente por auto interlocutorio No. 0145 del 19 de julio de 2005, el Juzgado Penal del Circuito del citado municipio, ordenó su libertad, reconociendo en su sentir “la falla en el servicio por error judicial”. 1ª Inst: En esta instancia judicial se decide acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, reconociendo solamente perjuicios morales, ello por cuanto siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional vertida en la sentencia SU-072 de 2018 y la reorientación por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado de su posición sobre la privación de la libertad como medida preventiva que luego es levantada, mediante sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, se logró establecer que el señor BERNAL GÓMEZ fue privado injustamente de su libertad por error, en principio, imputable al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- consistente en confundir las tarjetas dactilares de un homónimo de la persona contra la cual se dirigían las diligencias penales, con base en la cual la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN profirió orden de captura. Esa situación, fue verificada por el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Rico –Caquetá-, que llevó a declarar la nulidad parcial de lo actuado en el proceso penal respecto de la víctima directa al considerar que no se justificaba y atentaba contra los derechos fundamentales mantener privado de la libertad a alguien de quien aparecía claro no era la persona requerida por la justicia.

Privación injusta de la libertad.11/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120170023701EJECUTIVOSEMILSE ROJAS AUDORMUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUANLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: La demandante pretende el cumplimiento absoluto de las órdenes judiciales impartidas por esta Jurisdicción, habida cuenta que pese a haberse ordenado su reintegro y el pago de todos los haberes dejados de cancelar hasta el reintegro, el Municipio ha hecho caso omiso y no ha dado cumplimiento. El a quo ordenó seguir adelante con la ejecución, declarando la no prosperidad de la excepción de pago parcial, por considerar que los dineros recibidos por la demandante de otras entidades del orden público, no pueden ser concebidos como pago, por cuanto ello no fue objeto de decisión por el Juez de Conocimiento 2ª Inst: Se confirma la decisión de seguir adelante con la ejecución, por considerar que el Juez de Ejecución no puede modificar el título ejecutivo, y mucho menos efectuar descuentos no contemplados en el título base de recaudo.

Ejecutivo – Excepción de pago parcial por haber recibido otros emolumentos de carácter laboral, de parte de entidades públicas11/04/2019SENTENCIA-Ver
1800133330022012000301REPARACION DIRECTAMARIA EDILMA RIVERA Y OTROSCLINICA MEDILASER Y OTROSLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los demandantes pretenden que las entidades les reparen por la muerte del señor Aldemar Sánchez Tamayo, quien falleció por un accidente cerebro vascular en la Clínica Mediláser, luego de haber ingresado en repetidas ocasiones por diferentes dolencias, en virtud de las cuales fue inyectado y adquirió una bacteria que –según afirmaron- derivó en su muerte. El a quo negó las pretensiones de la demanda por no encontrar relación entre la muerte por accidente cerebro vascular, y las lesiones que por virtud de la Klebsiella adquirió el señor Sánchez Tamayo. 2ª Inst: Se confirma la decisión de primera instancia, pues a juicio de la Sala la muerte del señor Sánchez Tamayo no se derivó de la infección Klebsiella-, aunado al hecho que los médicos de la Clínica Medilaser dieron aplicación a los protocolos de urgencia y tratamientos médicos propios de la patología, por lo cual, en los informes periciales se enfatizó que no existía negligencia atribuible al personal médico de dicha Entidad.

Falla médica – Ruptura del nexo causal.11/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220130109601REPARACION DIRECTALEIDY CAROLINA COLLAZOS CABRERA Y OTROSMUNICIPIO DE FLORENCIALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El 16 de diciembre de 2011, la señora Leidy Carolina Collazos Cabrera, se desempeñaba en provisionalidad como sustanciadora del Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia, devengando un asignación salarial de $ 1.800.000 mil pesos, en esa misma fecha, siendo aproximadamente las 9:00 a.m, se dirigía en una motocicleta hacía el norte de la ciudad por la calle 6 No. 13-09, cuando de repente se vio obligada a esquivar uno de los tanto huecos existentes en las calles del Municipio de Florencia, y al hacerlo, se accidentó sufriendo graves heridas.Se aseguró, que en dicho sector no había ninguna clase de señalización que indicara la existencia de ese obstáculo que se encontraba sobre el costado derecho de la vía. En razón de lo anterior, se vio avocada a varios procedimientos médicos que le produjeron una pérdida de capacidad laboral del 26.50%. 1ª Inst.: El fallador de primera instancia accedió a la pretensiones de la demanda, en consideración a que se reunieron los tres elementos configurativos de la responsabilidad patrimonial del estado, esto es, el daño concretizado en las lesiones que padeció la víctima directa como consecuencia del accidente, y la imputación y nexo de causalidad, exteriorizado en la omisión de la entidad en su deber de mantenimiento y conservación de las vías, situación que se agravó al no contar con ningún tipo de señalización. Accedió a reconocer perjuicios morales, daño a la salud, alteración a las condiciones de existencia, lucro cesante consolidado y futuro, condenando en costas y agencias en derecho a la parte vencida, las primeras siempre y cuando quedaran acreditadas. 2ª Inst.: En esta instancia confirma la decisión de primer grado, esencialmente por que se constató que el hecho dañoso ocurrió por la conducta omisiva de la administración municipal, toda vez que, pese a tener a su cargo el deber de tomar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de esta clase de accidentes a través de la reparación de los daños, la remoción de los obstáculos o, por lo menos, la instalación de avisos preventivos sobre la existencia de un factor riesgo sobre la vía, nada hizo al respecto, siendo su obligación atender la adecuada utilización de la malla vial y no esperar a que sucediera el hecho dañoso, para procurar su mantemiento, cuando conocía el deber legal que le correspondía. Así mismo se confirmó el reconocimiento de los perjuicios declarados por el fallador de instancia, dejando de condenar en costas y agencias en derecho en esta instancia judicial a las partes.

Accidente de tránsito por mal estado de vía municipal y precaria señalización-falla en el servicio.25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170000201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOARMANDO RAMÍREZ ARENAS Y OTROS NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.LUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los demandantes ingresaron al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio, y una vez concluida dicha etapa, manifestaron su deseo de vincularse como Soldados Voluntarios, devengando como asignación básica un salario mínimo incrementado en un 60%. No obstante, el 1 de octubre de 2003 la Fuerza Pública los incorporó como Soldados Profesionales, desmejorando su asignación básica a la de un salario mínimo incrementado en un 40%, con el consecuente impacto en sus prestaciones económicas. Por tal razón, pretenden el pago de las diferencias salariales existentes entre lo devengado y lo que debían devengar, así como el reajuste de las prestaciones sociales a que tienen derecho. 1ª Inst.: El fallador de primera instancia accedió a la pretensiones de la demanda, respecto de José Antonio Moreno Candelo, por haber sido respecto de quien se probó su ingreso al Ejército Nacional, antes del 1 de enero de 2000, negando las demás pretensiones de la demanda. 2ª Inst.: En esta instancia se modifica la decisión de primera instancia, accediendo a las pretensiones respecto de los señores Armando Ramírez Arenas y Germán Zapata Martínez, en aplicación de la Sentencia de Unificación existente en la materia, y en atención al material probatorio aportado en esta Instancia.

Reajuste 20% de asignación básica, y prestaciones sociales.25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333390220150006601REPARACION DIRECTAANGEL MARÍA ANTURÍ CASTAÑONACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.LUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El señor Ángel María Anturí Castaño fue víctima de una mina antipersonal, con ocasión de lo cual sufrió amputación de la mano izquierda, y varios dedos de la mano derecha, por lo cual pretende el pago de perjuicios morales y materiales. 1ª Inst.: El fallador de primera instancia accedió a la pretensiones de la demanda, al encontrar probado que la Entidad demandada incumplió la convención de Ottawa y que la mina antipersonal había sido sembrada para atentar contra miembros del Ejército Nacional, que con regularidad acampaban en la zona. 2ª Inst.: En esta instancia se confirma la decisión de primera instancia, en aplicación de la sentencia de unificación existente sobre el tema, en atención al hecho que en el lugar donde sucedió la explosión de la mina, regularmente había presencia del Ejército Nacional.

Explosión de mina antipersonal – Artefacto sembrado para atacar a miembros del Ejército Nacional25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220130056201REPARACION DIRECTADAGOBERTO NARVÁEZ TOVAR Y OTROS NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.LUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda, se circunscriben a que el 14 de junio de 2011 - cerca de las 6:00 am-, el señor Dagoberto Narváez Tovar se movilizaba en un bus de servicio público de la empresa Transyarí, en la ruta San Vicente del Caguán – Florencia, cuando al llegar al kilómetro 96 –en jurisdicción de Puerto Rico-, grupos subversivos que operaban en la zona activaron varios explosivos contra personal uniformado del Batallón Cazadores, y contra el automotor en el cual se movilizaba el aquí demandante, quien recibió graves lesiones corporales 1ª Inst.: El a quo, mediante sentencia del 31 de enero de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al evidenciar que –bajo el título de imputación de daño especial-, las lesiones físicas y la pérdida de la capacidad laboral del señor Dagoberto Narváez Tovar, fueron causadas por esquirlas, en momentos en que se presentaba una confrontación entre miembros del Ejército Nacional y un grupo subversivo. 2ª Inst.: En esta instancia confirma la decisión de primer grado, esencialmente por que se constató que el hecho dañoso ocurrió por la conducta omisiva de la administración municipal, toda vez que, contrario a lo afirmado por el extremo pasivo en esta demanda, el ataque en el cual resultó lesionado el señor Dagoberto Narváez Tovar, no iba exclusivamente dirigido a la población civil, sino a miembros del Ejército Nacional, que se movilizaban en la misma vía y al mismo tiempo que el hoy demandante.

Accidente de tránsito por mal estado de vía municipal y precaria señalización-falla en el servicio.03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170020901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJEHOVANY VARGAS CARDOSONACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.LUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El demandante ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio, y una vez concluida dicha etapa, manifestó su deseo de vincularse como Soldado Voluntario, devengando como asignación básica un salario mínimo incrementado en un 60%. No obstante, el 1 de octubre de 2003 la Fuerza Pública lo incorporó como Soldado Profesional, desmejorando su asignación básica a la de un salario mínimo incrementado en un 40%, con el consecuente impacto en sus prestaciones económicas. Por tal razón, pretende el pago de las diferencias salariales existentes entre lo devengado y lo que debían devengar, así como el reajuste de su auxilio de cesantías. 1ª Inst.: El fallador de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por no haberse probado su ingreso al Ejército Nacional, antes del 1 de enero de 2000. 2ª Inst.: En esta instancia se revoca la decisión de primera instancia, accediendo a las pretensiones del líbelo demandatorio, en aplicación de la Sentencia de Unificación existente en la materia, y en atención al material probatorio aportado en esta Instancia.

Reajuste 20% de asignación básica, y prestaciones sociales.03/05/2019SENTENCIA-Ver<
18001333300220120038601REPARACION DIRECTAEDNA YINET ORTIZ GRANADOS Y OTROSNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL.LUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda, se circunscriben a que el 23 de noviembre de 2010, varios miembros de la columna Teófilo Forero de la guerrilla de las FARC, atacaron con granadas y ráfagas de fusil a personal de la Policía Nacional, cuando estos intentaban comprar un interruptor de la electrobomba de la Estación de Policía de Puerto Rico - Caquetá, resultando muerto el entonces patrullero Jesús Alberto Rivera González. 1ª Inst.: El fallador de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la muerte del señor Rivera González, fue consecuencia de la concreción del riesgo propio al cual se someten quienes ingresan voluntariamente a las Fuerzas Militares. 2ª Inst.: En esta instancia se revoca la decisión de primera instancia, al haberse evidenciado una falla en el servicio, consistente en que el Comandante de la Estación de Policía sabía de la misión encomendada a la Patrulla a de la cual hacía parte el occiso –esto es, ir a comprar un repuesto para la motobomba del centro Policial-, por lo cual, resultaba a todas luces imprudente que conociendo la complicada situación de orden público, los poligramas, las órdenes impartidas y las amenazas existentes, se hubieren contrariado todas las recomendaciones, y se hubiere enviado una patrulla i) sin comandante, ii) en vehículo policial –y no a pie, como decía la instrucción-, iii) con un número de unidades inferior a las recomendadas –pues en caso de haber sido 8, 10 o 12, al final solo se enviaron 6 hombres-, y iv) sin el más mínimo atisbo de planeación u organización del desplazamiento.

Artefacto sembrado para atacar a miembros del Ejército Nacional.03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300320170060501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOEVDER RAFAEL MATEUS LIZCANONACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL.NESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Apelación. Confirma el auto del 11 de marzo de 2019, mediante el cual se declaró probada de oficio la excepción de prescripción extintiva y se ordena la terminación y archivo del expediente. CASO: La parte actora solicitó en su recurso de apelación que se revoque la decisión de declarar probada la excepción de prescripción extintiva argumentando que lo que se discute en el proceso no es el derecho a la indemnización, que se reconoció en 2004, ni el derecho al reajuste que se reconoció en 2016, sino a la indexación de este, pues el pago se hizo 14 años después de cuando debió hacerse y que el término prescriptivo corre desde la exigibilidad de la obligación, que para el presente caso comenzaría a contabilizarse cuando nace el derecho a reclamar la indexación, esto es: desde la expedición de la Resolución No. 1039 de 2016 en la que se hizo el reajuste sin actualización, y que, por ende, al momento de la demanda solo habían pasado 11 meses y 12 días. La Sala confirmó la decisión de primera instancia, al encontrar que la posibilidad de reconocer el derecho a la indexación exige la concurrencia de unos presupuestos sustanciales, uno de los cuales es la existencia del derecho cuya actualización se pide, que falta en este caso por haber prescrito.

Excepcion- prescripcion extintiva.11/04/2019AUTO-Ver
18001333300120130003601REPARACION DIRECTAMARTHA VIVIANA GUEVARA Y OTROSNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.NESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª. Inst.: Confirma sentencia mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo de Florencia accedió a las pretensiones de la demanda. CASO: Los demandantes solicitan se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios causados con las lesiones sufridas por el señor JUAN CARLOS GUEVARA SÁNCHEZ durante la prestación del servicio militar, y se condene al pago de los perjuicios. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones al considerar que el daño se produjo durante la prestación del servicio militar obligatorio, esto es, mientras su integridad física se encontraba bajo la guarda del Ejército Nacional, incumpliéndose de esta forma con el deber que tiene el Estado de devolver a los conscriptos en las mismas condiciones en que ingresaron al servicio militar y rompiéndose para el caso en concreto el equilibrio frente a las cargas públicas. Se confirma la sentencia de primera instancia al encontrar que concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de los daños sufridos por los demandantes bajo el título jurídico de imputación de daño especial, teniendo en cuenta que el soldado resultó lesionado como consecuencia de una caída en desarrollo de actividades cuya ejecución se le había impuesto, precisamente, en atención a su condición de conscripto.

Lesiones-conscripto.11/04/2019SENTENCIA-Ver
18001233300120180007300NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHORUBIELA LUGO ORTIZDEPARTAMENTO DEL CAQUETÁNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª. Inst. Condena al Departamento del Caquetá al pago a favor de la demandante de la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004. CASO: La demandante solicitó se declarará la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 006910 de 22 de noviembre de 2017, suscrito por la asesora jurídica del Gobernador del Departamento del Caquetá, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, y en consecuencia a título de restablecimiento del derecho solicitó se ordenará a la entidad demandada reconocer y pagar esa indemnización, junto con los intereses de mora causados, y que se declare que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio desde el 1 de abril de 1987-fecha vinculación laboral- hasta el 31 de mayo de 2017-fecha terminación proceso de liquidación del Instituto Departamental de Salud del Caquetá –IDESAC. Se accedió a las pretensiones de la demanda, como quiera que dentro del proceso quedó plenamente acreditado que la actora nunca perdió sus derechos de carrera administrativa, pues aunque se ordenó la supresión de su empleo público, formalmente nunca existió desvinculación de la funcionaria con la entidad, pues dentro del proceso de supresión, el nominador determinó que ella ostentaba una condición de salud que le otorgaba especial protección, por lo que su desvinculación solo se produjo cuando terminó definitivamente el proceso de liquidación de la entidad. En consecuencia, en ese momento final (que es en el que tiene lugar la efectiva supresión de su cargo) la administración debió haber agotado el trámite administrativo contemplado en el Decreto No. 760 de 2005, es decir: haberle ofrecido la opción legalmente establecida en el sentido de ser incorporada a un cargo de iguales condiciones al que ocupaba, en la planta de personal de la entidad que asumió la funciones de la extinta, o de recibir la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, para que ella, dentro de los cinco días siguiente a la comunicación, ejerciera su derecho de opción. Así las cosas, como quiera que le entidad no agotó dicho procedimiento en los términos contemplados en la Ley, para la Sala, el acto administrativo objeto del presente asunto, se encuentra viciado de nulidad al pretermitir la aplicación de las normas legales a que debía sujetarse, y en consecuencia por ello se accedió a las pretensiones de la demanda.

Derechos de carrera-indemnizacion articulo 44 ley 909 de 2004.11/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300020190003500TUTELASOENER MARIN RUIZOFICINA DE APOYO JUDICIAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª. Instancia. Declara la carencia actual de objeto por hecho superado. CASO: La actora solicitó protección a su derecho fundamental de petición que – considera- está siendo desconocido por las demandadas dado a que no le ha sido resuelta la solicitud radicada ante esa entidad el 18 de febrero de 2019. El Tribunal declaró la carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto la Secretaría del Tribunal de Atlántico durante el trámite de la acción dio respuesta de manera congruente con lo solicitado a la actora, y a la vez allegó certificación de envió por correo certificado de la misma a la dirección de notificaciones dada por la actora.

Proteccion del derecho fundamental de peticion.08/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120190007201TUTELAADRIANA
PATRICIA SANCHEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENANESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Instancia. Confirma mediante sentencia complementaria, el fallo impugnado. CASO: La actora solicitó pronunciamiento del Tribunal sobre la impugnación que dijo haber interpuesto, y adjuntó copia de su texto, con constancia de recibo. El Tribunal confirmó mediante la presente sentencia complementaria, el fallo impugnado indicando que la orden emitida por el a quo en primera instancia conducente a hacer valer oportunamente sus derechos al debido proceso, a la igualdad y otros, surtió sus efectos en cuanto a la verificación de la primera calificación efectuada, y por tanto no podía el a quo ni puede esta instancia, incursionar en el campo competencial de la administración impartiendo la orden que pretende la demandante. Agregó que la demandante tiene a su disposición otros mecanismos de defensa judicial mediante los cuales puede proveer la protección a sus derechos.

Proteccion a los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, seguridad juridica, al trabajo y a la dignidad humana.10/04/2019SENTENCIA-Ver
18001233300220170023800NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOOSCAR HUMBERTO DAZA OSORIOCAJA DE SUELDO DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASURPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

1ª Inst.: Se tiene por desvirtuada la presunción de legalidad del acto demandado, por lo que se declaró su nulidad en tanto denegó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del actor, ordenando a título de restablecimiento del derecho su reconocimiento en los términos del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de nulidad del Oficio Nº. E-01524-2016002687 de fecha 31 de octubre de 2016, proferido por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL CASUR, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del actor. A título de restablecimiento del derecho solicita se ordene su reconocimiento en los términos del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. Considero la Sala, que conforme al régimen de transición que se establece en la Ley 923 de 2004, el señor OSCAR HUMBERTO DAZA OSORIO es destinatario de las pautas consignadas en el Decreto 1212 de 1990 -norma vigente al 30 de diciembre de 2004- que regulaba el reconocimiento de la asignación de retiro; ello en atención a que su ingreso como oficial de la Policía Nacional fue a partir del 18 de enero de 1998, es decir antes del 30 de diciembre de 2004. En ese contexto, como el actor se encontraba en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, no se le podía exigir un tiempo de servicios superior a 15 años para acceder a la asignación de retiro. Ahora bien, es de observar que si bien el demandante, quien estuvo vinculado como integrante del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, fue retirado del servicio en forma absoluta por destitución, causal que no se encuentra enlistada expresamente dentro del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 como aquellas que den lugar al reconocimiento de la asignación de retiro, estima la Sala que la figura de la destitución puede enmarcarse o asimilarse a la causal de mala conducta, entendida como una causal de separación absoluta del servicio, como quiera que el acto administrativo por medio del cual se retiró del servicio al demandante, provino de la ejecución de una sanción disciplinaria a él impuesta, siendo un hecho indicador de que la destitución del servicio se dio por una mala conducta.

Asignaicon de retiro10/04/2019AUDIENCIA INICIAL CON FALLO-Ver
18001333300220160023901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOHERNÁN RAMIRO ZAPATA HENAO NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar, deniega las súplicas de la demanda. CASO: Se debate la legalidad del oficio Nº 20155660830451 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-NOM del 31 de agosto de 2015, mediante el cual se le negó el reajuste salarial y los haberes desde el 1 de enero de 1999, así como la del oficio Nº 20155660955761 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-NOM del 5 de octubre de 2015, a través del cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto en contra del acto anterior. A título de restablecimiento del derecho se solicita se ordene a favor del demandante reliquidar el sueldo básico y los haberes correspondientes desde el 1 de enero de 1999 y hasta su retiro del servicio en la entidad castrense con base en el IPC. De igual forma, que se expida una nueva hoja de servicios en donde se incluya el sueldo básico y demás factores prestacionales con el respectivo reajuste y sea remitida a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para la respectiva reliquidación de la asignación de retiro. La jueza de primera instancia concedió las pretensiones al considerar que el salario de los empleados públicos deben ser reajustados anualmente en un porcentaje no inferior al IPC del año inmediatamente anterior, lo cual fue desconocido por la entidad demandada al resolver la petición elevada por el demandante a través de los actos administrativos demandados, decisiones administrativas que afectan el mantenimiento del poder adquisitivo del salario. Esta Corporación por su parte, con fundamento en la reciente sentencia del Consejo de Estado sobre el tema -Radicado Nº 25000234200020130474801, con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez-, concluyó que resulta improcedente acceder a las pretensiones del actor, toda vez que los incrementos efectuados a su asignación básica en los años 1997 a 2004, específicamente, fueron realizados conforme a los lineamientos contenidos en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, pues al personal en actividad se le efectúa el reajuste de su salario de conformidad con la escala gradual porcentual distinto a como acontece para calcular las asignaciones de retiro para lo cual se basa en el principio de oscilación, manteniendo el equilibrio entre los incrementos efectuados al personal activo y los realizados al personal retirado que disfrutan de una pensión o asignación de retiro.

Reajustes sueldos por IPC11/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160100601NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCARLOS ANDRADE ABONIA MORALESNACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Modifica la sentencia de primera instancia que accedió a las súplicas del actor. CASO: Se debate la legalidad de los oficios Nros. OFI16-19326 MDNSGDAGPSAP del 18 de marzo de 2016 y 20165660418741 MDN-CGFM-COEJEC-CEJEM-JEDEH-DIPER-NOM-1.10 del 8 de abril de 2016, por los cuales se negó el reajuste de la pensión de invalidez. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar dicho reajuste en relación con el 20% sobre la asignación básica, al igual que se reajuste la prima de antigüedad, conforme a los artículos 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2000 y 18 del Decreto 4433 de 2004, y se incluya en la respectiva liquidación el subsidio familiar. La jueza de primera instancia concedió las pretensiones al considerar que en efecto le asiste derecho al actor de obtener el reajuste salarial pretendido equivalente a un salario mínimo más el 60% fundamentándose en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda- Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez, del 25 de agosto de 2016, radicado No. 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15) CE-SUJ2 No. 003/16. Por su parte, esta Corporación ordenó la modificación de la sentencia en el sentido de que puesto que de conformidad con la interpretación que debe dársele al citado artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 18 ibídem, el porcentaje que se debe aplicar en el caso del actor -dada su antigüedad- es del 38.5%, pero tomado sobre el 100% de lo devengado por concepto de prima de antigüedad, es decir sobre el 58.5%, valor que venía devengando en actividad, más no puede hacerse como se ordenó por la iudex A quo, es decir, aplicando el 38.5% directamente a la asignación básica mensual.

Reliquidacion pension invalidez SLP11/04/2019SENTENCIA-Ver
18001233300020190003900HABEAS CORPUSJOSÉ REINEL CARABALÍ JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIAPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

1ª Inst.: Declara improcedente el amparo constitucional al derecho a la libertad invocado por el accionante. CASO: Se invoca el hábeas corpus al considerar el actor que se encuentra privado de la libertad desde el 18 de octubre de 2018 al haber sido condenado a una pena principal de 6 meses de prisión (6) meses de prisión; que ha participado de las actividades educativas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario desde el 1º de febrero de 2019, por lo que afirma tener derecho a la redención de pena de que trata el artículo 64 de la ley 1709 de 2014, encontrándose pendientes los períodos de febrero y marzo de 2019 y, pese a que ha realizado diferentes peticiones ante la asesora jurídica del Establecimiento Carcelario y Penitenciario Las Heliconias de Florencia, en los cuales ha solicitado los beneficios jurídicos que lo amparan, no ha obtenido respuesta alguna, vulnerándosele así su derecho a la libertad condicional. En decisión de fecha 9 de abril de los corrientes, el Magistrado Ponente resolvió no acceder al amparo por cuanto no se acreditó el cumplimiento de la pena impuesta en su totalidad ni la privación ilegal de la libertad. No obstante, sí demostró que entre los meses de enero, febrero, marzo y aún a principios de abril de 2019 había presentado peticiones para redención de pena y/o libertad condicional ante la Asesora Jurídica del Establecimiento penitenciario y Carcelario Las Heliconias, pero a las mismas no le habían dado trámite, por lo que se dispuso la compulsa de copias ante el Director del EPC Las Heliconias de Florencia, para que adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, por las presuntas faltas disciplinarias en las que hayan podido incurrir funcionarios de la Oficina Jurídica. Así mismo, que remita inmediatamente al accionado todos los documentos necesarios y los derechos de petición solicitados y radicados por el actor en las fechas: 21 de enero, 28 de febrero, 22 de marzo y 2 de abril de la presente anualidad, para lo de su competencia.

Solicitud libertad por pena cumplida09/04/2019SENTENCIA-Ver
18001233300020190003200 TUTELAUNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIAPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

1ª Inst.: Se amparan los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, invocados por la entidad accionante. CASO: Pretende la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN que en amparo a su derecho fundamental al debido proceso, se ordene al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia dejar sin efectos el auto de fecha 8 de noviembre de 2018, por medio del cual se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de tutela de primera instancia de fecha 29 de octubre de 2018, al igual que el auto de fecha 15 de noviembre del mismo año, por el cual se confirmó la decisión de rechazo, al desconocerse que el término para su impugnación, debido a la notificación por fuera del horario laboral establecido en la UNP, solo empezaba a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se conoció de la sentencia de primera instancia; y, que, en consecuencia, se disponga conceder la alzada interpuesta, a efectos de que los argumentos planteados en la misma sean valorados en la segunda instancia. Para la Sala, si bien, se trata de unas decisiones proferidas dentro del trámite de una acción de tutela, los cargos no están encaminados a cuestionar la sentencia de tutela dictada en primera instancia, lo cual la tornaría abiertamente improcedente, sino que se dirige a cuestionar las decisiones proferidos con posterioridad, por medio de las cuales se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra el referido fallo de tutela, en tanto subyace en el sub lite una presunta vulneración del derecho al debido proceso de la accionante en el trámite impartido a la acción de amparo, al no tener acceso a la doble instancia. Concluye la Sala que, sin bien le asiste razón a la A quo en tanto señala que se procedió a notificar la sentencia de tutela en una hora hábil -5:31 p.m.-, dentro del horario de trabajo de la rama judicial, debió considerarse lo expresado por la U.N.P. en la solicitud de aclaración del auto que rechazó la alzada, en el sentido de que al momento en que se envió el correo por parte del despacho judicial, se trataba de una hora no hábil para la entidad, en tanto su horario de trabajo iba hasta las 5:00 p.m. , por lo que el contenido de dicho mensaje electrónico solo fue conocido al día hábil inmediatamente siguiente, esto es, el 31 de octubre de 2018, y en ese entendido el término de los tres (3) días que tenía la entidad para impugnar el fallo de tutela, corrió entre el 1, 2 y 6 de noviembre, como quiera que el 5 fue lunes festivo. En ese orden, concluye que al rechazar la impugnación presentada por la actora contra la sentencia del 29 de octubre de 2018, sin tenerse en cuenta que el contenido del correo electrónico solo fue conocido el día hábil inmediatamente siguiente al recibo del mismo, el juzgado accionado incurrió en un defecto procedimental, que vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante.

Concede amparo10/04/2019SENTENCIA-Ver
18001233300220150024300NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPPGUSTAVO GARCÍA GONZÁLEZPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

1ª Inst.: Se accede a las súplicas de la demanda en tanto se declara la nulidad del acto de reconocimiento de pensión gracia hecho al demandado al acreditarse que el demandado (q.e.p.d.) no tenía el derecho a ello, por cuanto la vinculación laboral como docente lo fue exclusivamente en el orden nacional. Sin restablecer el derecho de la demandante en relación con su pretensión de reintegro de los dineros pagadas por tal concepto. CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 36312 del 28 de julio de 2006, expedido por la extinta Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL-, mediante la cual se dispuso el reconocimiento y se ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación -GRACIA-, en su favor. A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene al demandado a restituir a favor de la entidad demandante, las sumas de dinero correspondientes a los valores cancelados mediante la resolución acusada, desde el 17 de octubre de 1997, día en que se hizo efectiva, hasta cuando se realice el pago.

Pension gracia25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160014001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJUAN DIEGO VARGAS CALDERÓNNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEREA COLOMBIANAPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda, pero por las razones expuestas por el Ad quem. CASO: Se solicita se inapliquen por inconstitucionales los Decretos 122 de 1997; 62 de 1999; 2737 de 2001; 745 de 2002; 3552 de 2003 y 4158 de 2004, a través de los cuales se fijaron los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares. Así mismo, se debate la legalidad del oficio Nº 20153440206341 del 16 de septiembre de 2015/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JED-DIPRE-ASEJU-1-10, emanado de la Fuerza Aérea Colombiana, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago del reajuste salarial y consecuentemente en su asignación de retiro, por concepto de los detrimentos causados durante el período 1997 al 2004, lapso en el cual recibió incrementos anuales a la asignación básica mensual por debajo del I.P.C. A título de restablecimiento del derecho, se ordene el reajuste del sueldo devengado durante el tiempo que permaneció activo al servicio de la demandada, incrementando dicho sueldo en el 18.78% correspondiente al detrimento causado a su grado actual durante el período 1997 al 2004; así como que se expida una nueva hoja de servicios en donde se incluya el sueldo básico y demás factores prestacionales con el respectivo reajuste y sea remitida a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para la respectiva reliquidación de la asignación de retiro. La jueza de primera instancia negó las pretensiones al considerar que pese a que existe la excepción del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en lo que concierne a los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 sí son aplicables a los miembros de las fuerzas militares, pero únicamente al personal pensionado, más no al personal en actividad, como es el caso del actor, razón por la cual la base de liquidación en este asunto está conformada por los sueldos que él mismo percibió cuando se encontraba en servicio activo.

Reajuste sueldo IPC25/04/2019SENTENCIA-Ver
11001333300220160062101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODORIS ROMELIA ESCOBAR DE HERNÁNDEZCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las súplicas de la actora, para en su lugar, denegarlas. CASO: Se debate la legalidad del Oficio Nº 0040047 consecutivo Nº 2016-0040047 del 15 de junio de 2016, a través del cual se negó la reliquidación, pago y reajuste de la PRIMA DE ACTIVIDAD como partida computable en la pensión de beneficiarios de la cual es titular la accionante. A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a CREMIL reliquidar y pagar la pensión de beneficiarios en lo referente a la partida de la prima de actividad del 37.5% al 49.5%, de conformidad con el principio de oscilación. Así mismo, pagar la diferencia que arroje lo ya pagado y lo que ha debido pagarse por tal concepto, suma que deberá ser indexada en los términos de ley. La jueza de primera instancia concedió parcialmente las pretensiones al considerar que la demandada no liquidó la pensión de la actora bajo los parámetros del Decreto 2863 de 2007, esto es, en igual porcentaje que a los que se encuentran en servicio activo en el mismo grado; que el Decreto 1211 de 1990 establece en su artículo 84 la prima de actividad que devengarán los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, la cual será del 33% del respectivo sueldo básico, lo que implica que el 50% del 33% referido es del 16.5%, porcentaje éste que debió aumentarse en la prima de actividad de la parte actora. Que, así las cosas, el aumento realizado por la entidad demandada del 37.5% estaría correcto si se aplicara únicamente lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2863 de 2007, que dispone un aumento del 50%; sin embargo, tal disposición se refiere al personal activo, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 4º del referido decreto, en el sentido de aumentarse la prima de actividad en igual porcentaje del grado que se aumenta al personal de servicio activo, respecto de los miembros retirados que tiene reconocida asignación de retiro o pensión. Así, como a las personas en servicio activo se les aumentó la prima de actividad en el 16.5%, en este mismo porcentaje debe sumarse el que ya tenía reconocido el demandante, es decir, al 25%, para un total de 41.5%, existiendo una diferencia a reconocer del 4% teniendo en cuenta que actualmente la viene devengando en el 37.5%; sin que pueda decirse que tiene derecho a un incremento del 49.5%, en tanto este porcentaje aplica únicamente para aquellos militares en retiro que al momento del reconocimiento de su pensión devengaban una prima del 33%, lo que no acontece con el militar fallecido. Por su parte, esta Corporación ordenó revocar la decisión objeto de alzada, para en su lugar, negar las súplicas al considerar que el sistema de oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones consiste en que las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad, también se hagan en las asignaciones y pensiones ya reconocidas, pero no genera la obligación de liquidar la asignación de retiro con el total de los emolumentos devengados y con los mismos porcentajes percibidos por el personal en actividad, así entonces se halló probado que la entidad incrementó en un 50% la prima de actividad que percibía en vida el señor CARLOS JULIO HERNÁNDEZ FRANCO como partida computable de su asignación de retiro, en tanto se le pagaba el 25% por dicho concepto, en consideración al haber laborado al servicio de la entidad castrense durante un total de 23 años, 4 meses y 23 días; y con la entrada en vigencia del Decreto 2863 de 2007 le fue incrementada, a partir del 1 de julio de 2007, en un 50% de ese 25% que venía percibiendo; prestación que en la actualidad su beneficiaria, la señora DORIS ROMELIA ESCOBAR DE HERNÁNDEZ, la devenga en el porcentaje del 37.5%.

Reajuste pension de sobrevivientes25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120140070901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOHERNÁN ALCAZAR JARAMILLOCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la parte actora. CASO: Se debate la legalidad del oficio Nº 28641 consecutivo 2014-19770 del 27 de marzo de 2014, a través del cual se negó el reconocimiento y pago de la PRIMA DE ACTIVIDAD en el equivalente al 49.5%. A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene reliquidar y pagar la asignación de retiro en lo referente a la partida de la prima de actividad en los términos anteriores, a partir del 1 de julio de 2007, de conformidad con el principio de oscilación. Así mismo, se le ordene pagar la diferencia que arroje lo cancelado y lo que ha debido cancelarse por tal concepto, suma que deberá ser indexada en los términos de ley. La jueza de instancia consideró que al actor no le asiste razón al pretender que el incremento establecido en el Decreto 2863 de 2007 se haga sobre el 33% de la prima de actividad que viene devengando el personal activo de las Fuerzas Militares conforme al artículo 84 del Decreto 1211 de 1990, por cuanto confunde los porcentajes y partidas computables para liquidar los sueldos del personal en servicio activo con las partidas que la ley ha previsto para las asignaciones de retiro; pues si bien el Decreto 2863 de 2007 pudo consagrar partidas diferentes a las que sirvieron de base para liquidar las reconocidas en vigencia de una disposición anterior, no quiere decir que esté incrementando la partida correspondiente a la prestación social en servicio activo, en tanto es diferente esta partida del factor que puede consagrar la ley para liquidar las asignaciones de retiro. Por tal motivo, no puede pretenderse que el incremento de la prima de actividad se realice en un 50% sobre el 33% cuando no se tiene un tiempo de servicios igual o superior a los 30 años, tal y como lo exige el régimen pensional al que pertenece el actor. Por su parte, esta Corporación al confirmar la anterior decisión consideró que el sistema de oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones consiste en que las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad, también se hagan en las asignaciones y pensiones ya reconocidas, pero no genera la obligación de liquidar la asignación de retiro con el total de los emolumentos devengados y con los mismos porcentajes percibidos por el personal en actividad, así entonces se halló probado que la entidad incrementó en un 50% la prima de actividad que percibía el señor HERNÁN ALCAZAR JARAMILLO como partida computable de su asignación de retiro, en tanto se le pagaba el 25% por dicho concepto, en consideración al haber laborado al servicio de la entidad castrense durante un total de 21 años, 6 meses y 2 días, es decir, entre 20 y 25 años; y con la entrada en vigencia del decreto en mención le fue incrementada a partir del 1 de julio de 2007 dicha prima de actividad en un 50% que aplicado a ese 25% que venía percibiendo arroja un total de 37.5%, como le viene siendo liquidada y cancelada por la demandada.

Prima de actividad25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001234000420170006200NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLUIS ALEXANDER TORRES ROMERONACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –POLICIA NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: Se trata de un Patrullero de la Policía Nacional que fue destituido de su cargo e inhabilitado por 11 años en el ejercicio de funciones públicas por presuntamente encontrarse ebrio en horas de servicio sin que dentro del proceso disciplinario obrara prueba técnica sobre el estado de embriaguez y desconociendo los testimonios que daban lugar a que en su favor se mantuviera incólume la presunción de inocencia lo cual implicó el desconocimiento del principio in dubio pro disciplinario. 1ra Instancia: La Sala analizó que dentro del proceso disciplinario, en primera instancia no se probó el estado de embriaguez, y que luego de la nulidad de la decisión inicial, la autoridad lo que hizo fue variar el cargo por el cual fue investigado el demandante, vulnerándose así el principio del indubio pro disciplinario por desconocer la presunción de inocencia establecida por la Constitución en favor del demandante. Se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno frente a la estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta que dentro de la fijación del litigio se dejó por fuera de control judicial el acto de ejecución de la sanción. La Sala resolvió declarar la nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho se ordenó el reintegro del patrullero a un cargo de igual o superior jerarquía, así como al pago de los salarios y emolumentos salariales dejados de percibir, sin solución de continuidad, desde la fecha del retiro, hasta que se haga efectivo el reintegro.

Reintegro – Sanción Disciplinaria 03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420140092401NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOYANETH GONZALEZ UZAQUENNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: La demandante, obrando en calidad de cónyuge supérstite del Soldado Profesional (QEPD) solicita que se tenga como única beneficiaria de la pensión de sobreviviente y se declare que los padres del causante no dependían económicamente de él, ya que una vez asignada dicha prestación el Ejército Nacional a la demandante en un 100%, de manera unilateral, decidió redistribuirla entre ella y sus padres. 1ra Instancia: Encontró acreditado dentro el plenario que los padres del causante no dependían económicamente de él, y que por ello, no tenían derecho a disfrutar de la sustitución pensional, por lo tanto se tenía que tener como única beneficiaria la cónyuge supérstite. Declaró la nulidad del acto acusado y a título de restablecimiento del derecho ordenó pagar a la actora todas las sumas de dinero correspondiente a las mesadas afectadas por la redistribución de la sustitución de la pensión de invalidez. 2da Instancia: La Sala analizó los requisitos de la revocatoria de los actos administrativos particulares y concretos, concluyendo que la entidad vulnero el derecho al debido proceso de la actora, al modificar su condición de única beneficiaria sin que mediara su voluntad, por lo tanto, confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia. Además de ello se estableció que el Ejército Nacional no tenía la potestad de revocar directamente y sin autorización de la demandante, el acto administrativo que la había reconocido como única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, pues en caso de no haberla encontrada ajustada a derecho debió iniciar proceso adminsitrativo en el cual se le garantizara a la demandante su derecho de contradicción y defensa, o haber iniciado la respectiva acción de lesividad contra su propio acto.

Pensión de sobreviviente – Única beneficiaria03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001234000420160006800NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOEDGAR ARMANDO TRIVIÑO DUERO MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN YANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: El municipio de San Vicente del Caguán cobraba a TRANSPORTE RAPIENTREGA impuesto de industria y comercio por el transporte de hidrocarburos. Pretende la parte actora que se reembolse y devolver la totalidad de los dineros pagados. 1ra Instancia: La Sala analizo que por disposición legal, el transporte de petróleo se encuentra exento del impuesto de industria y comercio, y que por lo tanto el acto acusado no solo desconoció el contenido de la ley, sino que inventó una norma territorial para gravar una actividad que está exenta.

Devolución de dineros Pagados por ICA sobre actividad exenta03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120150020401NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOADIELA ANTURI SANCHEZNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –POLICIA NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: Pretende la parte actor el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite del Agente de la Policía Nacional (QEPD), quien se encontraba retirado del servicio para la fecha del deceso, bajo el amparo del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. 1ra Instancia: Vinculo como Litis consorte necesario al hijo adulto incapaz de la pareja y resolvió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que para la fecha del fallecimiento el Agente de la Policía Nacional no tenía causado el derecho pensional, puesto que no disfrutaba de una pensión, ni la muerte ocurrió en servicio, esto, bajo el amparo del Decreto 1213 de 1990. 2da Instancia: Analizó la Sala que si bien no se podía reconocer la prestación bajo el régimen especial (Decreto 1213 de 1990) porque el causante no cumplía con los requisitos; lo cierto es que, bajo el amparo de la Ley 100 de 1993, si es procedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, teniendo en cuenta que el causante había cotizado al SSS en Pensión 36 semanas, cuando la norma exigía un mínimo de 26 semanas, esto es, antes de la reforma que trata la Ley 797 de 2003. La Sala resolvió revocar la sentencia de primera instancia, declarar la nulidad del acto acusado, y ordenó a la entidad a reconocer y pagar pensión de sobreviviente a favor de la actora en calidad de cónyuge supérstite y a su hijo adulto incapaz, representado por su madre, en los términos de los artículo 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, esto es, por el, 45% del ingreso base de liquidación que trata el artículo 21 ibídem, en cuantía del 50% para cada uno, pues se decidió aplicar la ley 100 de 1993 por ser más favorable para la demandada.

Pensión de Sobreviviente – Agente de la Policía Nacional – Ley 100/9303/05/2019SENTENCIA-Ver
18001234000420160003100NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOORIOL RANGEL MORALESNACIÓN – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICAYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Mediante Resolución No. ORD-81117-001353-2014 del 29 de julio de 2014, la Contralora General de la República declaró insubsistente el cargo que venía ocupando ORIOL RANGEL como profesional Especializado Grado 04 del Despacho de la Gerencia Departamental del Caquetá, adscrito a la planta temporal de empleos de la Contraloría General de la República; considera el actor que dicho acto administrativo está viciado de nulidad al carecer de motivación equiparándolo a un cargo de libre nombramiento y remoción. Analizó la Sala que el cargo temporal no puede ser equiparado a un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo cual no era aplicable la facultad discrecional. 1ra Instancia: Declara la nulidad del acto acusado y ordena el pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales dejados de devengar, desde el 29 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

Insubsistencia07/03/2019SENTENCIA-Ver
19001333300820150039201EJECUTIVOLUIS EDUARDO PATIÑO GARIZABALNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –POLICIA NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Ordenó seguir adelante con la ejecución a favor del actor y en contra de la Policía Nacional, por concepto de capital adeudado de la prima de orden público. CASO: Se pretende el cobro del título ejecutivo contenido en una sentencia judicial, que ordenó el reintegro del actor al cargo que venía ocupando, ya que al momento de cancelar la obligación la entidad demandada no incluyó la prima de orden público a la que tenía derecho por laborar en el departamento de Caquetá. 2a Instancia: Confirma. Analizó la Sala que: i). Les está prohibido a los jueces pronunciarse sobre los requisitos formales del título ejecutivo en oportunidad diferente a la reposición del mandamiento de pago, ii) Es procedente estudiar la excepción de pago, en la segunda instancia iii) los efectos ex tunc de las sentencias que ordenan reintegro de personal.

Cobro de sentencia judicial – Prima de actividad.07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001234000420160002400NULIDAD SIMPLEMAURICIO ALONSO EPIA SILVA MUNICIPIO DE FLORENCIA - CONCEJO MUNICIPALYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO:Se pretende la nulidad de la convocatoria pública para elección de personero realizada por la Mesa Directiva del Consejo Municipal de Florencia al haber incurrido en causal de nulidad por falta de competencia de quienes expidieron el acto, pues la autorización para hacerlo devenía de un acuerdo Municipal que no había sido sancionado, es decir no existía al momento de expedir el acto demandado. 1a Instancia: Accede.

Nulidad Convocatoria Elección Personero municipal de florencia07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170035401NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSE ALEXANDER CERON BERRIOSCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMILYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Accede. CASO: Pretende el actor el reajuste de la prima de antigüedad, el incremento del 20% del salario y la inclusión del subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro. 1a Instancia: Confirma y se señala que CREMIL si tiene legitimación en la causa por pasiva en este caso.

Reliquidación asignación de retiro.07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120160007701NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODELFIN GUAYARACAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMILYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Accede. CASO: Pretende el actor el reajuste de la prima de antigüedad, el incremento del 20% del salario y la inclusión del subsidio familiar y la prima de navidad como partida computable en la asignación de retiro. 1a Instancia: Confirma y se señala que CREMIL si tiene legitimación en la causa por pasiva en este caso.

Reliquidación asignación de retiro.07/03/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320140021500NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOFUNDACION MUJER, NIÑEZ Y FAMILIAMUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETAYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Pretende la parte actora que el Municipio de Florencia pague la utilidad media proporcional dejada de percibir, al adjudicar el contrato a otra empresa que tenía una propuesta desfavorable frente a la suya. 1ra Instancia: Declara de oficio la caducidad de la acción, por cuanto se pretendía la nulidad de la resolución de adjudicación del contrato la cual debía ejercerse dentro de los 4 meses siguientes a que fue publicada.

Caducidad de la acción.14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160065801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOGERMAN LOAIZA AROCACAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMILYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Desestima las pretensiones. CASO: Pretende el actor el reajuste de la prima de antigüedad, el incremento del 20% del salario y la inclusión del subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro. 1a Instancia: Revoca y accede a las pretensiones pues no se comparten los argumentos de la primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL.

Reliquidación asignación de retiro.14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120140022401NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOBEJAMIN GUERRERO GOMEZ DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1a Instancia: Niega.CASO: Pretende la parte actora el pago de horas extras y compensatorios, del periodo laborado al servicio de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá. 2a Instancia: Revoca la sentencia y declara la inepta demanda al demandarse un acto informativo que no es susceptible de control judicial pues no le creó, modificó ni extinguió ningún derecho al actor, sino que únicamente le indica que se están haciendo gestiones para pagar.

Inepta Demanda.14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120130111101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOSANDRA MILENA MURCIA PERDOMODEPARTAMENTO DEL CAQUETA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Accede y ordena nivelación salarial, así como el pago de las diferencias resultantes CASO: Pretende la parte atora que se reconozca y pague las diferencias resultantes del reajuste salarial, conforme a su título de Docente Especialista en Lúdica y Recreación para el Desarrollo Social y Cultural.2a Instancia: Revoca la sentencia y declara la inepta demanda al demandarse un acto informativo que no es susceptible de control judicial, pues la respuesta dada por la entidad demandada no le crea, modifica o extingue un derecho pues únicamente se limita a informarle que se está estudiando la posibilidad de pagarle.

Inepta Demanda.14/03/2019SENTENCIA-Ver
18001234000420160015700NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLUIS HERNANDO TRUJILLO GARCÍANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –POLICIA NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Patrullero de la Policía Nacional que fue sancionado con destitución del cargo e inhabilidad para ocupar cargos públicos por el término de 10 años, tras haber sido ser capturado en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas. La Sala analizó el control judicial de sanción disciplinaria cuando se afecta el principio de tipicidad de la conducta y violación al debido proceso.1ra Instancia: Accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, ordenó la eliminación de los antecedentes disciplinarios, el reintegro y el pago de salarios y emolumentos salariales, sin solución de continuidad; así como la convocatoria al curso de ascenso, de resultar procedente, pues la conducta que se le imputó al demandante, requería para que se configurara la tipicidad como falta disciplinaria, que se le indicara en el pliego de cargos y en la sentencia, en que forma este supuesto delito afectaba los fines y funciones de la Policía Nacional, pues el numeral 10 del artículo 38 de la ley 1015 de 2006 fue declarado exequible condicionado en sentencia C’819 de 2006 “al entendido que la conducta (delito o contravención) realizada en las situaciones administrativas enunciadas en esos preceptos, debe afectar los fines de la actividad policial..”

Reintegro - Proceso Disciplinario.21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120130068901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLEIDY VIVIANA ROA Y OTROS MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y OTROYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: La previsora compañía de seguros pretende la adición de la sentencia de primera y segunda instancia, las cuales omitieron resolver la excepción de “exclusión de responsabilidad del asegurador” propuestas en la contestación del llamamiento en garantía. 2a Instancia: Adiciona la sentencia y declara no probada la excepción de “exclusión de responsabilidad del asegurador”./font>

Adición sentencia.21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001234000420160008700NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOALVARO ANHEYDER AVILA SILVANACION-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIONYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Jefe de la Oficina de Control Interno del Departamento del Caquetá fue sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por 3 meses e inhabilidad especial por el mismo lapso. Analizó la Sala que cuando se pidan medidas cautelares de carácter no patrimonial, como la suspensión provisional del acto demandado, se debe agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial. 2a Instancia:Niega las pretensiones de la demanda y da por terminado el proceso.

Sanción Disciplinaria .21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120020401REPARACION DIRECTAJHON FREDY VILLEGAS SABI Y OTROSDEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y OTROSYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Accede. CASO: Civil que transitaba en motocicleta en vía que conecta dos municipios del Departamento del Caquetá, sufre accidente de tránsito, al caer en un hueco por hundimiento de la calzada, lesiones que resultan ser mortales. Reclaman los familiares de la víctima los perjuicios materiales e inmateriales derivados de la muerte de la víctima directa. Analizó la Sala la falla del servicio por omisión, por parte de INVIAS, al no señalizar la falla geológica, así como al no realizar mantenimiento a la malla vial. Se ordena el reconocimiento de perjuicios morales a los hijos de crianza bajo las mismas condiciones que a los hijos biológicos 2a Instancia: Confirma la sentencia y modifica los perjuicios morales.

Falla en el servicio – Falta de señalización en la vía.21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170021101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSÉ AGUSTÍN MADRID MONOGANACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Niega porque no se acredito que previamente hubiese estado vinculado como soldado voluntario. CASO: Pretende el actor el reajuste del 20% de los salarios devengados durante la prestación del servicio, así como la reliquidación de las cesantías.2a Instancia: Revoca y accede a las pretensiones por cuanto dentro del proceso se aportó prueba de la vinculación del demandante como soldado profesional, la cual no fue controvertida por la entidad demandada.

Reliquidación Salario.21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160096901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOALVARO AUGUSTO QUIÑONEZNACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Niega porque no se acredito que previamente hubiese estado vinculado como soldado voluntario CASO: Pretende el actor el reajuste del 20% de los salarios devengados durante la prestación del servicio, así como la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas en servicio.2a Instancia: Revoca y accede a las pretensiones por cuanto dentro del proceso se aportó prueba de la vinculación del demandante como soldado profesional, la cual no fue controvertida por la entidad demandada.

Reliquidación Salario.21/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120130057901REPARACION DIRECTAISIDRO ALBERTO SILVERA MUÑOZNACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL - POLICIA NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ra Instancia: Declaró probado el eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, propuesto por la Policía Nacional, así mismo declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del EJERCITO NACIONAL frente a los perjuicios materiales e inmateriales derivados de la muerte del Patrullero de la Policía Nacional ENRIQUE ALBERTO. CASO: Patrullero de la Policía Nacional en servicio, por cuestiones de seguridad debió desplazarse en un vehículo oficial del Ejército Nacional, el cual colisionó y posteriormente cayo al rio, causando el ahogamiento de sus ocupantes. La Sala analizó que la causa eficiente de la muerte fue el mal estado de las llantas del vehículo oficial, toda vez que no contaba el grabado reglamentario, el cual fue la razón por la que no se pudo maniobrar el vehículo. También estudio la improcedencia del perjuicio por alteración a las condiciones de existencia, acogiendo la posición actual del Consejo de Estado, y reconoció a favor del hijo de la víctima, perjuicio en la modalidad de violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente amparados, al considerar que la muerte del padre a temprana edad, afecta en forma directa la familia como núcleo esencial de la sociedad, los derechos del niño, al libre desarrollo de la personalidad y a la integridad psicológica del menor. 1ra Instancia: Confirma parcialmente la decisión del a quo, adicionando el reconocimiento del perjuicio en la modalidad de violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente amparados, a favor del hijo de la víctima directa.

Falla del servicio por omisión.28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333390120150002501REPARACION DIRECTAWILSON ARTURO MINA GOMEZNACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ra Instancia: Negó las pretensiones toda vez que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado. CASO: Soldado Profesional que fue retirado de la fuerza por determinación del comandante. La Sala puntualizó que la segunda instancia no es la oportunidad procesal para proponer la tacha de falsedad, así mismo analizó que la sanción disciplinaria en contra del demandante no fue el único sustento para retirarlo del servicio, pues esto se debió a un análisis objetivo de su hoja de vida en la cual constaban varias irregularidades en el desempeño de su cargo. 2a Instancia: Confirma

Retiro Discrecional.28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120027701REPARACION DIRECTAHERMINDA PENNA MOGOLLON Y OTROS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y OTROYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ª Inst.: Declaro la responsabilidad administrativa y patrimonial del municipio de Florencia por las lesiones sufridas por el señor HUMBERTO, en el accidente de tránsito. CASO: El señor HUMBERTO se movilizaba en motocicleta en sector urbano y sufrió accidente de tránsito al toparse con un hueco que había sobre la vía. Las lesiones derivadas del accidente dejaron como secuelas una pérdida de la capacidad del 7.95%. La Sala analizó la omisión del municipio de Florencia frente al mantenimiento de la malla vial y también estudio la improcedencia del perjuicio por alteración a las condiciones de existencia, acogiendo la posición actual del Consejo de Estado, y reconoció a favor de la compañera permanente de la víctima, perjuicio en la modalidad de violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente amparados, al considerar que las secuelas permanentes en la humanidad del señor HUMBERTO, afectaron en forma directa la familia como núcleo esencial de la sociedad; además de la alteración de las condiciones sociales, económicas y familiares de la compañera. 2a Instancia: Confirma parcialmente y adiciona el reconocimiento del perjuicio en la modalidad de violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente amparados, a favor de la compañera permanente de la víctima directa quien debió renunciar a su condición de mujer trabajadora para dedicarse el cuidado de su compañero.

Falla del Servicio por omisión.28/03/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220140051301NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOHERMINDA PENNA MOGOLLON Y OTROSNACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ra Instancia: Ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la madre del soldado voluntario (Cabo Segundo Póstumo), en aplicación del artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, teniendo en cuenta el ascenso póstumo y que la muerte se dio en combate por acción directa del enemigo. CASO: Soldado voluntario (Cabo Segundo Póstumo) que fallece por acción directa del enemigo en el año 1994. Su madre solicita el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, aduciendo ser la única beneficiaria de la prestación, puesto que el soldado no tenía esposa, compañera permanente e hijos. La Sala analizó que el ascenso póstumo de Soldado Voluntario a Cabo Segundo del Ejército, habilita a los beneficiarios del causante para reclamar las prestaciones propias para los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, además de ello, la muerte ocurrió en combate y por acción directa del enemigo, por lo cual le es aplicable el Decreto 1211 de 1990. 2da Instancia: Confirma.

Reconocimiento y Pago de Pensión de Sobreviviente (ascenso póstumo).25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160055201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSE ALIRIO TUMAY GERONIMONACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ra Instancia: Negó las pretensiones de la demanda, aduciendo que no se logró acreditar en el plenario que el actor hubiese ejercido como Soldado Voluntario en vigencia de la Ley 131 de 1985. CASO: Soldado profesional que solicita la reliquidación del salario mensual desde el mes de noviembre de 2003, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000; así como el reajuste del auxilio de cesantías. En la fase de alegatos de conclusión, el apoderado de la parte actora allega la Certificación de Tiempo de Servicio del Demandante, la cual se puso en conocimiento de las partes para efectos de su contradicción y defensa, término que venció en silencio. Analizó la Sala que en efecto el actor fungía como soldado voluntario en vigencia de la Ley 131 de 1985, por lo cual tiene derecho a que se le pague un salario mensual incrementado en un 60%, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. 2a Instancia: Revoca la sentencia de primera instancia y ordena a la entidad reajustar el salario básico del actor, tomando como base un smlmv incrementado en un 60%, y el pago de las diferencias resultantes entre lo pagado y lo que se debió pagar; así como el reajuste de las cesantías, y declaró la prescripción de las diferencias salariales causadas con anterioridad al 23/11/2011.

Reajuste del Salario Básico (20%) y auxilio de cesantías. 25/04/2019SENTENCIA-Ver
73001333300620150020301NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOSANDRA LILIANA LOZANO NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALESYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ra Instancia: Ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor del hijo adolescente, en cuantía del 50% de las partidas computables que trata el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990. CASO: Soldado voluntario (Cabo Tercero Póstumo) que fallece en combate en el año 2002. La tía paterna en nombre y representación del adolescente hijo del causante, solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente como único beneficiario, la cual fue negada por la entidad con fundamento en el artículo 8° del Decreto 2728 de 1968. La Sala analizó que el ascenso póstumo de Soldado Voluntario a Cabo Tercero del Ejército, habilita a los beneficiarios del causante para reclamar las prestaciones propias para los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, además de ello, la muerte ocurrió en combate, por lo cual le es aplicable el Decreto 1211 de 1990 y no el Decreto 2728 de 1968. 2da Instancia: Confirma la sentencia de primera instancia.

Reconocimiento y Pago de Pensión de Sobreviviente (ascenso póstumo).25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120140010701NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJORGE ELIECER HERNANDEZ Y OTRANACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

1ra Instancia: Negó las pretensiones de la demanda aduciendo que el causante no cumplió con los requisitos que trata el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, y que además de no se puede aplicar el régimen general de pensiones (Ley 100/93) toda vez que no se cotizó las 26 semanas. CASO: Soldado conscripto que fallece en misión del servicio en el año 2005. Los padres del soldado solicitan el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de conformidad con el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, aduciendo ser los únicos beneficiarios, puesto que el causante no contaba con hijos, esposa o compañera permanente. La Sala dio aplicación a la SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018, para indicar que no es procedente la aplicación del Decreto 1211 de 1990, toda vez que no se trata de un oficial o suboficial del Ejército Nacional, pero que si es procedente aplicar la Ley 100 de 1993 en caso de muerte de soldado conscripto en simple actividad. Concluye que no es procedente ordenar el reconocimiento de la prestación reclamada, teniendo en cuenta que el causante no cumplió con el mínimo de semanas cotizadas (50 semanas), pues solamente completo un tiempo de 17 semanas. 2da Instancia: Confirma la sentencia de primera instancia.

Reconocimiento Pensión de Sobreviviente (soldado conscripto).25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001234000420160018900NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLEONIDAS ROJAS FIGUEROAMUNICIPIO DE LA MONTAÑITA YANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Se pretende la nulidad del acto administrativo por medio del cual el alcalde del municipio de La Montañita declaró insubsistente al actor en el cargo de Jefe de Control Interno Nivel Profesional grado 03, bajo el argumento que el actor no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo, y además de ello, que el cargo debió proveerse mediante concurso de méritos. A título de restablecimiento solicita que se reintegre al cargo que venía ocupando y se pague los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. 1ra Instancia: La Sala ordenó la nulidad del acto acusado y el pago de los salarios y prestaciones sociales, desde la fecha de desvinculación hasta el término del periodo (14/11/2015 al 07/01/2019). Se analizó en la sentencia que el actor había sido desvinculado como si su cargo fuera de libre nombramiento y remoción, cuando el cargo de Jefe de Control Interno Nivel Profesional grado 03, es de periodo, por lo cual la causal de retiro procedente era la revocatoria del nombramiento, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, agotando el debido proceso respetando el derecho de defensa del demandante. Así mismo ordenó la compulsa de copias al alcalde la de época y al actor, por presunta comisión de conducta punible y falta disciplinaria.

Reintegro -Empleado de Periodo.25/04/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120035601NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCARLOS ANDRES MARTINEZNACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALYANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: Soldado del Ejército Nacional que fue retirado del servicio por determinación del comandante, y frente a la solicitud de las razones de su desvinculación, solo obtuvo copia de la solicitud de retiro carente de motivación. Solicita la nulidad de la OAP que lo retiro del servicio, su reintegro al cargo que ocupaba, así como el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. 1ra Instancia: Consideró que el retiro por facultad del Comandante es una actuación legal de la cual gozan los militares para retirar del servicio activo, a personas que existiendo razones objetivas para hacerlo, no se ajustan a los estrictos parámetros que el desempeño de su cargo impone. 2da Instancia: Refirió que el acto acusado se ajusta a los fines que persigue la facultad discrecional, puesto que obedeció a un estudio de su hoja de vida en donde se encontraron graves conductas de desobediencia que fracturaron la confianza de sus superiores, y por lo tanto no era necesario que los hechos constaran en el acto acusado, puesto que más allá de una motivación, la facultad discrecional debe obedecer a una justificación. Resolvió confirmar la decisión de primera instancia.

Reintegro – Facultad Discecional.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120080024501REPARACION DIRECTAJORGE ELIECER CABRERA CAICEDO Y OTROSHOSPITAL COMUNAL MALVINASYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Joven de 29 años de edad que presenta fuerte dolor abdominal y acude al servicio médico de urgencias, siendo diagnosticado con Urolitiasis, dando medicamentos para el dolor, y siendo despachado a su casa. Al día siguiente ingresa nuevamente al servicio de urgencias por fuerte dolor abdominal, y es dejado en observación y posteriormente remitido a un centro de mayor nivel, donde ingresa con apendicitis aguda complicada y peritonitis localizada, siendo intervenido de urgencia, siendo imposible saturar la herida debido al alto grado de contaminación, por la que la misma tuvo que sanar por segunda intención. 1ra Instancia: Consideró que la atención brindada al joven fue oportuna y eficiente, y por ello niega las súplicas de la demanda. 2da Instancia: La Sala analizó que se presentó un error en el diagnóstico y deficiente prestación del servicio médico en lo que respecta a la primera consulta de urgencias, puesto que la galena omitió que al examen físico hecho al paciente arrojó blumberg (+) y en el cuadro hemático se reportó los leucocitos mm3 en 14.200, lo que indicaba un posible cuadro infeccioso, viral o bacteriano, debiendo practicar otros exámenes para descartar otra patología o siquiera haberlo dejado en observación para observar la evolución del dolor, lo cual no ocurrió. Teniendo en cuenta que no obra Dictamen de Pérdida de la Capacidad Laboral, se partió de la lesión mínima, esto es, superior a 1% e inferior al 10%, y se concedieron perjuicios morales a favor de la víctima directa, sus padres, hermanos; y perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causado, por el tiempo que duro hospitalizado y en recuperación, acumulando un tiempo de 96 días.

Deficiente Prestación del Servicio Médico 09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220140061601REPARACION DIRECTAANCÍZAR POSADA ORTIZ Y OTROSNACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda, se circunscriben a que el 30 de octubre de 2012 -cerca de las 20:00 horas-, varios miembros del Batallón de Combate Terrestre nro. 26, abrieron fuego en contra de integrantes de la entonces guerrilla de las FARC, dejando en medio del enfrentamiento la vivienda en la cual se encontraba la menor Adriana Posada Ramos, quien recibió un impacto de bala a la altura del estómago, y posteriormente falleció. 1ª Inst.: El a quo, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al evidenciar –bajo el título de imputación de riesgo excepcional-, que la muerte de la menor Adriana Posada Ramos se dio como consecuencia de un ataque dirigido a miembros del Ejército Nacional, quienes transitaban cerca de la residencia de la occisa, y pusieron en peligro a los habitantes de dicha vivienda con su paso constante por esa zona, pese a encontrarse realizando una labor de vigilancia y control. 2ª Inst.: En esta instancia se modifica la decisión de primer grado, esencialmente por encontrar que no había lugar al reconocimiento de perjuicios pecuniarios por daño a derechos y bienes constitucional y convencionalmente protegidos, en la medida que no se evidenció una falla en el servicio, sino un riesgo que se materializó cuando las Fuerzas Armadas combatían con miembros de la guerrilla de las FARC.

Muerte de menor en enfrentamiento entre las FARC y Ejército – Riesgo excepcional – Reparación integral – Lucro cesante menor fallecida – Perjuicios morales transmisibles – Derechos y bienes constitucional y convencionalmente protegidos.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170039901REPARACION DIRECTALUIS ENRIQUE NOVA ORTEGANACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El demandante ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio, y una vez concluida dicha etapa, manifestó su deseo de vincularse como Soldado Voluntario, devengando como asignación básica un salario mínimo incrementado en un 60%. No obstante, el 1 de octubre de 2003 la Fuerza Pública lo incorporó como Soldado Profesional, desmejorando su asignación básica a la de un salario mínimo incrementado en un 40%, con el consecuente impacto en sus prestaciones económicas. Por tal razón, pretende el pago de las diferencias salariales existentes entre lo devengado y lo que debían devengar, así como el reajuste de su auxilio de cesantías. 1ª Inst.: El fallador de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por no haberse probado su ingreso al Ejército Nacional, antes del 1 de enero de 2000. 2ª Inst.: En esta instancia se revoca la decisión de primera instancia, accediendo a las pretensiones del líbelo demandatorio, en aplicación de la Sentencia de Unificación existente en la materia, y en atención al material probatorio aportado en esta Instancia.

Reajuste 20% de asignación básica, y auxilio de cesantías.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220150080501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOSANDRA MILENA RENZA BECERRAHOSPITAL MARIA INMACULADA DE FLORENCIALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO:Los hechos originarios de la demanda, se circunscriben a que la actora se vinculó como auxiliar administrativo de apoyo a facturación en la entidad en calidad de contratista, debiendo realizar funciones de carácter administrativo, consistentes en atender al público en caja de consulta externa y en laboratorio de manera continua e ininterrumpida, sin solución de continuidad desde el 1 de marzo al 30 de septiembre de 2013, reuniéndose por tanto los elementos de un contrato de trabajo. 1ª Inst.: El a quo, mediante sentencia de fecha 23 de marzo de 2018, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que aun cuando fueron acreditados tanto la prestación personal de servicio, como la remuneración, la permanencia de la labora en la entidad y la equidad o similitud de sus funciones con empleados del planta de la E.S.E, no fue así con la subordinación, pues ni las pruebas ni los documentos que fueron arrimados probaron el cumplimiento del horario de trabajo, así como de ordenes o el hecho de solicitar permiso para retirarse de la entidad donde laboraba. 2ª Inst.: En esta instancia se conforma la decisión de instancia aludiendo esencialmente a que el elemento sustancial de subordinación continuada no se cumplió, pues los medios de prueba arrimados no dan cuenta que la demandante desempeñó sus funciones en un horario determinado, como tampoco la solicitud de permisos, memorandos o llamados de atención en su contra, emergiendo entonces entre el contratante y contratista una relación de coordinación en sus actividades que no daba lugar a la declaratoria del contrato realidad.

Contrato realidad - no se probo el elemento de la subordinacion.16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160039201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOISABEL MOTTA CUÉLLARADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONESLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

Caso:La señora Isabel Motta Cuéllar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de apoderado judicial, pretende que se declare la nulidad de la Resolución nro. GNR-105561 del 13 de abril de 2015, así como la existencia y posterior nulidad del acto administrativo ficto emanado del recurso de apelación interpuesto contra la mencionada resolución, por medio de los cuales se negó la reliquidación pensional deprecada por la actora, conforme al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicios. 1ª Inst. Accede a la reliquidación deprecada, bajo el argumento de que la situación jurídica de la actora se consolidó antes de la expedición de la Sentencia SU 230 de 2015. 2ª Inst. Modifica la decisión, en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión, siempre y cuando los factores a incluir hayan sido objeto de aporte a seguridad social en pensión, en aplicación de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-417 de 2016, SU-210 de 2017, y SU-631 de 2017 de la Corte Constitucional, y SU 0043 del 28 de agosto de 2018 –proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Reliquidacion empleada pension empleado DAS16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120130060501REPARACION DIRECTAJESÚS EDILBERTO CEBALLOS PERDOMO Y OTROSNACION-FICALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

Caso: el 10 de marzo de 2009 el señor Gerardo Ceballos Perdomo fue privado de su libertad -por los delitos de desplazamiento forzado en concurso heterogéneo de concierto para delinquir agravado, rebelión, homicidio y secuestro extorsivo-, detención que se prolongó hasta el 26 de mayo de 2011, en virtud de la sentencia proferida el día anterior, por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito de Florencia. 1ª Inst. Accede a las pretensiones de la demanda, por considerar que la única razón por la cual el señor Gerardo Ceballos Perdomo estuvo privado de la libertad, fue por la decisión legítima de la Fiscalía General de la Nación, sin que ello fuera razón para que el demandante estuviera en la obligación de verse privado de la libertad, como en efecto sucedió, teniendo en cuenta que más adelante se comprobó su inocencia mediante decisión absolutoria proferida por Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia – Caquetá.. 2ª Inst. Modifica la decisión, en el sentido de revocar el reconocimiento de daño a la salud a favor de la esposa del directo perjudicado, así como elevando la indemnización por lucro cesante debido, habida consideración que fue mal calculado. Se analizó la actuación del señor Gerardo Ceballos Perdomo en acatamiento a las sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, determinando que la Fiscalía no valoró o valoró inadecuadamente el material probatorio, que daba cuenta de la impertinencia de la medida privativa de la libertad.

Privacion injusta de la libertad16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160067101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHONELSON SUAREZ CANO NACION-MINISTERIO DE DEFENSALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

Caso: Al actor se le reconoció una pensión de invalidez por disminución de su capacidad laboral al encontrarse en combate directo con el enemigo, mediante Resolución No. 1785 del 06 de julio de 2010, liquidándosele la mesada pensional teniendo como base el salario mínimo más el 40% . El Decreto 4433 de 2004, estableció la forma de liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, que es el setenta por ciento (70%) del salario mensual adicionado en un treinta y ocho por ciento (38.5%) (sic) de la prima de antigüedad. Indicó, que al momento del retiro el actor tenía reconocido como prima de antigüedad el 58,5% de la asignación básica mensual. En razón de lo anterior, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional la liquidación de su pensión de invalidez incluyendo el 60% de un salario mínimo legal mensual vigente, siendo negada por oficio No. OFI15-49729, y en lo relacionado a la prima de antigüedad, esto es, el 70% del salario mínimo legal mensual vigente adicionado en un 38.5% por concepto de prima de antigüedad también fue negado, con el oficio No. OFI15-28887 del 16 de abril de 2015.
1ª Inst. Accede parcialmente a las pretensiones de la demanda al considera que tanto de la literalidad del artículo 1º inciso segundo como del parágrafo del artículo 2 del Decreto 1794 de 2000, se concluye que los soldados voluntarios trasladados al régimen de los soldados profesionales, tienen derecho a percibir una bonificación mensual que corresponda a un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, despachando así favorable la pretensión relacionada con el reajuste de la pensión de invalidez, previa modificación de la hoja de servicios que incluya el incremento salarial del 20%.

En lo concerniente a la liquidación de la prima de antigüedad, aseguró que no puede aplicarse directamente el artículo 16 tal como lo solicita el actor, habida consideración que no cumple con el requisito de haber laborado 20 años, por lo que la disposición correcta es la prevista en el artículo 18, que finalmente fue la que utilizó la entidad, así a lo devengado en actividad por dicha partida le extrajo el porcentaje que correspondía por el tiempo laborado. 2ª Inst. Modifica la decisión, de primera instancia en el sentido de establecer que la correcta liquidación de la prima antigüedad era aquella referida a que del 100% del salario básico mensual debía extraerse porcentaje que correspondía por el tiempo laborado, según voces del artículo 18 del Decreto 4433 de 2004 y no de lo devengado en actividad.

Reajuste pensión prima de antigüedad.16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220190019201TUTELAFRED ALFONSO LOPEZINSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPECLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Solicitó el actor se ordenara su traslado a cualquiera de las cárceles de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Valledupar para estar más cerca de su familia señalando además, cumplir con los requisitos requeridos por el INPEC. 1ª Inst.: El A quo accedió a la protección constitucional reclamada, ordenando al INPEC resolviera de fondo la solicitud de traslado del actor en lo referente a los centros de reclusión de las ciudades de Cartagena- Bolivar y Valledupar-Cesar, especificando las razones de su decisión.. 2ª Inst.: En esta instancia se revocó la decisión de primera instancia y se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto el actor no probó, ni alegó y tampoco emergió si quiera sumariamente en el decurso de la acción constitucional que la decisión adoptada por el INPEC de no conceder el traslado atendiera a razones arbitrarias, irrazonables y desproporcionadas que hiciera necesario por parte de esta judicatura emitir una orden judicial al respecto, sino que obedeció al flagelo del hacinamiento carcelario que actualmente padecen la mayoría de los centros carcelarios del país que obligó a la Corte Constitucional a declarar el estado de cosas inconstitucionales , argumento que resulta aceptable, entendiendo la Corporación que le corresponde a la entidad accionada la responsabilidad de determinar los procedimientos administrativos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma y a efectos de garantizar los derechos las personas privadas de la libertad. Frente a la petición relacionada con su traslado al penal de Bogotá “Picota Vieja”¸ se despachó por improcedente, en la medida en que la entidad no tuvo la oportunidad en sede administrativa de conocer la intención del actor que solo vino a exteriorizarla con la impugnación, motivo por el cual no podía resultar sorprendida con una nueva orden.

Derecho de petición persona privada de la libertad.06/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120190018701TUTELANUVIA RIVERAUNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL LAS VICTIMAS - UARIVLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Afirmó la actora que hace aproximadamente seis (06) años fue incluida en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. En razón de lo anterior, solicitó que se le proporcionaran las ayudas humanitarias hasta cuando se le entregara el 100% de la indemnización a que tiene derecho, la cual peticionó por escrito de fecha 15 de febrero de 2019, en el que pidió priorizar el pago al ostentar una discapacidad del 100% por un trauma craneoencefálico severo (esquizofrenia). 1ª Inst.: El A quo no accedió al amparo peticionado, por configurarse un hecho superado, habida consideración que la entidad mediante comunicación No. 20197202528561 del 27 de marzo de 2019, le señaló a la actora el procedimiento establecido y reglado a través de la Resolución No. 01958 de 2018 y los criterios a tener en cuenta para el proceso de pago de la indemnización administrativa. 2ª Inst.: En esta instancia se revocó la decisión de primera instancia y se accedió al amparo del derecho a la igualdad, toda vez, que aunque la señora RIVERA no agotó el procedimiento establecido para reclamar la medida de indemnización, lo que haría improcedente ordene priorizar el pago, se constató sumariamente que la actora ostentaba una circunstancia de hecho que ubicaba en una posición especial, referida a que según certificado médico suscrito por el galeano Gilberto Rincón Torres –Médico neurólogo- la actora actualmente presenta cuadro clínico de secuelas de trauma craneoencefálico severo, por lo que se ordenó el agendamiento de una Cita para que iniciara el procedimiento con el fin de obtener el pago de su indemnización administrativa.

Derecho a la igualdad material.06/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220150089801REPARACION DIRECTANETTALY BARCO MARÍN Y OTROSNACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la decisión adoptada por el a quo, quien negó las pretensiones de la demanda. CASO: Los actores formularon demanda de reparación directa en que solicitaron se declarara responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor José Edwin Barco Restrepo desde el 28 de febrero de 2012 hasta el 14 de agosto de 2012, dentro de proceso penal por los delitos de rebelión y porte, transporte y fabricación de estupefacientes, que terminó con preclusión de la investigación el 11 de febrero de 2014. Se confirma la decisión adoptada por el a quo, habida cuenta de que en aplicación de la reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, en la cual dejo sentada su posición el H. Consejo de Estado en materia de privación injusta de la libertad, se acreditó la no existencia de daño antijurídico, como quiera que la medida de aseguramiento de la que fue objeto el señor Barco Restrepo, se fundó en material probatorio que razonablemente permitía tener por comprometida su responsabilidad en el delito por el que se le investigaba, por lo que era razonable privarlo de la libertad de manera preventiva, y en consecuencia dicha carga debe ser soportada por el mismo.

Privación injusta de la libertad.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001233100020120005801GRUPOSIRLEY POLANCO PLAZAS Y OTROSDEPARTAMENTO DE CAQUETÁ Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la decisión adoptada por el a quo, quien declaró la caducidad de la acción. CASO: Los actores piden indemnización por daño causado por el Departamento al no determinar oportunamente las “zonas de difícil acceso”, con lo que les impidió percibir la bonificación correspondiente. Aunque corrigiendo al a quo en cuanto al momento de inicio del cómputo del término de caducidad, se confirma la decisión al encontrar que la demanda fue presentada por fuera del plazo establecido por la ley 472/98: dos años contados desde “la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”, hito que se produce cuando para la administración cesa el deber de actuar, lo que para este caso ocurre al final de cada anualidad, ya que el Decreto 1171/04 imponía la fijación cada año de las zonas de difícil acceso, lo que implica que vencido el periodo anual el Departamento devenía incompetente para hacerla.

Caducidad acción de grupo. Omisión reglamentaria. Zonas de dificil acceso.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120039801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCARLOS EDUARDO LARA BETANCOURTDEPARTAMENTO DE CAQUETÁNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar, declara probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, y en consecuencia, se inhibe de resolver. CASO: El señor Carlos Eduardo Lara presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento del Caquetá para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual se suprimieron unos cargos en la Secretaría de Educación Departamental y como consecuencia, se ordene su reintegro junto con el pago de todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde su desvinculación hasta cuando se haga efectivo su reintegro. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad no solo del acto administrativo general demandado sino también del acto de comunicación por medio del cual le informaron al actor su retiro del servicio por la supresión del cargo de Profesional Universitario que desempeñaba en la Secretaria de Educación Departamental, y a título de restablecimiento del derecho ordenó el reintegro del demandante y una indemnización no inferior a 6 meses ni superior a 24 meses de salario. Se revoca la sentencia, al encontrar que no se demandó el acto de comunicación por medio del cual se define la situación particular y concreta del demandante informándole su retiro del servicio porque la supresión del cargo que desempeñaba y en consecuencia, se declara probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse demandado todos los actos administrativos que componen la decisión acusada.

Retiro del servicio por supresión del cargo – ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse demandado el acto de comunicación.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120038501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLUIS ANGEL LOZADA OLAYADEPARTAMENTO DE CAQUETÁNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar, declara probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, y en consecuencia, se inhibe de resolver. CASO: El señor Carlos Eduardo Lara presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento del Caquetá para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual se suprimieron unos cargos en la Secretaría de Educación Departamental y como consecuencia, se ordene su reintegro junto con el pago de todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde su desvinculación hasta cuando se haga efectivo su reintegro. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad no solo del acto administrativo general demandado sino también del acto de comunicación por medio del cual le informaron al actor su retiro del servicio por la supresión del cargo de Profesional Universitario que desempeñaba en la Secretaria de Educación Departamental, y a título de restablecimiento del derecho ordenó el reintegro del demandante y una indemnización no inferior a 6 meses ni superior a 24 meses de salario. Se revoca la sentencia, al encontrar que no se demandó el acto de comunicación por medio del cual se define la situación particular y concreta del demandante informándole su retiro del servicio porque la supresión del cargo que desempeñaba y en consecuencia, se declara probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse demandado todos los actos administrativos que componen la decisión acusada.

Retiro del servicio por supresión del cargo – ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse demandado el acto de comunicación.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320170001601NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOHAROLD ALBERTO CORTESCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -CREMILNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda. CASO: El señor Harold Alberto Cortes presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual le negaron la reliquidación de su asignación de retiro y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada que reliquide su asignación de retiro tomando como base la asignación básica establecida en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000 y de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones de la demanda por considerar que frente al reajuste del 20% debía acudir primero al Ministerio de Defensa para que le reajustara su asignación básica y en relación con la forma de liquidación consideró que se encuentra conforme lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004. Se revoca la sentencia y en su lugar se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, al encontrar que la entidad demandada no liquidó la asignación de retiro del actor conforme a derecho, pues está deduciendo el 38,5% por concepto de prima de antigüedad del 70% de la asignación básica y no del 100% como corresponde.

Reajuste asignación de retiro – prima de antigüedad.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160102201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLUIS FABIÁN MESA RODRÍGUEZNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar, declara la nulidad del acto administrativo demandado y condena al pago de las diferencias salariales y prestacionales del actor. CASO: El señor Luis Fabián Mesa Rodríguez presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual le negaron la reliquidación de su asignación básica y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada al reconocimiento y pago del reajuste salarial del 20% a que tiene derecho de conformidad con el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones porque en dentro del plenario no reposaba prueba de que el demandante reunía los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia, tales como haber ingresado a las fuerzas militares antes del 31 de diciembre de 2000, como soldado voluntario y que por disposición del Comando General haya sido cambiado a soldado profesional. Se revoca la sentencia, al encontrar que el demandante si tiene derecho al reconocimiento y pago del reajuste salarial del 20% al demostrar que se vinculó como soldado voluntario antes del 31 de diciembre del 2000.

Reajuste de la asignación básica – soldado profesional.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333170220110001001REPARACION DIRECTASINFORIANO VILLEGAS PINEDANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Y OTRONESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la decisión adoptada por el a quo, quien negó las pretensiones de la demanda. CASO: Pretende el actor ser indemnizado por daños causados por la aspersión de químicos sobre un predio de su propiedad, ejecutada por la Policía Nacional. El Tribunal concluyó -tal como lo estimó el Juez de primera instancia, aunque mediante razonamiento diferente- que el demandante no logró demostrar la ocurrencia de los hechos supuestamente generadores del perjuicio reclamado, por lo que no puede predicarse responsabilidad administrativa alguna.

Aspersión
Química de cultivos
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16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001233100020110019700REPARACION DIRECTADINA LUZ SALDARRIAGA Y OTROSHOSPITAL MARÍA INMACULADA Y OTROSNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: Los actores promovieron demanda en contra del Hospital María Inmaculada, el Hospital Comunal Malvinas, EPS-S Asmetsalud y la Clínica Medilaser S.A., con el fin de que se les declarara solidariamente responsables por los perjuicios causados con la prestación indebida del servicio médico de salud a la señora Graciela Rodríguez Durán, que produjo su muerte el 26 de febrero de 2009.La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, niega las pretensiones de la demanda al encontrar que a la luz de lo probatoriamente acreditado no puede tenerse por demostrada la ocurrencia de irregularidades en la prestación de los servicios de atención médica de que fue objeto la señora Graciela Rodríguez, y que por el contrario, lo que esos medios de conocimiento ponen en evidencia es la corrección de los procedimientos surtidos.

Responsabilidad medica – no se acredito falla en la prestación de servicio medico
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16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300320170013701NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOHUGO RAFAEL GONZÁLEZ HERAZOCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -CREMILNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda. CASO: El señor Hugo Rafael González Herazo presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual le negaron la reliquidación de su asignación de retiro y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada que reliquide su asignación de retiro tomando como base la asignación básica establecida en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000 y de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones de la demanda por considerar que frente al reajuste del 20% debía acudir primero al Ministerio de Defensa para que le reajustara su asignación básica y en relación con la forma de liquidación consideró que se encuentra conforme lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004. Se revoca la sentencia y en su lugar se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, al encontrar que la entidad demandada no liquidó la asignación de retiro del actor conforme a derecho, al sumar el salario básico con el 38,5% por concepto de prima de antigüedad y al resultado sacarle el 70%.

Reajuste asignación de retiro – prima de antigüedad.16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170070001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSE HOMERO DERAZO ENRIQUEZCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -CREMILNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Modifica la sentencia de primera instancia para corregir el nombre del demandante y confirma en todo lo demás. CASO: El señor José Wilson Sánchez Quiroz presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual le negaron la reliquidación de su asignación de retiro y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada que reliquide su asignación de retiro tomando como base la asignación básica establecida en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000 y de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004. La Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones al considerar que la presunción de legalidad del acto administrativo demandado fue desvirtuada y que el demandante tiene derecho a que la entidad demandada reliquide su asignación de retiro. Se confirma la decisión, al encontrar que la entidad demandada no liquidó la asignación de retiro del acto conforme a derecho.

Reajuste asignación de retiro – prima de antigüedad.16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333170120110002801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLIGIA PENAGOS FLOREZNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y OTRA NESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Declara probada la excepción de prescripción, modifica los ordinales tercero, cuarto y quinto, en cuanto a las órdenes dadas respecto de la litisconsorte necesaria y la fecha a partir de la cual debe pagarse la prestación a la demandante y confirma en todo lo demás. CASO: La señora Ligia Penagos Florez presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que se declare la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales le negaron la sustitución de la pensión mensual de invalidez que percibía su compañero permanente Carlos Criollo Cárdenas y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la sustitución pensional. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones al considerar que la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados fue desvirtuada y que la demandante tiene derecho a la sustitución pensional que reclama. Se confirma la decisión, al encontrar acreditada la convivencia simultanea de la señora María Libia Campos y Ligia Penagos Florez con el causante durante los 5 años anteriores a su deceso, no obstante se modifica la decisión en cuando a las órdenes dadas respecto a la señora María Libia Campos, debido a que su vinculación fue como litisconsorte necesaria por pasiva y por tanto, no tiene pretensiones en el proceso.

Sustitución de la pensión de invalidez a la compañera permanente – convivencia simultanea.16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120150048101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOANGELINO NÚÑEZ CABRERAUNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL-UGPPPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se modifica el numeral TERCERO de la parte resolutiva del fallo de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada en el presente medio de control se circunscribe al cálculo y cuantificación del IBL de la mesada pensional del señor ANGELINO NÚÑEZ CABRERA, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, pues la Caja Nacional de Previsión Social, al momento de liquidar su prestación económica, omitió calcular el monto pensional con base en todos los factores salariales devengados durante ese lapso, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y en el Decreto 1045 de 1978 por ser beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Indicó el A quo que de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 , los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho en la liquidación de la pensión de jubilación a la inclusión de la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicio inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del status pensional. Por su parte, esta Corporación señaló que en la actuación administrativa acusada se hace referencia a que para la liquidación de la pensión del actor sólo se incluyeron los factores enlistados en el referido Decreto 1158 de 1994, encontrándose probado que la entidad accionada al momento de liquidar la pensión, si bien es cierto lo hizo en aplicación del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo referente al promedio del sueldo devengado durante los últimos 10 años -postura jurisprudencial actual del Órgano de Cierre de esta jurisdicción-, también lo es que no se dio estricta aplicación a la inclusión de todos los factores salariales que fueron devengados por el actor y que coinciden con los enlistados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, el cual modificó el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, tales como: horas extras, bonificación por servicios, recargos nocturnos y horas festivas, existiendo plena presunción de que sobre ellos efectuó cotización por expreso mandato del artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 y en tal sentido la sentencia de primera instancia fue modificada.

Reliquidacion pension-transicion.03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170035001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHORAFAEL LOSADAADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONESPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda, pero por las razones expuestas por el Ad quem. CASO:La controversia jurídica planteada en el presente medio de control se circunscribe al cálculo y cuantificación del IBL de la mesada pensional del señor RAFAEL LOSADA, con la inclusión de todos los factores salariales por él devengados en el último año de servicios, pues al momento de liquidarse su prestación económica, COLPENSIONES omitió calcular el monto pensional con base en todos los factores salariales devengados durante ese lapso, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y en el Decreto 1045 de 1978 al ser beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La jueza de primera instancia negó las pretensiones al considerar que el señor RAFAEL LOSADA, nació el 21 de diciembre de 1956 (f. 3, del expediente), por lo que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 sólo contaba con 38 años de edad y, 14 años y 7 meses de servicios, por lo que no le asiste el derecho que invoca, toda vez que no lo ampara el régimen de transición que pretende le sea aplicado. El Ad quem consideró que si bien el actor no cumple las exigencias legales para ser amparado bajo el régimen de transición, lo cierto es que no se puede efectuar un pronunciamiento sobre un aspecto que no fue planteado en el libelo introductorio, en tanto el presente análisis debe circunscribirse únicamente a definir sobre la legalidad de las Resoluciones Nros GNR 241846 del 18 de agosto de 2016 y VPB 43074 del 30 de noviembre de 2016, por las cuales se negó la reliquidación pensional al actor y el consecuente restablecimiento del derecho; pues, independientemente de la forma como operó el reconocimiento pensional, es evidente que de lo que se duele es de la forma como se le ha venido liquidando su pensión al reconocerse por la administración su calidad de beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, en virtud de la regla jurídica trazada por el precedente de unificación de la Sala Plena del H. Consejo de Estado y por la misma H. Corte Constitucional, aplicable al sub examine, se advierte que el derecho pensional de vejez reconocido al accionante, contraría los referidos pronunciamientos en la medida en que el cálculo del IBL no debe someterse a los parámetros previstos en los artículos 1° y 3º de la Ley 33 de 1985 -no obstante haberlo considerado la entidad demandada como beneficiario del régimen de transición según el reconocimiento pensional a él efectuado-, sino conforme al contenido del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que no se hizo en los actos administrativos de reconocimiento y reliquidación prestacional; siendo, entonces, que tal arista para determinar el quantum de la pensión está excluida del régimen de transición. En consecuencia, no es procedente acceder a la reliquidación de la pensión en los términos planteados por la parte demandante, en tanto para efectuar la liquidación de las prestaciones que se encuentran en transición, ha de tenerse como base la edad, el tiempo y el monto; no obstante, para efectos de calcular el IBL -ahora bajo el entendido de ser un elemento no comprendido en el concepto de monto-, debe estarse a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto es la regla que opera actualmente, con inclusión –dice la subregla- de todos aquellos factores que fueron objeto de aportes a pensión y que se encuentren señalados para el efecto en la ley, que para los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es el Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6º del Decreto 691 de 1994.

Reliquidacion pension-transicion.03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320150031001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSE FRANCISCO CORREA CAQUIMBODEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ- ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la actora, para en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 0000455 del 3 de febrero de 2015, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la prima de vacaciones por el año 2013, dentro del período constitucional 2012 a 2015, en el que fungió como diputado de dicha corporación. La jueza de primera instancia negó las pretensiones al considerar que de acuerdo al régimen salarial y prestacional de los diputados, en principio, tienen derecho al reconocimiento del auxilio de cesantía, pensión de jubilación, pensión de invalidez, seguro por muerte, auxilio por enfermedad no profesional, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, y gastos de entierro y, adicionalmente al reconocimiento de la prima de navidad, conforme a lo previsto en la Ley 4ª de 1966, por lo que, ni la Ley 6a de 1945 ni las normas expedidas con posterioridad hacen relación a la prima de vacaciones y de servicios como factores salariales, situación que impide su reconocimiento y pago, por ausencia de norma legal que así lo regule. Que si bien ello es así, con la expedición de la Ley 1781 de 2017, “por medio de la cual se dicta el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones”, en la actualidad a los diputados le son reconocidos las siguientes prestaciones, a saber: i) auxilio de cesantías e intereses de cesantías; ii) prima de navidad; ii) vacaciones y prima de vacaciones; iii) capacitación, y iv) gastos de viaje. Razón por la cual se podría pensar que el actor tendría derecho a la prima de vacaciones, empero, como para la fecha de entrada en vigencia de la referida ley -12 de octubre de 2017-, no fungía como diputado del Departamento del Caquetá, las pretensiones no están llamadas a prosperar, habida cuenta que el régimen vigente para los períodos que reclama el actor no preveía dichos emolumentos en favor de dichos servidores públicos. Por su parte, esta Corporación consideró que, ante la ausencia en el sub judice de la explicación del concepto de la violación de las normas superiores señaladas como vulneradas en el libelo demandatario -ni siquiera mínimamente-, se configura la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, la cual se decretará en esta providencia, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 187 del CPACA , al no cumplirse con el requisito previsto en el No. 4 del art. 162 del CPACA, ibídem. A su juicio, el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no alegados, ni oficiosamente buscar las posibles causas de nulidad de los actos acusados, en tanto su labor se limita a estudiar las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad expuestas en la demanda, lo que implica que se satisfaga la exigencia de una carga mínima de argumentación, pues ésta constituye requisito sine qua non para que el debate de constitucionalidad o de legalidad se trabe en debida forma, y gire en torno a problemas jurídicos claramente discernibles.

Reconocimiento Prestaciones Sociales- Diputados.03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001233300220150026201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSE FRANCISCO CORREA CAQUIMBODEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ- ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la actora, para en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 0000449 del 3 de febrero de 2015, por medio de la cual se le negó el reconocimiento y pago de la prima de servicios y prima de vacaciones por los años 2012 y 2013, dentro período constitucional 2012 a 2015, en el que fungió como diputado de dicha corporación. La jueza de primera instancia negó las pretensiones al considerar que de acuerdo al régimen salarial y prestacional de los diputados, en principio, tienen derecho al reconocimiento del auxilio de cesantía, pensión de jubilación, pensión de invalidez, seguro por muerte, auxilio por enfermedad no profesional, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, y gastos de entierro y, adicionalmente al reconocimiento de la prima de navidad, conforme a lo previsto en la Ley 4ª de 1966, por lo que, ni la Ley 6a de 1945 ni las normas expedidas con posterioridad hacen relación a la prima de vacaciones y de servicios como factores salariales, situación que impide su reconocimiento y pago, por ausencia de norma legal que así lo regule. Que si bien ello es así, con la expedición de la Ley 1781 de 2017, “por medio de la cual se dicta el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones”, en la actualidad a los diputados le son reconocidos las siguientes prestaciones, a saber: i) auxilio de cesantías e intereses de cesantías; ii) prima de navidad; ii) vacaciones y prima de vacaciones; iii) capacitación, y iv) gastos de viaje. Razón por la cual se podría pensar que el actor tendría derecho a la prima de vacaciones, empero, como para la fecha de entrada en vigencia de la referida ley -12 de octubre de 2017-, no fungía como diputado del Departamento del Caquetá, las pretensiones no están llamadas a prosperar, habida cuenta que el régimen vigente para los períodos que reclama el actor no preveía dichos emolumentos en favor de dichos servidores públicos. Por su parte, esta Corporación consideró que, ante la ausencia en el sub judice de la explicación del concepto de la violación de las normas superiores señaladas como vulneradas en el libelo demandatario -ni siquiera mínimamente-, se configura la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, la cual se decretará en esta providencia, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 187 del CPACA , al no cumplirse con el requisito previsto en el No. 4 del art. 162 del CPACA, ibídem. A su juicio, el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no alegados, ni oficiosamente buscar las posibles causas de nulidad de los actos acusados, en tanto su labor se limita a estudiar las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad expuestas en la demanda, lo que implica que se satisfaga la exigencia de una carga mínima de argumentación, pues ésta constituye requisito sine qua non para que el debate de constitucionalidad o de legalidad se trabe en debida forma, y gire en torno a problemas jurídicos claramente discernibles.

Reconocimiento Prestaciones Sociales- Diputados.03/05/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160075701NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJULIO CÉSAR RINCÓN MONROYUNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL-UGPPPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se revoca el numeral TERCERO de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia y, en consecuencia, se mantiene incólume la legalidad del acto acusado. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del oficio de fecha 18 de marzo de 2016, radicado No. 201611100459841, expedido por MINSALUD, y el oficio del 29 de abril de 2016, radicado No. 201614201256691, recibido el 6 de mayo de 2016, expedido por la U.G.P.P., por medio de los cuales se negó el reconocimiento y cancelación de intereses moratorios como consecuencia del pago tardío de la pensión gracia al actor. A título de restablecimiento del derecho, se solicita el pago de los intereses moratorios, mes a mes, desde el 2 de septiembre de 2010 -fecha en la que le fue reconocido el derecho- y hasta el 29 de junio del 2011 -día en que se hizo efectivo el pago-, conforme a la Resolución No. PAP 049443 fechada el 19 de abril de 2011.

El A quo indicó que no era procedente acceder a la pretensión sobre el reconocimiento y pago de intereses moratorios por la tardanza en el reconocimiento de la pensión gracia, pues mientras se definía si el actor tenía o no derecho a la prestación, era claro que aún no había un derecho adquirido, en tanto el mismo se encontraba en discusión; sin embargo, reconoció la indexación de las mesadas pensionales, aunque sin lugar al restablecimiento del derecho, en tanto había operado el fenómeno de la prescripción. Por su parte, el Tribunal, en segunda instancia, señaló que no había lugar a pronunciarse sobre los argumentos de la alzada en tanto que lo que fue objeto de demanda y resuelto por el juez de instancia benefician a la parte recurrente -entidad accionada-. No obstante, se revocó el numeral tercero de la sentencia, habida consideración de hallar acreditado que la parte actora en ningún momento pretendió la indexación de las mesadas pensionales causadas entre el mes de septiembre de 2010 y el mes de junio de 2011 cuando le fue reconocido el derecho prestacional al actor, como se dispuso en dicho numeral, ya que la petición que presentó ante la administración y los mismos actos administrativos cuestionados, solo daban cuenta de una solicitud de reconocimiento y pago de intereses moratorios en los precisos términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Intereses moratorios mesadas pensionales.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170015001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSE AYALA BASTIDASNACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del oficio Nº 20145660420701: MDN-CGFM-CE-JEDHE-DIPER-NOM de fecha 28 de abril de 2014, por el cual se le negó al actor el derecho al cómputo de la prima de actualización, en la reliquidación y correspondiente ajuste de la asignación de retiro al actor; solicitando a título de restablecimiento del derecho computar la prima de actualización y reajustar la respectiva asignación de retiro de conformidad con la Ley 4ª de 1992 y los Decretos 335 de 1992, 025 de 1993 y 133 de 1995, a partir del 1 de enero de 1992.
La iudex a quo negó las pretensiones de la demanda, señalando que a partir del 1 de enero de 1.996 la prima de actualización ya debía encontrarse incorporada en los sueldos y/o asignaciones del personal de las Fuerzas Militares, esto es, que sus asignaciones básicas y/o asignaciones de retiro ya estarían para ese momento nivelados, y como la asignación del retiro del actor le fue reconocida con posterioridad a esa fecha, no le asiste el derecho que invoca; postura que compartió esta Corporación en tanto que confirmó tal decisión.

Reajuste asignacion de retiro-prima de actualizacion.09/05/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160084801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLIBARDO ROJASNACIÓN – MINDEFENSAYANETH REYES VILLAMIZAR

Caso: Soldado Profesional solicita que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual se negó la reliquidación de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta la partida de subsidio familiar, y negó el reajuste de la pensión de invalidez estableciendo que al monto resultante de aplicar el porcentaje de pensión de invalidez a la asignación básica se le adicione el porcentaje de prima de antigüedad a que tiene derecho de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 18 del Decreto 4433 de 2004. 1ra Instancia: ORDENÓ a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA, reliquidar la pensión de invalidez incluyendo el subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro, y negó el reajuste de la pensión de invalidez adicionando la prima de antigüedad, al considerar que la misma se encuentra ajustada. 2da Instancia: Analizó la Sala que que para los soldados retirados por pérdida de la capacidad laboral, no es procedente la aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, toda vez que dicha disposición solo es aplicable a las asignaciones de retiro con un mínimo de 20 años de servicio, por lo tanto la manera de liquidarse la pensión de invalidez para el caso sub examine es la consagrada en los artículos 18 y 32 del Decreto 4433 de 2004. Resolvió modificar la sentencia de primera instancia y ORDENÓ a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA, reliquidar la pensión de invalidez del actor sobre el 50% del salario básico devengado en actividad, sumado al 38,5% de la prima de antigüedad, valor que debe extraerse del 100% del salario básico mensual, sin realizar doble afectación de la partida computable como lo ordenó la primera instancia.

Reajuste Pensión de Invalidez - Prima de antigüedad.16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160096501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODAVID MARTINEZ GARZONNACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL YANETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Solicita la reliquidación de salario mensual pagado, tomando como asignación básica la establecida en el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 (salario mínimo incrementado en un 60%), y en consecuencia se reliquiden las prestaciones sociales que como soldado profesional devengó. 1ra Instancia: NEGÓ las pretensiones de la demanda, argumentando que si bien se logró establecer que el actor es soldado profesional, lo cierto es, que dentro del plenario no obra prueba tendiente a establecer que el actor reúne los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia, los cuales no son otros, que haber ingresado a las Fuerzas Militares en virtud de la Ley 131 de 1985, esto es, antes del 31 de diciembre de 2000, por lo tanto incumplió con la carga de probar los supuestos de hechos que pretendía hacer valer. 2da Instancia: Analizó la Sala que dentro del expediente obra OAP No. 001175 del 20 de octubre de 2013, por medio de la cual el Ejército Nacional incorporó de soldados voluntarios a soldados profesionales, entre otros, al actor, a partir del 01 de noviembre de 2003, siendo aportada junto con la demanda inicial, de lo que se desprende, que sí existía prueba dentro del plenario, que acreditara que el actor, previo a vincularse como soldado profesional se encontraba vinculado como soldado voluntario, contrariando lo afirmado por el a quo. Resolvió REVOCAR la sentencia apelada y ORDENÓ a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, reajustar el salario básico mensual del actor, tomando como base para su liquidación un (01) salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60% de conformidad con el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000; así como el reajuste y pago del incremento de las prestaciones sociales que en su condición de soldado profesional le han sido reconocidas al demandante.

Reajuste Asignación de Retiro - Prima de antigüedad. Prohibición de doble afectación.16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120040001REPARACION DIRECTAFAISURY GARCÍA GUZMAN Y OTROSMUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁYANETH REYES VILLAMIZAR

Caso: Pretende que se declare que el MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA es administrativa y patrimonialmente responsable de todos los perjuicios materiales e inmateriales que les fueron causados a los demandantes, derivados de la muerte del señor NSD el día 22 de julio de 2010, ocurrida mientras se encontraba haciendo una excavación para el alcantarillado del municipio de Cartagena del Chairá, en ejecución del contrato de obra pública 017. 1ra Instancia: Analizó el estudio del asunto bajo el régimen objetivo de responsabilidad de riesgo excepcional y resolvió DECLARAR la responsabilidad administrativa extracontractual el municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, por la muerte del señor NSD, ocurrida el 22 de julio de 2010, y ordenó cancelar perjuicios morales y materiales a favor de los demandantes. 2da Instancia: Analizó la Sala que i) el asunto debe analizar bajo el régimen subjetivo de falla del servicio, teniendo en cuenta que la víctima directa fue quien ejerció la actividad peligrosa, por lo tanto se debe probar la falla en la que incurrió la entidad; ii). reconoció que las pruebas en primera instancia fueron debidamente valoradas, siendo que para promover la tacha o desconocimiento del documento debió haber sido al momento de ser decretadas las pruebas en audiencia inicial, y no en el trámite de segunda instancia, iii) Entre el contratista y el occiso no existía un vínculo laboral, puesto que el primero contrató al segundo para que ejerciera la función de maestro para la construcción del alcantarillado dentro del Contrato de Obra No 0017 de 2010 con el municipio de Cartagena del Chairá, ello quiere decir, que ante la inexistencia del vínculo laboral desaparece la carga prestacional propia de las relaciones laborales, pues se destaca que en el contrato no se presenta la subordinación, no se exige el cumplimiento de horario, como tampoco la prestación personal del servicio, es decir, que entre el contratista y el occiso existía un contrato civil de obra, razón por la cual el occiso era quien debía velar por el cumplimiento de las normas en cuanto a su persona y en cuanto a las personas que contrató como ayudantes. Resolvió REVOCAR la sentencia de primera instancia y negar las súplicas de la demanda.

Muerte por alud de tierra. Responsabilidad Subjetiva del Estado. Ausencia de vínculo laboral entre la víctima y el contratista estatal o la entidad pública. No se probó la falla del servicio imputable a la administración.16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120190018901TUTELACAMILO ERNESTO ORTIZ ROJASCOMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTROSLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Solicitó se ordenara su reintegro al cargo que venía desempeñando en provisionalidad, el cual fue provisto como consecuencia de la aplicación de una lista de elegibles, ello en atención a la especial condición de padre cabeza de familia que ostentaba 1ª Inst.: El A quo negó por improcedente el amparo constitucional solicitado por el actor a través de apoderado judicial, en consideración a que la lista de elegibles estaba conformada para proveer las vacantes definitivas de la convocatoria No. 426 de 2016, surgiendo derechos subjetivos en favor de los participantes que no podían ser desconocidos por una acción de amparo constitucional, máxime cuando el actor no contaba con una estabilidad reforzada, por lo que su despido no podía catalogarse como irregular o injusto, pues obedeció a causales objetivas. 2ª Inst.: En esta instancia modificó la decisión del fallador de instancia declarando la improcedencia de la acción constitucional al constatarse que el actor contaba con otro medio de defensa judicial para lograr lo que pretendía mediante la acción constitucional, circunstancia que la tornaba improcedente. Adicionalmente, se expuso que la alegada condición de padre cabeza de familia no fue puesto en conocimiento por parte del actor a la entidad, por lo que esta no tuvo forma de enterarse previo a proveer en propiedad el cargo del actor.

Improcedencia por no superar los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional.20/05/2019SENTENCIA-Ver
18001234000420160002000NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJHON JAIRO BURGOS NAÑEZ Y OTROSNACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONALYANETH REYES VILLAMIZAR

Caso: Pretende la parte actora que se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial de la NACIÓN – MINDEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, y se ordene el pago de los perjuicios morales, materiales y de daño a la salud, derivados de los reportes presentados por los superiores que no correspondían a la verdad sobre los hechos ocurridos en el departamento de Caquetá antes, durante y después del 21 de junio del año 2010, lo cual sirvió de soporte para la apertura de procesos penales y disciplinarios, y el posterior retiro discrecional de los militares. 1ra Instancia: Analizó la Sala que no existe daño antijurídico que reparar toda vez que el retiro del servicio se da por Orden Administrativa de Personal que goza de presunción de legalidad y no fue demandada, no siendo la reparación directa la vía para reclamar dichos perjuicios; y el inicio de una investigación penal o disciplinaria no puede ser considerado por sí mismo un daño, sino la carga mínima que todos los servidores públicos deben afrontar. Resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora.

Ausencia de Daño Antijurídico frente a Investigación penal y disciplinaria es una carga mínima que deben asumir los servidores públicos daño antijurídico.
Daño derivado de retiro del servicio por acto administrativo de facultad discrecional no fue demandado y se presume legal.
16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120015501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOELSA PIEDAD URUEÑA CUBILLOSDEPARTAMENTO DEL CAQUETÁLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Mediante Decreto 001847 del 16 de julio de 2010, se nombró a la demandante en el cargo de Profesional Especializado Código 222 Grado 02, en la División Financiera adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, posesionándose el día 16 de julio de 2010.Por Decreto 001865 del 23 de julio de 2010, la Gobernadora encargada del Departamento del Caquetá decidió, trasladar a la libelista a la Secretaría de Planeación Departamental, siendo declarada insubsistente el 10 de enero de 2012 por Decreto 000034. Se aseguró, que el acto administrativo que se acusaba no fue motivado, siendo expedido con desconocimiento de los Derechos de audiencia y de defensa, con desviación de poder y en uso de una facultad discrecional carente de fundamento legal por la clase de vinculación de la actora 1ª Inst.: El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia-Caquetá, profirió fallo el veintiséis (26) de agosto de 2016, negando las pretensiones de la demandada, debido a que consideró que de las pruebas recaudadas se logró establecer con toda claridad, que el cargo que desempeñaba la demandante estaba clasificado dentro de la planta de personal de la Entidad como de libre nombramiento y remoción, toda vez, que estaba adscrito al Despacho del señor Gobernador y que con él se ejercieron funciones de dirección, confianza y manejo, por lo que el acto de desvinculación de la actora no necesitaba de motivación, en la medida en que la selección de este tipo de personal, supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza y se presume que su motivación obedece a razones del buen servicio. Añadió el fallador de instancia, que la actora no gozaba de estabilidad relativa, y podía ser retirada del servicio, en virtud de la facultad discrecional del nominador, asegurando finalmente, que no se logró demostrar intereses personales o caprichosos para adoptar el acto administrativo de insubsistencia. 2ª Inst.: En esta instancia se confirma la decisión de primera instancia, por cuanto se acreditó en el cargo que ocupó la demandante convergían los dos requisitos alternativos exigidos por la jurisprudencia constitucional –naturaleza de las funciones y, grado de confianza en el ejercicio de responsabilidades-, para que un empleo se considerara de libre nombramiento y remoción.

Declaratoria de insubsistencia de cargo de libre nombramiento y remoción30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001233100320120010200REPARACION DIRECTAEZEQUIEL FAJARDO CERQUERA Y OTROSMINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos -en resumen-, se circunscriben a que el día 9 de mayo de 2011, el señor Emiro Fajardo Cerquera y otras personas más, fueron atacados de forma indiscriminada por parte una patrulla del Ejército Nacional, con ocasión de lo cual resultaron varios heridos, y murió el señor Jefferson Cárdenas. Se indicó que, no cabía duda sobre la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública, considerando que luego de haberle hecho más de 112 disparos al automotor, se dirigieron a donde se resguardaban los heridos, a pedir disculpas por que habían cometido un error.
1ª Inst.: La Sala accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por encontrar probado que en efecto el señor Emiro Fajardo Cerquera –hermano de los demandantes- sufrió un ataque indiscriminado por parte del Ejército Nacional. Sin embargo, solo se reconocen perjuicios morales en favor de dos de los demandantes, por haberse rechazado la demanda respecto de los demás, aunado al hecho que no se cuantificó el daño, por lo cual en aplicación del Arbitrio Iuris, se liquidaron los perjuicios como si se tratara del daño mínimo.

Falla en el servicio – ataque a población civil30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320160025700NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOMARTÍN EMILIO GARCÍA HERRERAMINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO:

Los hechos que dan soporte a las pretensiones –en resumen- se circunscriben a que el señor Martín Emilio García Herrera laboró al servicio del Ejército Nacional durante 20 años, 7 meses y 27 días, siendo retirado por solicitud propia el 26 febrero de 2015 mediante Resolución nro. 317 de la misma fecha, y habiéndole sida reconocida asignación de retiro por medio de Resolución Nro. 4550 del 29 de mayo de 2015 -la cual fue liquidada en un 70% de su asignación básica-, el actor mostró su inconformidad, como quiera que a su juicio, en los años 1999, 2002, 2003 y 2004, su asignación básica fue incrementada en un porcentaje inferior al IPC, generando un impacto directo en la asignación de retiro que le fue reconocida.

1ª Inst.:

Se niegan las pretensiones de la demanda, considerando que no resulta ajustado a derecho que el mecanismo previsto para el reajuste de las pensiones del régimen ordinario -variación porcentual del índice de precios al consumidor, cuando es superior al porcentaje que arroja el principio de oscilación- se aplique al salario básico del actor cuando se hallaba en servicio activo.

Reajuste ipc en salarios percibidos en actividad por retirado30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220120018001REPARACION DIRECTASANTIAGO CAMPBELL SILVA IDESAC EN LIQUIDACIÓN Y OTRO LUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la acción incoada, se circunscriben a que el IDESAC en Liquidación –a través de su Directora Técnica de Prestación de Servicios-, expidió órdenes de servicios médicos para que fueran cumplidas por el demandante, quien luego de haber dado cumplimiento a dichas órdenes, expidió cuentas de cobro y facturas según los parámetros del IDESAC en liquidación, sin que a la fecha de presentación de la demanda se le hubieren cancelado las sumas facturadas, máxime cuando el Departamento del Caquetá, liquidó dicha Entidad y creó la Secretaria de Salud Departamental. 1ª Inst.: El a quo accedió a las pretensiones de la demanda, al sostener que en el caso concreto se acreditó la prestación del servicio médico, se probó la autorización o solicitud ante el IDESAC para la realización y prestación de los servicios por medicina interna y consulta externa, y se evidenció la responsabilidad y la obligación del Instituto Departamental del Caquetá, demostrándose además que la prestación del servicio médico fue urgente, y necesario para evitar una amenaza o una lesión irreversible al derecho a la salud de quienes fueron atendidos, quienes además, pertenecían al régimen subsidiado de salud. 2ª Inst.: La sala revoca la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, al encontrar probado que las órdenes de prestación de servicios emitidas por el extinto IDESAC –y cumplidas por el hoy demandante-, no evidenciaban una urgencia o necesidad del servicio como para imposibilitar de forma absoluta a las partes para adelantar el correspondiente proceso de contratación.

Actio in rem verso30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160076701NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOGERÓNIMO GRAJALES RAMIREZNACION-MINEDUCACIÓN - FONPREMAGLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda –según se narra-, se circunscriben a que al actor le fue reconocida pensión de jubilación mediante Resolución nro. 206 del 27 de junio de 2014, equivalente al 75% del promedio mensual devengado durante su último año de servicios, pero sin inclusión de la prima de navidad como factor salarial. Con ocasión de lo anterior, el 2 de julio de 2015 el accionante solicitó la reliquidación de su pensión, obteniendo respuesta desfavorable por medio de la Resolución nro. 358 del 22 de diciembre de 2015. 1ª Inst.: Accedió a las súplicas de la demanda declarando la nulidad del acto administrativo enjuiciado, y ordenando a la Nación – Ministerio de Educación - Fonpremag reconocer, reliquidar y pagar la pensión de jubilación del actor, con base en el 75% de lo devengado durante el último año de servicios, desde la fecha de adquisición del status de pensionado, es decir, con inclusión –además de los ya reconocidos- de la prima de navidad como factor salarial. Así mismo ordenó a la Entidad efectuar los descuentos por cotizaciones a que hubiere lugar, atendiendo los factores sobre los cuales no se hubieren realizado. 2ª Inst.: La sala revoca la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, en aplicación de la sentencia de unificación proferida de forma reciente por el Consejo de Estado, conforme la cual, los factores salariales serán aquellos sobre los cuales se hicieron los respectivos aportes, que no son otros que los enlistados de forma expresa en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

Reliquidación pensión docente30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420190021701TUTELAJHONATAN CALAPZU MARIN NACION-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El actor Ingresó el 2 de marzo de 2012 como soldado voluntario a prestar su servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional, empezando posteriormente el 10 de mayo de 2014 su carrera como soldado profesional. Durante la actividad militar adquirió la costumbre de consumir sustancias alucinógenas, las cuales le crearon una dependencia, ello, cuando cursó el curso EXDE (Explosivos). A partir del 07 de diciembre del año 2017, empezó a disfrutar de sus vacaciones, las cuales culminaban el 16 de enero de 2018, fecha para la cual no se reincorporó en sus actividades laborales debido a la pérdida de conciencia que padecía por el consumo de sustancias alucinógenas. En razón de ello, la entidad profirió la orden administrativa No. 1396, por medio de la cual, lo desvinculó del servicio.1ª Inst.: el juez de primera instancia amparó los derechos a la salud, debido proceso y sujeto de especial protección constitucional del actor, ordenando a la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional- Batallón de Infantería de Montaña No. 34 “Juanambú” que en el término de 48 horas suspendiera los efectos del acto administrativo contenido en la orden administrativa de personal No. 1936 del 18 de abril de 2018, únicamente respecto del señor CALAPZU MARÍN, debiendo reintegrarlo a sus filas en el grado de soldado profesional en una actividad que se ajena al uso y porte de armas de fuego hasta tanto exista certificación idónea del médico tratante que así lo determine. Así mismo, que autorizara los servicios médicos del actor garantizándole toda la atención médica psiquiátrica y hospitalaria que requiera para adelantar su tratamiento y superar su adicción. El amparo concedió de manera transitoria por el término de cuatro (4) meses, tiempo dentro del cual, deberá atacar la legalidad de la orden administrativa de personal No. 1936 del 18 de abril de 2018. Lo anterior, en consideración a que la inasistencia al servicio del actor se encontró justificada en el estado de inconciencia en que se encontraba generado por las sustancias psicotrópicas que ingirió, adquiriendo una condición especial reforzada desde la óptica constitucional. 2ª Inst.: Esta Sala declaró improcedente la acción constitucional respecto del reintegro y el amparo transitorio concedido y conservó el amparo al derecho a la Salud del actor, ello por cuanto, no emergieron elementos de juicio suficientes que llevaran a la Sala a la convicción referida a que luego del conocimiento que tuvo sobre su desvinculación del cargo que ostentaba en el Ejército Nacional, el ex militar continuó durante los 4 meses siguientes –o incluso antes de acudir al amparo constitucional -en estado de disminución de su capacidad mental que no le permitiera comprender lo sucedido, como para predicar una situación excepcional en la cual resulta “exagerado exigir el agotamiento previo de la totalidad de los recursos o medios ordinarios (administrativos o judiciales), como condicionamiento para acceder al amparo constitucional.

Declara improcedente acción de tutela para ordenar reintegro de militar pero amparó el derecho a la salud05/06/2019SENTENCIA-Ver
18001233300320170005100NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOOLMEDO NAHUM DIAZNACION-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El señor Olmedo Nahum Díaz laboró al servicio del Ejército Nacional durante 23 años, 11 meses y 13 días, siendo retirado por solicitud propia el 30 mayo de 2003 mediante Resolución nro. 478 de la misma fecha, y habiéndole sido reconocida asignación de retiro por medio de Resolución Nro. 2671 del 14 de agosto de 2003 -la cual fue liquidada en un 82% de su asignación básica-, el actor mostró su inconformidad, como quiera que a su juicio, en los años 1999 a 2003, su asignación básica fue incrementada en un porcentaje inferior al IPC, generando un impacto directo en la asignación de retiro que le fue reconocida. 1ª Inst.:Esta Sala declara probada la excepción de prescripción extintiva, considerando que para la fecha en la cual peticionó a la entidad demandada el reajuste de sus salarios –esto es el 6 de mayo de 2016, su derecho ya había prescrito, y por tanto, perdió su oportunidad para reclamar el reajuste por IPC de los salarios recibidos durante los años 1997 a 2003.

Reajuste ipc de salario en actividad de un servidor ya retirado06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120100041901REPARACION DIRECTAMARÍA LOURDES FIGUEROA GÓMEZ Y OTROSSUPERFINANCIERA Y OTROSLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos -en resumen- se circunscriben a que la empresa PROYECCIONES DRFE inició sus operaciones de captación de dinero masivo del público desde el año 2008, ofreciendo jugosos intereses y altos rendimientos a sus ahorradores. Por la anterior razón, los demandantes invirtieron varias sumas de dinero –como a continuación se relaciona-, asegurando que el Gobierno Nacional -a través de la Superintendencia Financiera- omitió sus funciones de vigilancia y control, con lo cual a su juicio, son responsables de los perjuicios causados ante la declaratoria del Estado de Emergencia Social –mediante la cual se ordenó la intervención y posterior cierre de la empresa DRFE. 1ª Inst.: El Juez de Primera Instancia, desestimó las pretensiones de la demanda, pues luego de efectuar un recuento normativo de las atribuciones y funciones de las entidades demandadas, no encontró que estas hubieren incurrido en las omisiones acusadas, sino que, por el contrario, actuaron debidamente y advirtieron a la ciudadanía sobre las captaciones ilegales emergentes, pese a lo cual los actores decidieron invertir sus dineros en la empresa DRFE. 2ª Inst.: Esta Sala confirma la decisión de primera instancia, al no encontrar conducta omisiva alguna en el actuar de las entidades públicas demandadas, que pudiera configurar una falla del servicio, en razón a que cada una de ellas, respecto del alcance de sus competencias, adelantó las actuaciones que le eran exigibles legalmente.

Captación ilegal06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120100041701REPARACION DIRECTANASILE GUERRA LOZANO
Y OTROS
SUPERFINANCIERA Y OTROSLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos -en resumen- se circunscriben a que la empresa PROYECCIONES DRFE inició sus operaciones de captación de dinero masivo del público desde el año 2008, ofreciendo jugosos intereses y altos rendimientos a sus ahorradores. Por la anterior razón, los demandantes invirtieron varias sumas de dinero –como a continuación se relaciona-, asegurando que el Gobierno Nacional -a través de la Superintendencia Financiera- omitió sus funciones de vigilancia y control, con lo cual a su juicio, son responsables de los perjuicios causados ante la declaratoria del Estado de Emergencia Social –mediante la cual se ordenó la intervención y posterior cierre de la empresa DRFE. 1ª Inst.: El Juez de Primera Instancia, desestimó las pretensiones de la demanda, pues luego de efectuar un recuento normativo de las atribuciones y funciones de las entidades demandadas, no encontró que estas hubieren incurrido en las omisiones acusadas, sino que, por el contrario, actuaron debidamente y advirtieron a la ciudadanía sobre las captaciones ilegales emergentes, pese a lo cual los actores decidieron invertir sus dineros en la empresa DRFE. 2ª Inst.: Esta Sala confirma la decisión de primera instancia, al no encontrar conducta omisiva alguna en el actuar de las entidades públicas demandadas, que pudiera configurar una falla del servicio, en razón a que cada una de ellas, respecto del alcance de sus competencias, adelantó las actuaciones que le eran exigibles legalmente.

Captación ilegal06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001233300120180003600NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOMARÍA FARIDE MARÍN DE MONTEALEGRENACIÓN – MINEDUCACIÓN – FOMAG.NESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

1ª Inst.: Niega las pretensiones de la demanda. CASO: La demandante –a través de apoderado- solicitó se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución No. 00299 del 30 de octubre de 2009, por medio de la cual se reliquidó su pensión de jubilación, la que -en su concepto- resulta ilegal por no dar aplicación a las normas en que debía fundarse. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la entidad demandada reliquidar su pensión de jubilación, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus de pensionada. La Corporación negó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que en aplicación de la reciente sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 , en la cual dejo sentada su posición el H. Consejo de Estado en materia de los factores a tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación de los afiliados al Fomag, vinculados antes de la Ley 812 de 2003, se acreditó que su prestación se había liquidado conforme a los factores salariales sobre los que efectivamente había cotizado al sistema de pensiones.

Reliquidación Pensión de Jubilación – IBL28/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170039601NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLUIS ALBEIRO OSORIO PATIÑONACIÓN – MINEDUCACIÓN – FOMAG.NESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda. CASO: El demandante –a través de apoderado- solicitó se declare la nulidad del acto administrativo contenido en oficio sin número, de 27 de marzo de 2017, por medio del cual la entidad demandada negó la reliquidación de su pensión de jubilación, decisión que -en su concepto- resulta ilegal por no fundarse en las normas de pertinente aplicación a su caso, al no incluir la prima de navidad como factor salarial adicional a los inicialmente reconocidos en la pensión. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la entidad demandada reliquidar su pensión de jubilación, incluyendo dentro del cálculo del ingreso base de liquidación -en adición a los factores ya utilizados- la prima de navidad devengada en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus de pensionada. La Corporación revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que en aplicación de la reciente sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 , en la cual dejo sentada su posición el H. Consejo de Estado en materia de los factores a tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación de los afiliados al Fomag, vinculados antes de la Ley 812 de 2003, se acreditó que su prestación se había liquidado conforme a los factores salariales sobre los que efectivamente había cotizado al sistema de pensiones.

Reliquidación Pensión de Jubilación – IBL28/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220120019701REPARACION DIRECTABEATRIZ MONTENEGRO RIVERA Y OTROSNACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se modifica el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Florencia, en el sentido de establecer como porcentaje de condena a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S., el equivalente al 50% a cada una de ellas. En lo demás, se mantuvo la decisión de primer grado. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al hecho de establecer si existe responsabilidad administrativa y extracontractual tanto de la Nación – Fiscalía General de La Nación como de la Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE SAS, en calidad de sucesora procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes, frente a los perjuicios morales y materiales causados a los actores con motivo de la conducta negligente en que incurrieron las demandadas al retardar la entrega definitiva del vehículo propiedad del señor CARLOS PÉREZ BARRAGÁN.

El A quo declaró la responsabilidad solidaria de las accionadas, teniendo en cuenta que la orden inicial de entrega real y material del vehículo data del 8 de septiembre de 2008, y según informa la comunicación emanada del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Florencia, la DNE emitió el primer acto administrativo para dar cumplimiento a la referida orden el 27 de abril de 2009, esto es, luego de 7 meses; para finalmente disponer de la entrega del automotor el 24 de mayo de 2010, es decir casi 1 año y 10 meses después de la orden inicial de entrega; y lo que se censura de la FGN es que luego de tener conocimiento de la orden de extinción del dominio nacida de un pronunciamiento judicial del mes de julio del año 2008, solamente procedió a disponer sobre el secuestro del bien el 18 de febrero de 2009, transcurriendo más de 6 meses, para, después de un procedimiento administrativo, decidir sobre su desafectación solo hasta el 25 de septiembre de 2009, términos que no resultaban razonables. Aunado a todo ello, se probó que la FGN decidió abstenerse de entregar el vehículo a través de la DNE, influyendo su actuar en la demora para la entrega del mismo.

Por su parte, esta Corporación halló ajustado a derecho la decisión de responsabilizar a las demandadas por los hechos que se les endilga, al comprobarse una actuación tardía y negligente; sin embargo, decidió modificar la sentencia de primera instancia en relación con indicar que cada una de ellas deberá responder solidariamente, pero en el equivalente al 50%.

Indemnización de perjuicios por retención de vehículo de carga16/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220120029801REPARACION DIRECTAYONY ALEXANDER MOLANO ARIAS Y OTROSNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÌA NACIONAL Y OTROPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se confirma sentencia de primera instancia, por la cual se accedió a las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes con motivo del fallecimiento del patrullero ARJEY MOLANO ARIAS, acaecida el 23 de mayo de 2010, como consecuencia de una falla del servicio policial.

En sentencia proferida el 27 de marzo de 2015, el Juzgado Administrativo 902 de Descongestión de Florencia, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, luego de hallar probada la falla en el servicio en que incurrió la entidad demandada, en hechos que conllevaron a la muerte del patrullero ARLEY MOLANO ARIAS cuando se encontraba en cumplimiento de una misión táctica, en una emboscada atribuida a guerrilleros de la FARC. En ese orden, reconoció, entre otros, perjuicios morales en favor de los hermanos del causante, en el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos; tasación ésta sobre la cual presenta inconformidad la Policía Nacional.

El Tribunal procedió a confirmar la tasación de los referidos perjuicios morales, al encontrarlos acorde al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, pues no solo se acreditó la relación de consanguinidad existente entre los demandantes con el joven fallecido ARJEY MOLANO ARIAS -correspondiente al 2º grado-, lo que hace presumir el dolor moral padecido por todos ellos; sino, también, porque el testimonio recepcionado da cuenta de los lazos de afecto y solidaridad existentes entre los miembros del grupo familiar y el dolor que causó en ellos su deceso; perjuicio moral que, conforme a la tabla contenida en la sentencia de unificación se tasó en 50 s.m.l.m.v. para cada uno de ellos.

Muerte de patrullero en emboscada30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160065101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOALEXANDER CHARRY SAPUYNACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del acto administrativo de fecha 9 de febrero de 2016, por medio del cual se le negó al actor el reajuste salarial en el 20%, solicitando a título de restablecimiento del derecho el reajuste salarial y prestacional al que tiene derecho a partir del 1 de noviembre de 2003 y hasta la fecha de su retiro definitivo.
La iudex a quo negó las pretensiones de la demanda señalando que si bien en sentencia de unificación del Consejo de Estado los soldados voluntarios que se encontraban vinculados y cambiaron su modalidad a la de soldados profesionales, tienen derecho al reconocimiento, liquidación y pago de la diferencia del 20% del reajuste salarial dejado de percibir como soldados voluntarios; en el sub judice no es posible acoger las súplicas por cuanto el actor no acreditó la vinculación laboral al Ejército Nacional con anterioridad al 1 de noviembre de 2003, para así poder ser acreedor de la aplicación del artículo 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2000.
El Tribunal revocó la decisión de instancia, al hallar que, si bien al plenario no se allegó la hoja de servicios del actor o un certificado laboral que demuestre directamente la fecha de vinculación al cargo de soldado voluntario, lo cierto es que de la actuación administrativa, específicamente de la respuesta emitida -acto acusado- por la entidad accionada, así como de la misma contestación de la demanda y la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial, puede tenerse por superada dicha circunstancia. Sin embargo, mediante auto de mejor proveer, para que no quedara duda sobre la vinculación del actor a la entidad, se dispuso oficiar al Ejército Nacional para que informara sobre el particular, recibiendo como respuesta oficio del 13 de mayo de 2019, en el que se indicó que el actor ingresó a prestar el servicio militar el 14 de noviembre de 1997, el que duró hasta el 15 de mayo de 1999; para luego continuar como soldado voluntario del 16 de mayo de 1999 hasta el 31 de octubre de 2003; y a partir del 1 de noviembre de 2003 hasta la fecha, inclusive, se encuentra en servicio activo como soldado profesional. En consecuencia, acogiendo la sentencia de unificación sobre el derecho que le asiste al actor de obtener de parte de la entidad demandada el reconocimiento del 20% en su asignación básica y demás incidencia prestacional, se revocó la respectiva decisión y se acogieron las pretensiones de la demanda.

Reliquidación asignación de retiro – 20%.30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170007801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOMARÍA MELANEA RAMÍREZNACIÓN – MINEDUCACIÒN - FOMAGPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se revoca la sentencia de primera instancia, por la cual se accedió a las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del oficio sin número de fecha 16 de enero de 2017, expedido por LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por medio del cual se negó el reajuste de la pensión de jubilación al actor. A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene reconocer y pagar la referida prestación económica, teniendo como base de liquidación, adicional a los factores ya reconocidos, la prima de navidad y la prima de servicios devengadas en el último año de servicios.
En sentencia de primera instancia se accedió a las súplicas de la demanda, con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 4 de agosto de 2010, encontrando probado, en consecuencia, el cargo de nulidad de infracción de las normas sobre las cuales debía fundarse el acto acusado.
El Tribunal, en segunda instancia, revocó dicha decisión en apoyo a la reciente sentencia también de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, de fecha 15 de abril de 2019, en la cual, al determinarse el alcance e interpretación de la Ley 33 de 1985, en cuanto a los factores salariales que deben constituir el IBL pensional, indicó que los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 sin que la prima de navidad y la prima de servicios devengadas en el último año por el actor, se encuentren allí enlistados. Se dispuso, igualmente, no condenar en costas a la parte actora por el cambio jurisprudencial.

Reliquidación pensión de jubilación docente. 30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170044501NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJAIME JUAN BAUTISTA SANTACRUZ GONZÁLEZNACIÓN – MINEDUCACIÒN – FOMAG PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se revoca la sentencia de primera instancia, por la cual se accedió a las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del acto administrativo de fecha 1 de noviembre de 2005, expedida por LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por medio de la cual se negó el reajuste de la pensión de jubilación a la actora; solicitando a título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar la referida prestación económica, teniendo como base todos los factores devengados durante el último año de servicios.
En sentencia de primera instancia se accedió a las súplicas de la demanda, con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 4 de agosto de 2010, encontrando probado, en consecuencia, el cargo de nulidad de infracción de las normas sobre las cuales debía fundarse el acto acusado.
El Tribunal, en segunda instancia, revocó dicha decisión en apoyo a la reciente sentencia también de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, de fecha 15 de abril de 2019, en la cual, al determinarse el alcance e interpretación de la Ley 33 de 1985, en cuanto a los factores salariales que deben constituir el IBL pensional, indicó que los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, sin que el auxilio de movilización, la prima vacacional y la prima de navidad cumplan con esa exigencia, pues no son de los enlistados en dicha norma. Se dispuso, igualmente, no condenar en costas a la parte actora por el cambio jurisprudencial.

Reliquidación pensión de jubilación docente. 30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170047001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSÉ NORBEL ROMERO GARCÍANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del acto administrativo de fecha 17 de febrero de 2017, por medio del cual se le negó al actor el reajuste salarial y prestacional en el 20%; solicitando a título de restablecimiento del derecho se ordene dicho reajuste a partir del 1 de noviembre de 2003 y hasta la fecha de su retiro definitivo.
La a quo negó las pretensiones de la demanda señalando que si bien en sentencia de unificación del Consejo de Estado los soldados voluntarios que se encontraban vinculados y cambiaron su modalidad a la de soldados profesionales, tienen derecho al reconocimiento, liquidación y pago de la diferencia del 20% del reajuste salarial dejado de percibir como soldados voluntarios; no era posible acoger las súplicas de la demanda por cuanto el actor no acreditó la vinculación laboral al Ejército Nacional con anterioridad al 1 de noviembre de 2003, para así poder ser acreedor de la aplicación del artículo 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2000.
El Tribunal, al desatar la alzada, decidió revocar la decisión de instancia, por cuanto halló acreditado que, si bien al plenario no se allegó la hoja de servicios del actor o un certificado laboral que demuestre directamente la fecha de vinculación al cargo de soldado voluntario, lo cierto es que de la actuación administrativa, específicamente de la respuesta emitida -acto acusado- por la entidad accionada, así como de la misma contestación de la demanda y la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial, podía tenerse por superada dicha circunstancia. Sin embargo, mediante auto de mejor proveer, para que no quedara duda sobre la vinculación del actor a la entidad, se dispuso oficiar al Ejército Nacional para que informara sobre el particular, recibiendo como respuesta oficio de fecha 7 de mayo de 2019, con el que se acreditó que el actor prestó el servicio militar entre el 18 de marzo de 1998 y el 25 de julio de 1999; luego como soldado voluntario desde el 20 de noviembre de 2000 hasta el 31 de octubre de 2003 y a partir del 1 de noviembre de 2003 hasta la fecha, inclusive, se encuentra en servicio activo como soldado profesional. En consecuencia, acogiendo la sentencia de unificación sobre el derecho que le asiste al actor de obtener de parte de la entidad demandada el reconocimiento del 20% en su asignación básica y demás incidencia prestacional, se revocó la respectiva decisión y se acogieron las pretensiones.

Reajuste salarial y prestacional en el 20%.30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001233300220150020900NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLIDA ZORAIDA ORTEGÓN PARRANACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

1ª Inst.: El Tribunal accedió a las súplicas de la demanda. Se declaró la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a la demandante, en calidad de cónyuge supérstite; dando aplicación del régimen general contenido en la Ley 100 de 1993 por principio de favorabilidad. CASO: El debate litigioso versa sobre la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en: i) el oficio No. SE 76.4 de fecha 3 de febrero de 2.015, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente; ii) Resolución 000527 del 9 de marzo de 2015, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición contra la decisión anterior, ambos proferidos por la Secretaria de Educación Departamental en nombre del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG); solicitando a título de restablecimiento del derecho el pago de la pensión vitalicia de sobrevivientes, en calidad de cónyuge, a lo que se considera tener derecho en aplicación de la Ley 100 de 1993 por principio de favorabilidad. Así mismo, solicita se ordene la indexación, el reconocimiento y pago de intereses comerciales y moratorios sobre las sumas arrojadas, a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

Pension sobrevivientes30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333170320110068701NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHONOHORA TERESA ESTERILLA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

Mediante sentencia de tutela de primera instancia de fecha 15 de mayo de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Nohora Teresa Esterilla Veira, dejando sin efectos la sentencia del 20 de septiembre de 2018, proferida por esta Sala de Decisión, ordenando a esta Sala emitir una nueva providencia que aborde el fondo del asunto. CASO: Solicitó la actora que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio OJ2011500012331 del 23 de mayo de 2011, expedido por la entidad demandada, por medio del cual se negó el pago de los perjuicios a favor de la actora por los daños causados a su salud y los perjuicios que de ellos surgieron por la depresión mayor, estrés postraumático y túnel de carpo adquirido en cumplimiento de sus funciones por las condiciones irregulares en que laboraba. 1ª Inst.: El fallador de instancia, declaró de oficio probada la excepción de indebida escogencia de la acción, pues una vez se interrogó acerca de si el acto administrativo acusado fue el que causó la enfermedad profesional a la demandante, señaló, que la génesis del daño que se pretende reparar, como es el trastorno depresivo y el túnel del carpo, de origen profesional, no pudo ser causado con la emisión del acto administrativo acusado, siendo totalmente indebida la escogencia de la acción para evaluar la responsabilidad de la entidad demandada, al no guardar nexo de causalidad el acto administrativo demandado y el daño antijurídico que se pretende imputar a la Fiscalía General de la Nación. 2ª Inst.: Se indicó en el fallo de segundo grado que pese a que el actor no endilgó ninguna causal de nulidad al acto administrativo demandado, de donde surgía por obviedad, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no estaba autorizada válidamente para definirlo el asunto, sin embargo, en cumplimiento del fallo de tutela decidió el fondo del asunto. Así luego de efectuar el análisis armónico e integral de los hechos y pretensiones de la demanda, frente a las causales de nulidad reguladas en el artículo 84 del CCA por orden de tutela, no se encontró ninguna configurada, motivo por el cual se aseguró que el acto administrativo mantenía la presunción de legalidad, sin posibilidad entonces de acceder a las pretensiones de la demanda, consistente en la nulidad del mismo, con la consecuente reparación de perjuicios materiales e inmateriales pedidos.

NULIDAD DE ACTO ADMININISTRATIVO QUE NIEGA REPARACIÓN DE PERJUICIOS
-Reparación de perjuicios originados en acto administrativo reprochado de vulnerar el ordenamiento jurídico está condicionado a su declaratoria de nulidad.
20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120170007101NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOMIRYAM BEDOYA DE LUNAMINEDUCACIÓN - FONPREMAGLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda –según se narra-, se circunscriben a que a la actora le fue reconocida pensión de jubilación mediante Resolución nro. 00757 del 8 de julio de 2013, equivalente al 75% del promedio mensual devengado durante su último año de servicios, pero sin inclusión de la prima de navidad como factor salarial. Con ocasión de lo anterior, el 21 de junio de 2016 la accionante solicitó la reliquidación de su pensión, obteniendo respuesta desfavorable por medio del oficio SAC 2016EE741 del 01 de agosto de 2016. 1ª Inst.: El Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito de Florencia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2018, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que de lo acreditado en el expediente, se constató que la actora estuvo vinculada en dos periodos distintos, es decir, del 1 de febrero de 1974 al 20 de octubre de 1977, y del 13 de febrero de 1996 al 22 de mayo de 2012, razón por la cual, no le era aplicable la Ley 100 de 1993, al no encontrarse vinculada la docencia al 1º de abril de 1994 fecha en que entró en vigencia. Para el fallador de instancia, el régimen aplicable a la demandante era el del Sistema General de Pensiones, por causarse después del 31 de julio de 2010, por lo que los factores a tener en cuenta eran los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, que modificó el Decreto 691 de 1994, en los cuales no se encuentra la prima de navidad reclamada.
2ª Inst.:La sala confirma la sentencia de primera instancia en aplicación de la sentencia de unificación proferida de forma reciente por el Consejo de Estado, conforme la cual, los factores salariales serán aquellos sobre los cuales se hicieron los respectivos aportes, que no son otros que los enlistados de forma expresa en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DOCENTE
-Docente no vinculada a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
-Liquidación de factores salariales taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985.
20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220150016501REPARACION DIRECTALUIS HELÍ TOVAR & CIA - GASEOSAS FLORENCIANAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Y MUNICIPIO DE FLORENCIALUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la acción incoada, se circunscriben a que el día 25 de abril de 2013 y hasta el 10 de mayo de la misma anualidad, varios manifestantes –al parecer del Magisterio y del Campesinado Caqueteño-, ingresaron de forma ilegal y arbitraria al predio denominado Granja El Recreo –de propiedad de la demandante-, instalando cambuches, causando innumerables estragos, e impidiendo el ingreso de trabajadores y propietarios al inmueble, sin que esta situación fuera detenida de forma alguna por miembros del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, o por personal adscrito al Municipio de Florencia, pese a haberse puesto esta problemática en su conocimiento, mediante derechos de petición radicados el 26 de junio de 2013 ante ambas Entidades, por lo cual solicitan que a través del medio de control de reparación directa, se les indemnice por los daños a ellos ocasionados. 1ª Inst.: La Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones de la demanda, por encontrar probado que el representante legal de la Sociedad demandante, así como su administradora, elevaron derechos de petición y querellas policivas antes las entidades accionadas, sin que estas intervinieran en los perjuicios e inconvenientes causados por los manifestantes, siendo responsables por ello. 2ª Inst.: La sala revoca la sentencia de primera instancia, por no encontrar que los daños ocasionados al demandante hubieren podido ser evitados por la autoridad competente para ello, máxime cuando, por un lado, la Policía Nacional no tenía conocimiento de que el inmueble fuera susceptible de ser ocupado ilegalmente por los manifestantes como para evitarlo, y del otro, pese a que ante la Inspección de Policía del Municipio de Florencia no se presentó querella formal que diera origen a la iniciación del trámite de lanzamiento por ocupación de hecho, esta autoridad tampoco hubiera podido realizar un procedimiento más expedito para evitar o hacer cesar la perturbación de la posesión.


INVASIÓN DE PREDIOS
-Titular del derecho real no acudió en querella policiva.
- Ocupantes dejaron el predio antes de actuación oportuna y razonable de las autoridades.
20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120100047301REPARACION DIRECTA ALCIBIADES PUENTES Y OTROSNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda, se circunscriben a que el 22 de agosto de 2010 -cerca de las 4:00 pm-, el señor Diego Fernando Puentes salió a vender alguna mercancía al municipio de Valparaíso – Caquetá, siendo posteriormente reportado como guerrillero muerto en combate, por miembros del Batallón de Infantería Nro. 34 JUANAMBÚ. Solicitan los demandantes, que la Entidad demandada les repare integralmente por el fallecimiento de Diego Fernando Puentes, al considerar que su deceso se dio en el marco de una ejecución extrajudicial. 1ª Inst.: El Juez de Primera Instancia denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que la actuación de los miembros del Ejército Nacional se dio en el marco de la licitud y la legalidad, y que su ubicación estaba justificada en las misiones tácticas ordenadas, sin que pudiera decirse lo mismo de Diego Fernando Puentes, respecto de quien no pudieron establecerse las razones para que se encontrase en el sitio donde ocurrieron los hechos. 2ª Inst.: La sala revoca la sentencia de primera instancia, pues de las pruebas relacionadas en precedencia, se pudo establecer que la muerte de Diego Fernando Puentes no se dio en el plano de un enfrentamiento armado –como se afirmó por el Juez Tercero Administrativo de Florencia-, sino en aplicación de la escabrosa política militar de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Se condena a los llamados en garantía a reembolsar a la Entidad demandada, la totalidad de la condena impuesta.

FALSOS POSITIVOS
-Declara responsabilidad de los llamados en garantía
-Accede a medidas de reparación integral
-Reconoce lucro cesante a favor de los padres hasta cuando la víctima hubiera cumplido 25 años
20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220090028001REPARACION DIRECTA IRIAN JOSÉ CUELLAR BUENDÍA Y OTROSNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

ORDENÓ REHACER EL CONSEJO DE ESTADO. CASO: SENTENCIA
originarios de la demanda, se circunscriben a que el joven MAURICIO CUÉLLAR RAMÍREZ, fue asesinado por militares del Ejército Nacional, supuestamente por haberlos atacado con armas de fuego ante las cuales los castrenses respondieron. Los demandantes, pretenden que se les repare de forma integral por la muerte del joven, por considerar que dicho suceso ocurrió en el marco de una ejecución extrajudicial. 1ª Inst.: El Juez de Primera Instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por considerar suficientemente probado que la muerte del joven Cuéllar Ramírez, fue el resultado de una cuestionable política de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales, por lo cual condena de forma solidaria a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y al llamado en garantía. 2ª Inst.: La sala confirma la responsabilidad de la Entidad estatal y del llamado en garantía, así como la condena impuesta, modificando la decisión en el sentido de ordenar al llamado en garantía a reembolsar a la Entidad demandada la totalidad de la condena impuesta, y acceder a medidas de reparación integral.

FALSOS POSITIVOS
-Declara responsabilidad de los llamados en garantía
-Accede a medidas de reparación integral
20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420190029901TUTELA ANILZA RAMÍREZUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADASLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos. La actora presentó solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas ante la entidad demandada, la cual le fue negada por cuanto aseguró la entidad que la pérdida del bien inmueble que reclama fue por causas ajenas al conflicto armado, requisito necesario para acceder a su pedimento. 1ª Inst.: La juez de instancia concedió el amparo al derecho fundamental al debido proceso, al considerar que las pruebas recaudadas al interior del expediente administrativo resultaban insuficientes para determinar que la pérdida del bien inmueble que reclamaba la actora no había sido por causa del conflicto armado interno. 2ª Inst.: La sala revoca la decisión de primer grado y declara improcedente la acción de tutela al no acreditarse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, puesto que desde la fecha en que se expidieron los actos administrativos que le negaron su inclusión en el registro había transcurrido más de nueve (9) meses tiempo que no era razonable dadas las condiciones del caso para acudir a la acción de tutela, también advirtió que no era procedente el amparo ni transitorio ni definitivo, pues ya habían pasado los cuatro (4) para incoar la demandada ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se tornaba para el caso concreto en idónea y eficaz.

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
-se declara improcedente por no acreditar los requisitos de inmediatez y subsidiaridad.
-No se acreditó una situación de extrema vulnerabilidad y urgencia pese a contar con la calidad de desplazada.
20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100220110009001REPARACION DIRECTA ORLANDO GUALTERO VELANDIAY OTROSSUPERFINANCIERA Y OTROSLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos -en resumen- se circunscriben a que la empresa DMG inició sus operaciones de captación de dinero masivo del público desde el año 2008, ofreciendo jugosos intereses y altos rendimientos a sus ahorradores. Por la anterior razón, los demandantes invirtieron varias sumas de dinero -, asegurando que el Gobierno Nacional -a través de la Superintendencia Financiera- omitió sus funciones de vigilancia y control, con lo cual, a su juicio, son responsables de los perjuicios causados ante la declaratoria del Estado de Emergencia Social –mediante la cual se ordenó la intervención y posterior cierre de la empresa DRFE. 1ª Inst.: El Juez de Primera Instancia, desestimó las pretensiones de la demanda, pues luego de efectuar un recuento normativo de las atribuciones y funciones de las entidades demandadas, no encontró que estas hubieren incurrido en las omisiones acusadas, sino que, por el contrario, actuaron debidamente y advirtieron a la ciudadanía sobre las captaciones ilegales emergentes, pese a lo cual los actores decidieron invertir sus dineros en la empresa DMG. 2ª Inst.: Esta Sala confirma la decisión de primera instancia, al no encontrar conducta omisiva alguna en el actuar de las entidades públicas demandadas, que pudiera configurar una falla del servicio, en razón a que cada una de ellas, respecto del alcance de sus competencias, adelantó las actuaciones que le eran exigibles legalmente.

Captación Ilegal13/06/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160056401NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EDILSON GIRALDONACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El accionante, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de apoderado judicial, presentó demanda contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, solicitando que se declare la nulidad del acto administrativo, contenido en el oficio No. 2015-7127323 del 5 de octubre de 2015, mediante el cual, la entidad accionada le negó la liquidación de la asignación de retiro con un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%. Así como la solicitud de darle correcta aplicación al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, que indica que al 70% de la asignación básica se le adicione el 38,5% de la prima de antigüedad. 1ª Inst.: Desestimó las pretensiones de la demanda, al encontrar en cuanto al reajuste de la asignación de retiro del demandante adoptando como base de liquidación un salario mínimo incrementado en un 60% que hasta tanto no se reconociera el incremento del 20% de la asignación básica del actor no nacía la obligación para CREMIL la obligación de reliquidar la asignación de retiro pues no podía incrementar la asignación sobre un valor que el soldado profesional nunca devengó ni le fue reconocido en la hoja de servicios por parte de la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional. agregó que CREMIL liquidó la asignación de retiro con el 38,5% del 70% del salario básico, pretendiendo la parte actora que se liquide por el 38.5% del 100% del salario básico, siendo inviable tal propuesta, en el entendido que el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, señaló que el mentado 38,5% no se extrae del salario sino de la prima de antigüedad y que esa prima tiene un valor inferior al salario básico, lo que conllevaría a un valor inferior al actualmente establecido. 2ª Inst.: En esta instancia una vez se advirtió la legitimación en la causa por pasiva por parte de CREMIL, se acreditó que el actor a 31 de diciembre de2000 estaba vinculado como soldado voluntario bajo el régimen de la Ley 131de 1985 y, en ese sentido, había adquirido el derecho a percibir como asignación básica mensual el equivalente a un (1) SMLMV incrementado en un 60% una vez fue incorporado como soldado profesional, conforme lo dispone el inciso 2° del artículo 1° del Decreto No. 1794 de 2000, así mismo, se advirtió que la entidad estaba aplicando de forma errónea la fórmula para liquidar en la asignación de retiro la partida computable de prima de antigüedad, por lo que se ordenó procediera conforme a la normatividad que rige el asunto.

Reajuste 20% De Asignación Básica, Y Auxilio De Cesantías.13/06/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420170069801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO GERMÁN VARGAS BALAGUERANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El demandante ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio, y una vez concluida dicha etapa, manifestó su deseo de vincularse como Soldado Voluntario, devengando como asignación básica un salario mínimo incrementado en un 60%. No obstante, el 1 de octubre de 2003 la Fuerza Pública lo incorporó como Soldado Profesional, desmejorando su asignación básica a la de un salario mínimo incrementado en un 40%, con el consecuente impacto en sus prestaciones económicas. Por tal razón, pretende el pago de las diferencias salariales existentes entre lo devengado y lo que debían devengar, así como el reajuste de su auxilio de cesantías. 1ª Inst.: El fallador de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por no haberse probado su ingreso al Ejército Nacional, antes del 1 de enero de 2000. 2ª Inst.:En esta instancia se revoca la decisión de primera instancia, accediendo a las pretensiones del líbelo demandatorio, en aplicación de la Sentencia de Unificación existente en la materia, y en atención al material probatorio aportado en esta Instancia.

Reajuste 20% De Asignación Básica, Y Auxilio De Cesantías.13/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160077201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAUL TELLEZ HERNÁNDEZNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONALLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: El demandante ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio, y una vez concluida dicha etapa, manifestó su deseo de vincularse como Soldado Voluntario, devengando como asignación básica un salario mínimo incrementado en un 60%. No obstante, el 1 de octubre de 2003 la Fuerza Pública lo incorporó como Soldado Profesional, desmejorando su asignación básica a la de un salario mínimo incrementado en un 40%, con el consecuente impacto en sus prestaciones económicas. Por tal razón, pretende el pago de las diferencias salariales existentes entre lo devengado y lo que debían devengar, así como el reajuste de su auxilio de cesantías. 1ª Inst.:El fallador de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por no haberse probado su ingreso al Ejército Nacional, antes del 1 de enero de 2000. 2ª Inst.: En esta instancia se revoca la decisión de primera instancia, accediendo a las pretensiones del líbelo demandatorio, en aplicación de la Sentencia de Unificación existente en la materia, y en atención al material probatorio aportado en esta Instancia.

Reajuste 20% De Asignación Básica,13/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333190220150006101REPARACION DIRECTA LUIS FERNANDO LOZADA CEDEÑO Y OTROSNACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO.NESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Modifica la decisión adoptada por el a quo, que accedió a las pretensiones de la demanda.CASO: Los actores formularon demanda de reparación directa en que solicitaron se declarara responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Luis Fernando Lozada. El Juez de Primera Instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por considerar que concurren los presupuestos de responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, al haberse demostrado que el daño antijurídico sufrido por los demandantes, es imputable a la Rama Judicial y a la Fiscalía, pues esta solicitó la medida con base en pruebas insuficientes, que pudieron inducir en error al juez. Se modifica la decisión adoptada por el a quo, en cuanto a la condena impuesta por concepto de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante por cuanto el juez de primera instancia tomo un tiempo de privación de la libertad que no corresponde, y se confirma en lo demás, porque la conducta de ambas entidades concurrió en la producción del daño.

Privación injusta de la libertad06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333170120120003901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ALBERTO RODRÍGUEZ CORREA Y OTRANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar, declara probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. CASO: Los demandantes presentan demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que se declare la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales les negaron la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con retroactividad al 01 de septiembre de 2010. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones porque dentro del expediente no se encuentra acreditado que los padres del causante dependieran económicamente de éste. Se revoca la sentencia, al encontrar que los demandantes no agotaron la vía gubernativa al omitir interponer el recurso de apelación contra el acto administrativo que les negó la pensión de sobrevivientes.

Pensión de sobrevivientes – no agotamiento de la vía gubernativa por no interponer el recurso de apelación06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160097801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ALBERTO JOSÉ BERRIO BENJUMEANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. CASO: El demandante –a través de apoderado- solicitó se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reajuste de la pensión de invalidez y en consecuencia, se condene a la entidad demandada a reliquidar la pensión de invalidez estableciendo que al monto resultante de aplicar el porcentaje de pensión de invalidez a la asignación básica se le adicione el porcentaje de prima de antigüedad a que tiene derecho de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Decreto 4433 de 2004, e igualmente solicita se ordene el pago efectivo e indexado de las diferencias que resulten. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que el demandante tiene derecho a que la entidad demandada reliquide su pensión de invalidez en lo referente a la aplicación del porcentaje de la prima de antigüedad. Se confirma la sentencia, al encontrar que el demandante tiene derecho a la reliquidaciòn de la pensión en el sentido de adicionar al 75% del salario básico devengado en actividad, un 57.6% del 100% del salario, por concepto de prima de antigüedad.

Reliquidación Pensión de invalidez – prima de antigüedad 06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160096901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MANUEL SALVADOR RESTREPO DEVIANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. CASO: El demandante –a través de apoderado- solicitó se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reajuste de la pensión de invalidez y en consecuencia, se condene a la entidad demandada a reliquidar la pensión de invalidez estableciendo que al monto resultante de aplicar el porcentaje de pensión de invalidez a la asignación básica se le adicione el porcentaje de prima de antigüedad a que tiene derecho de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Decreto 4433 de 2004, e igualmente solicita se ordene el pago efectivo e indexado de las diferencias que resulten. El Juez de Primera Instancia negó las pretensiones de la demanda por considerar que la entidad demandada calculó su pensión de invalidez en forma correcta, al tomar el 100% del salario básico, sumado el 86,3% de la prima de antigüedad devengada en actividad, y a estas dos partidas aplicarles la tasa de reemplazo correspondiente al 95%. Se confirma la sentencia, al encontrar que el demandante tiene derecho a que la entidad demandada reliquide su pensión de invalidez adicionando al 95% del salario básico devengado en actividad, un 86,3% del 100% del salario básico, por concepto de prima de antigüedad, y le pague las diferentes que se generen.

Reliquidación Pensión de invalidez – prima de antigüedad. 06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160055901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE MANUEL GUARIN CUJABANNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALNESTOR ARTURO MENDEZ PEREZ

2ª Inst.: Revoca el ordinal primero de la sentencia de primera instancia, modifica los ordinales segundo y tercero y confirma en lo demás. CASO: El demandante –a través de apoderado- solicitó se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reajuste de la pensión de invalidez y en consecuencia, se condene a la entidad demandada a reliquidar la pensión de invalidez incluyendo el subsidio familiar y al monto resultante de aplicar el porcentaje de pensión de invalidez a la asignación básica se le adicione el porcentaje de prima de antigüedad a que tiene derecho de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Decreto 4433 de 2004, e igualmente solicita se ordene el pago efectivo e indexado de las diferencias que resulten. El Juez de Primera Instancia accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que el demandante tiene derecho a que la entidad demandada reliquide su pensión de invalidez tomando como base de liquidación, el salario mínimo mensual vigente incrementado en un 60%, de conformidad con el Decreto 1794 de 200, con inclusión del subsidio familiar en el porcentaje reconocido a la fecha de retiro y por concepto de prima de antigüedad el 38.5% sobre el salario reajustado. Se revoca el ordinal primero de la sentencia en cuanto a la decisión de inaplicar por inconstitucional el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004; se modifican los ordinales segundo y tercero de la sentencia de primera instancia, en cuando a la declaratoria de nulidad total del acto administrativo demandado y a la orden de incluir el subsidio familiar como partida computable en la pensión de invalidez del actor, y se confirma en todo lo demás como quiera que el demandante tiene derecho al reajuste del 20% en el salario básico y a que se reliquide su pensión de invalidez adicionando al 50% del salario básico, un 38.53% del 100% del salario básico, por concepto de prima de antigüedad.

Reliquidación Pensión de invalidez – reajuste del 20% - inclusión de subsidio familiar - prima de antigüedad 06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120130071901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO HUMBERTO GARCÍA REYESNACIÓN – MINEDUCACIÓN -FOMAGPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del Oficio Nº O.D.P. 144 del 20 de febrero de 2013, expedido por LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por medio del cual se negó el reajuste de la pensión de jubilación al actor. A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene reconocer y pagar la referida prestación económica, teniendo como base de liquidación, todos los factores salariales devengadas en el último año de servicios.
En sentencia de primera instancia se negaron las súplicas de la demanda al no demostrarse que el actor devengó factores salariales diferentes a los incluidos en su IBL pensional.
El Tribunal, en segunda instancia, confirmó tal negativa pero no por las razones del A quo sino el apoyo a la reciente sentencia de unificación del Consejo de Estado - Sección Segunda, de fecha 15 de abril de 2019, en la cual, al determinarse el alcance e interpretación de la Ley 33 de 1985, en cuanto a los factores salariales que deben constituir el IBL pensional, indicó que los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 sin que la prima de navidad devengada en el último año por el actor, se encuentre allí enlistada. Se dispuso, igualmente, no condenar en costas a la parte actora por el cambio jurisprudencial.

Reliquidación pensión de jubilación docente. 06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170034901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MARÍA MARGOTH ZAPATA DE DEVIANACIÓN – NACIÓN – MINEDUCACIÓN -FOMAGPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad de la Resolución Nº 512 del 18 de agosto de 2009, por medio de la cual se le negó al actor el reajuste pensional; solicitando a título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar la referida prestación económica, teniendo como base todos los factores devengados durante el último año de servicios.
En sentencia de primera instancia se accedió a las súplicas de la demanda con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 4 de agosto de 2010, encontrando probado, en consecuencia, el cargo de nulidad de infracción de las normas sobre las cuales debía fundarse el acto acusado.
El Tribunal, en segunda instancia, revocó dicha decisión en apoyo a la reciente sentencia también de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, de fecha 15 de abril de 2019, en la cual, al determinarse el alcance e interpretación de la Ley 33 de 1985, en cuanto a los factores salariales que deben constituir el IBL pensional, indicó que los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, sin que el auxilio de transporte, subsidio de alimentación, auxilio de movilización, 1/12 de la prima vacacional y la de navidad cumplan con esa exigencia, pues no son de los enlistados en dicha norma. Se dispuso, igualmente, no condenar en costas a la parte actora por el cambio jurisprudencial.

Reliquidación pensión de jubilación docente.06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170065001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JUAN PABLO GUTIÉRREZ DUARTECAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se confirma la sentencia de primera instancia, por la cual se accedió a las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del Oficio Nº 2016-65653 de fecha 1º de octubre de 2016, por medio del cual se le negó el reajuste del porcentaje de subsidio familiar reconocido en la asignación de retiro. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar dicho reajuste en el equivalente al 62.5% de la asignación básica, por ser éste el porcentaje que tenía reconocido al momento del retiro.
En sentencia de primera instancia se accedió a las súplicas de la demanda al hallar probada la violación al principio de igualdad, toda vez que no existe justificación válida que permita colocar en un plano de mayor protección a las familias de los oficiales y suboficiales frente a las familias de los soldados profesionales.
El Tribunal, en segunda instancia, confirmó tal decisión al encontrar que analizado el escrito de apelación presentado por CREMIL, observó que no se hizo referencia en forma alguna a los argumentos de la jueza de instancia en tanto únicamente se refirió a las razones de derecho por las cuales los soldados profesionales no tienen reconocido el subsidio familiar más no reparó en el porcentaje que ya tiene reconocido –lo que constituye el objeto de litigio-, es decir, no llevó a cabo el mínimo análisis fáctico de la situación del actor.

Reajuste de asignación de retiro.06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170072801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO WILLIAM ALFONSO CASTRO PACHÓNCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se confirma la sentencia de primera instancia, por la cual se accedió a las súplicas de la demanda. CASO: La controversia jurídica planteada se circunscribe al estudio de legalidad del Oficio Nº 2016-72083 de fecha 31 de octubre de 2016, por medio del cual se le negó el reajuste del porcentaje de subsidio familiar reconocido en la asignación de retiro. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar dicho reajuste en el equivalente al 62.5% de la asignación básica, por ser éste el porcentaje que tenía reconocido al momento del retiro.
En sentencia de primera instancia se accedió a las súplicas de la demanda al hallar probada la violación al principio de igualdad, toda vez que no existe justificación válida que permita colocar en un plano de mayor protección a las familias de los oficiales y suboficiales frente a las familias de los soldados profesionales.
El Tribunal, en segunda instancia, confirmó tal decisión al encontrar que analizado el escrito de apelación presentado por CREMIL, observó que no se hizo referencia en forma alguna a los argumentos de la jueza de instancia, en tanto únicamente se refirió a las razones de derecho por las cuales los soldados profesionales no tienen reconocido el subsidio familiar más no reparó en el porcentaje que ya tiene reconocido –lo que constituye el objeto de litigio-, es decir, no llevó a cabo el mínimo análisis fáctico de la situación del actor.

Reajuste de asignación de retiro.06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120080054101REPARACION DIRECTA MARIA CONSUELO CRUZ CORDOBA Y OTROSSUPERFINANCIERA Y OTROSYANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación- Superintendencia de Financiera, la Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Nación y Superintendencia de Sociedades de los perjuicios materiales que le fueron causados a los demandantes, con la omisión en las entidades al haber permitido que DMG captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones. Como consecuencia de lo anterior, solicita se reconozca y pague a los demandantes por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante (interés comercial), las sumas de dinero que fueron depositadas y que dejaron de percibir un interés, de forma indexada hasta la fecha de la sentencia definitiva. 1ra Instancia: NEGÓ las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño antijurídico quedó demostrado con las pruebas decretadas y practicadas en primera instancia, dando cuenta de las inversiones que los actores realizaron ante la demandada, DMG, y frente a la imputación y el nexo de causalidad, resaltó que la omisión por parte de la Superintendencia encargada de ejercer vigilancia y control en asuntos de esta naturaleza, obedeció a los vacíos legales que presentaba el sistema financiero del Estado para la época y por lo tanto no se puede suponer una responsabilidad por parte de las demandadas, aun cuando éstas adelantaron actuaciones que buscaban defender los intereses patrimoniales de los ciudadanos y la no inversión de sus dineros en establecimientos comerciales como DMG. 2da Instancia: Analizó la Sala que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos objeto de imputación, como era su deber, pues no obra en el proceso prueba que alguna que permita inferir que las demandadas omitieron, o actuaron tardíamente en el cumplimiento de su deber legal o constitucional, y por el contrario, los entes demandados actuaron conforme a las facultades atribuidas vigentes para la época de los hechos y el Gobierno Nacional a través de los recursos excepcionales que le otorga la Constitución Política, atendieron la mencionada problemática conforme al debido proceso y decretando oportunamente las sanciones pertinentes en su momento, por consiguiente, no se encuadra en una conducta omisiva el actuar de las demandadas, que produjera una falla del servicio. Resolvió CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

Captadora ilegal. Ausencia de responsabilidad del Estado por haber realizado las actividades a su cargo. 06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120110010601REPARACION DIRECTA CIELO ESPERANZA LOZADA VARGAS Y OTROSSUPERFINANCIERA Y OTROSYANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación- Superintendencia de Financiera, la Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Nación – Fiscalía General de la Nación y Superintendencia de Sociedades de los perjuicios materiales que le fueron causados a los demandantes, con la omisión en las entidades al haber permitido que DMG captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones. Como consecuencia de lo anterior, solicita se reconozca y pague a los demandantes por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante (interés comercial), las sumas de dinero que fueron depositadas y que dejaron de percibir un interés, de forma indexada hasta la fecha de la sentencia definitiva. 1ra Instancia: NEGÓ las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño antijurídico quedó demostrado con las pruebas decretadas y practicadas en primera instancia, dando cuenta de las inversiones que los actores realizaron ante la demandada, DMG, y frente a la imputación y el nexo de causalidad, resaltó que la omisión por parte de la Superintendencia encargada de ejercer vigilancia y control en asuntos de esta naturaleza, obedeció a los vacíos legales que presentaba el sistema financiero del Estado para la época y por lo tanto no se puede suponer una responsabilidad por parte de las demandadas, aun cuando éstas adelantaron actuaciones que buscaban defender los intereses patrimoniales de los ciudadanos y la no inversión de sus dineros en establecimientos comerciales como DMG. 2da Instancia: Analizó la Sala que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos objeto de imputación, como era su deber, pues no obra en el proceso prueba que alguna que permita inferir que las demandadas omitieron, o actuaron tardíamente en el cumplimiento de su deber legal o constitucional, y por el contrario, los entes demandados actuaron conforme a las facultades atribuidas vigentes para la época de los hechos y el Gobierno Nacional a través de los recursos excepcionales que le otorga la Constitución Política, atendieron la mencionada problemática conforme al debido proceso y decretando oportunamente las sanciones pertinentes en su momento, por consiguiente, no se encuadra en una conducta omisiva el actuar de las demandadas, que produjera una falla del servicio. Resolvió CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

Captadora ilegal. Ausencia de responsabilidad del Estado por haber realizado las actividades a su cargo.06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120110011001REPARACION DIRECTA CARLOS ARMANDO ROJAS Y OTROSSUPERFINANCIERA Y OTROSYANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación- Superintendencia de Financiera, la Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Nación – Fiscalía General de la Nación y Superintendencia de Sociedades de los perjuicios materiales que le fueron causados a los demandantes, con la omisión en las entidades al haber permitido que DMG captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones. Como consecuencia de lo anterior, solicita se reconozca y pague a los demandantes por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante (interés comercial), las sumas de dinero que fueron depositadas y que dejaron de percibir un interés, de forma indexada hasta la fecha de la sentencia definitiva. 1ra Instancia: NEGÓ las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño antijurídico quedó demostrado con las pruebas decretadas y practicadas en primera instancia, dando cuenta de las inversiones que los actores realizaron ante la demandada, DMG, y frente a la imputación y el nexo de causalidad, resaltó que la omisión por parte de la Superintendencia encargada de ejercer vigilancia y control en asuntos de esta naturaleza, obedeció a los vacíos legales que presentaba el sistema financiero del Estado para la época y por lo tanto no se puede suponer una responsabilidad por parte de las demandadas, aun cuando éstas adelantaron actuaciones que buscaban defender los intereses patrimoniales de los ciudadanos y la no inversión de sus dineros en establecimientos comerciales como DMG. 2da Instancia: Analizó la Sala que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos objeto de imputación, como era su deber, pues no obra en el proceso prueba que alguna que permita inferir que las demandadas omitieron, o actuaron tardíamente en el cumplimiento de su deber legal o constitucional, y por el contrario, los entes demandados actuaron conforme a las facultades atribuidas vigentes para la época de los hechos y el Gobierno Nacional a través de los recursos excepcionales que le otorga la Constitución Política, atendieron la mencionada problemática conforme al debido proceso y decretando oportunamente las sanciones pertinentes en su momento, por consiguiente, no se encuadra en una conducta omisiva el actuar de las demandadas, que produjera una falla del servicio. Resolvió CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

Captadora ilegal. Ausencia de responsabilidad del Estado por haber realizado las actividades a su cargo.06/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120130040501REPARACION DIRECTALILIANA CARDOZO TEJADA Y OTROSNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones para, en su lugar, acceder a las mismas.
CASO: Se decide sobre la responsabilidad de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por los perjuicios causados a los actores como consecuencia de las afecciones a la salud sufridas por el joven EFRÉN CAMILO CARDOZO PERDOMO, quien se contagió de VIH mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio.
En sentencia de primera instancia se negaron las súplicas de la demanda al considerar que no se demostró que el actor hubiese adquirido dicha enfermedad prestando el servicio militar.
El Tribunal revocó la decisión de instancia al señalar que si bien no obraba prueba en el expediente de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en los que presuntamente resultó contagiado el soldado, al afirmarse que al desempeñarse como enfermero de combate procedió a aplicar una inyección a otro compañero que se encontraba infectado con VIH y al momento de manipular la aguja se chuzó con la misma, lo cierto es que partiendo del hecho de que el joven soldado entró a prestar el servicio militar en condiciones óptimas de salud, debía dejar el servicio en idénticas condiciones, lo que no ocurrió. En ese orden, se imputó responsabilidad objetiva a la entidad demandada bajo el título de daño especial.

Reparación integral por lesiones a conscripto13/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333190120150011201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOVILMA SALAZAR DE MURILLONACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Revoca la sentencia de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda para, en su lugar, negar.
CASO: Estudio de legalidad del acto administrativo de fecha 29 junio 2012 por el cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la señora VILMA SALAZAR DE MURILLO, en calidad de madre de MARCO AURELIO MURILLO SALAZAR (q.e.p.d.), aduciendo que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación, en tanto se afirma que el causante no ostentaba la calidad de suboficial del Ejército Nacional, cuando se tiene acreditado que para la fecha de su deceso fungía como cabo primero.
En sentencia de primera instancia se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, al hallar probada la causal de falsa motivación, pero se negó el restablecimiento del derecho aduciendo la inviabilidad en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, ya que su entrada en vigencia ocurrió el 1° de abril de 1994 y la muerte del militar se presentó en el año 1.988.
El Tribunal, teniendo en cuenta que el fallecimiento del militar tuvo lugar el 20 de abril de 1988, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de Ley 100 de 1993, indicó que esta norma no era aplicable, conforme lo dispuso la iudex a quo. No obstante, se revocó la sentencia de instancia en cuanto concedió parcialmente las súplicas de la demanda al disponer la nulidad del acto acusado por falsa motivación, en tanto la negativa contenida en dicho acto debe mantenerse incólume, pues una cosa son las razones o fundamentos que llevaron a la administración a adoptar determinada decisión y otra muy distinta es la decisión en sí misma, ya que no necesariamente el que un acto administrativo se encuentre falsamente motivado implica per se la concesión de un derecho, como acontece en el sub examine. Por lo que mantener la decisión adoptada en primera instancia sería contradictorio en la medida en que lo que se reprocha es la motivación del acto, no la decisión final -negar el reconocimiento y pago pensional-, decisión que se encuentra acorde a la ley y a las pautas jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado. En ese orden, no procede la declaratoria de nulidad.

Reconocimiento pension de sobrevivientes13/06/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320170012001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOMILTON ORLANDO CUELLAR GUTIÉRREZ Y OTROS NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma la decisión adoptada por el a quo, que declaró la nulidad del acto demandado.
CASO: Estudio de legalidad del acto administrativo de fecha 21 de agosto de 2016, “por medio de la cual se dispuso el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica”. A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía y/o remuneración, al igual que se declare que no se ha presentado solución de continuidad en la prestación del servicio, se cancelen todos los salarios, prestaciones sociales y gastos de seguridad social dejados de percibir desde que se produjo el retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro.
El Juez de Primera Instancia accedió a las súplicas de la demanda, al considerar que en el acto administrativo acusado no se valoraron los criterios laborales y de salud ocupacional, como tampoco de capacidad física o intelectual, de acuerdo a las exigencias expuestas por la Corte Constitucional referentes a la inclusión de las personas con discapacidad, y la búsqueda por todos los medios de brindarles una protección laboral ante la debilidad manifiesta en la que se encuentran.
El Tribunal dispuso la confirmación de la sentencia de instancia que ordenó el reintegro del actor, al indicar que el acto administrativo demandado, apoyado simplemente en el contenido del acta proferida por el Tribunal Médico Laboral que recomendó la no reubicación del actor, sin que previamente se hubiera llevado a cabo un análisis sobre la viabilidad de su reubicación en un nuevo cargo o actividad, bien de naturaleza administrativa, de docencia o instrucción -análisis que se imponía dado que se trataba de un sujeto de especial protección- resulta contrario a derecho. En esas condiciones, se comparte la decisión de instancia de declarar la nulidad del acto demandado y ordenar el reintegro del actor.

Retiro Soldado por disminucion de capacidad fisica13/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300320170029301NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOHERNANDO CARDOZO CUCHIGAYCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.:Se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, por la cual se negaron las súplicas de la demanda.
CASO: Estudio de legalidad del acto administrativo de fecha 25 de junio de 2015, por el cual se le negó el reajuste de la asignación de retiro del actor, y a título de restablecimiento del derecho se condene a la demandada a reconocer y pagar dicho reajuste en relación con el 20% de la asignación de retiro conforme a lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000, y el porcentaje de la partida prima de antigüedad, conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, toda vez que se incurrió en error al efectuar el cálculo del valor de la asignación de retiro al tomar equivocadamente los factores y porcentajes a liquidar, afectando doblemente dicha prima.
En sentencia de primera instancia se despacharon desfavorablemente las pretensiones del actor, al considerar que la demandada no está legitimada para reajustar en el 20% la asignación de retiro, pues ello es de la órbita de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, que como ente empleador debe resolver cualquier reclamación que implique modificación, adición o variación del salario; en tanto CREMIL se encarga únicamente de pagar y reconocer las asignaciones de retiro sin interferir en la carga salarial o prestacional de los militares en el tiempo que permanecieron en servicio activo. En cuanto al cálculo aritmético que realizó la entidad para determinar el quantum de la asignación de retiro, determinó que como al demandante se le cancelaba para el año 2.015 la suma de $834.636, este valor corresponde a la correcta aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2.004.
El Tribunal revocó parcialmente tal decisión con fundamento en la reciente sentencia de unificación de la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda- Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Rad. No.: 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19. Halló probado que le asiste razón al actor cuando afirma que la prima de antigüedad le está siendo doblemente afectada y, en consecuencia, existe en su favor una diferencia, mes a mes, que no puede desconocerse.

Reliquidacionasignacion de retiro13/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220160077301NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCÉSAR AUGUSTO BOSA BALSERONACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.:Revoca sentencia primera instancia que negó pretensiones para, en su lugar, acceder a ellas.
CASO: Se estudia legalidad del acto administrativo de fecha 18 de mayo de 2016, por el cual se le negó a actor el reajuste salarial equivalente al 20%; solicitando a título de restablecimiento del derecho se ordene dicho reajuste a partir del 1 de noviembre de 2.003 y hasta la fecha de su retiro definitivo.
En sentencia de primera instancia se negaron las súplicas de la demanda al considerar que el actor no acreditó la vinculación laboral al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, para que pudiera ser acreedor de la aplicación del artículo 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2.000.
El Tribunal revocó tal negativa señalando que si bien al plenario no se allegó la hoja de servicios del actor que demostrara la fecha de su vinculación, de la misma respuesta emitida por la entidad castrense accionada, así como de la contestación de la demanda y de la fijación del litigio efectuada en la respectiva audiencia inicial, se debía tener por superada dicha circunstancia, pues en ningún momento la demandada puso en entredicho tal situación; aunado a que mediante auto de fecha 29 de abril de 2019 se tuvo como pruebas el certificado de vinculación del actor y lo percibido en calidad de soldado voluntario y posteriormente como soldado profesional, hallando así que en aplicación de la sentencia de unificación de fecha 25 de agosto de 2016 - CE-SUJ2 85001333300220130006001- le asistía el derecho reclamado.

Reajuste salarial y prestacional en el 20%.20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300220170009801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOYANETH TAPIERO MARTINEZ Y OTROSNACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.:Confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda.
CASO: Se debate la legalidad de la Resolución No. 4212 del 21 de octubre de 2016 “por medio de la cual se negó la solicitud de pensión sobrevivientes”; suscrita por la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional. A título de restablecimiento del derecho, se solicita se ordene reconocer y pagar la pensión vitalicia de sobrevivientes a favor de las accionantes, como beneficiarias únicas, en los términos previstos en el artículo 189, literal d, del Decreto 1211 de 1990.
El Juez de primera instancia concedió las pretensiones, al concluir que el régimen especial contenido en el Decreto 1211 de 1990 le es aplicable a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, calidad que adquirió el extinto soldado voluntario JOSE OLIMPO VARGAS ACHICUE cuando fue ascendido póstumamente. Así, al estar demostrado que el referido militar fue muerto por acción directa del enemigo, que prestó sus servicios por espacio de 6 años, 1 mes y 11 días, siendo ascendido de manera póstuma al grado de cabo segundo, y al encontrarse también acreditado que las demandantes ostentan las calidades de compañera permanente e hija del causante, reconocida en sede administrativa por la misma entidad accionada como beneficiarias de las prestaciones del militar fallecido, las hace beneficiaras de la pensión pretendida, en los términos del literal a) del artículo 185 del Decreto 1211 de 1.990; por lo que tienen derecho a que se les reconozca una pensión mensual, en los términos del literal d) del artículo 189 Ibídem.
El Tribunal, al verificar que las demandantes cumplían con los requisitos legales para tener derecho a la prestación reclamada, confirmó la decisión de instancia, señalando que, tal como lo indica el máximo órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública y fallecen en combate, no les sea reconocida la pensión de sobrevivientes, cuya única finalidad es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.

Pension sobreviviente decreto 1211 de 1990-muerte en combate20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170032801NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODORA MARÍA MUÑOZ DE MARTÍNCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Confirma decisión adoptada por el a quo que accedió a las súplicas de la demanda.
CASO: Se debate la legalidad del acto administrativo de fecha 29 de junio de 2016, por medio del cual se le negó a la demandante el reajuste de la sustitución pensional con aplicación del IPC para los años 1.997 a 2.004. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar dicho reajuste conforme al mayor porcentaje entre el IPC y el decretado por el Gobierno Nacional para incrementar las asignaciones básicas de los integrantes de la fuerza pública, en cumplimiento de la escala gradual porcentual, para los años 1.997 a 2.004, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1.993.
El juzgado de primera instancia consideró que la actora goza de una sustitución pensional en el equivalente al 50% y que durante los tiempos por ella reclamados -1.999 a 2.004-, CREMIL efectuó ajustes a la asignación de retiro en porcentajes inferiores al I.P.C.
El Tribunal indicó que en el escrito de apelación presentado por CREMIL no se hizo referencia en forma alguna a los argumentos que tuvo en cuenta la jueza de instancia para acceder a las súplicas de la demanda, haciendo alusión, en su lugar, a aspectos no planteados en el libelo introductorio y mucho menos debatidos en la sentencia objeto de censura.

Reajuste sustitucion pensional20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001333300420170071901NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOAMADEO BURGOSCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMILPEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

2ª Inst.: Se modifica parcialmente la sentencia de primera instancia, por la cual se concedieron las súplicas de la demanda.
CASO: Se decide la legalidad del acto administrativo de fecha 23 de febrero de 2017, por el cual se le negó al actor el reajuste de la asignación de retiro, y del acto adtivo. del 24 de abril de 2017 por el cual se confirmó la decisión anterior. A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la demandada a reconocer y pagar dicho reajuste en relación con el 20% de la asignación de retiro, la correcta aplicación del porcentaje de la partida prima de antigüedad conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, el reajuste del subsidio familiar y la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad.
En sentencia de primera instancia se despacharon favorablemente las pretensiones de la demanda, al señalar que le asistía el derecho al actor al reajuste de la asignación por los conceptos invocados, en tanto demostró su calidad de soldado voluntario y luego la de soldado profesional, en los términos de la Ley 131 de 1995 y el Decreto 1794 de 2000, lo que lo hacía acreedor de percibir la asignación básica en el equivalente a 1 s.m.l.m.v. incrementado en el 60%; así mismo, que la demandada efectuó una interpretación equívoca del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 en tanto realizó un descuento del 70% que la norma no autoriza; frente al subsidio familiar y la duodécima parte de la prima de navidad señaló que no incluir estos conceptos como partidas computables de la asignación de retiro del actor, como sí se contempla para el personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, vulneraba el derecho a la igualdad de quienes, como el demandante, ostentan la calidad de soldado profesional, por lo que debe ordenarse su cómputo.
El Tribunal modificó parcialmente tal decisión con fundamento en la reciente sentencia de unificación de fecha 25 de abril de 2.019, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda- Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Rad. No.: 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19, es decir, que en cuanto al reajuste del subsidio familiar se indicó que al no existir el trato diferencial que pregona el recurrente actor, dado que pretende la aplicación de una norma que no es la que regula su situación prestacional por su vinculación laboral con la entidad, lo procedente es no ordenar su reajuste prestacional por este concepto, y sobre la inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad, debe indicarse que ésta únicamente se tiene en cuenta para liquidar las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales más no para los soldados profesionales -condición que siempre ostentó el aquí actor.

Reajuste de asignacion de retiro20/06/2019SENTENCIA-Ver
18001334000420160059001NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJOSE ORLANDO NORIEGA MURCIANACION-MINEDUCACION-FOMAGLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda –según se narra-, se circunscriben a que al actor le fue reconocida pensión de jubilación mediante Resolución Nro. 0165 del 22 de mayo de 2014, equivalente al 75% del promedio mensual devengado durante su último año de servicios, pero sin inclusión de la prima de navidad como factor salarial. Con ocasión de lo anterior, el 02 de julio de 2015 el accionante solicitó la reliquidación de su pensión junto con las diferencias que arrojara tal omisión, obteniendo respuesta desfavorable por medio de la Resolución Nro. 0357 del 22 de diciembre de 2015. 1ª Inst.: El Juzgado Cuarta (4°) Administrativa del Circuito de Florencia, mediante sentencia de fecha 23 de marzo de 2018, negó las pretensiones de la demanda, aduciendo que aun cuando el actor tenía derecho a que se le incluyera en su liquidación de la mesada pensional la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicio, no obraban en el expediente los soportes que certificaran los factores devengados en el último año a la fecha en la cual adquirió el status de jubilación, faltando a la regla del onus probandi .Añadió, que pese a que el actor continuó prestando sus servicios al Magisterio una vez adquirió el status pensional, pagándosele dentro de su salario ente otros 1/12 de la prima de navidad, desconocía si se encontraba o no retirado del servicio, lo que hacía inviable la reliquidación pensional tal como la estaba peticionando. 2ª Inst.: La sala confirma la sentencia de primera instancia pero en aplicación de la sentencia de unificación proferida de forma reciente por el Consejo de Estado, conforme la cual, los factores salariales serán aquellos sobre los cuales se hicieron los respectivos aportes, que no son otros que los enlistados de forma expresa en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DOCENTE
-Docente no vinculada a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
-Liquidación de factores salariales taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985.
-Sin condena en costas por cambio jurisprudencial
05/07/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120110012201REPARACION DIRECTAAURA MARÍA ARAGÓN GUALTERO Y OTROSSUPERFINANCIERA Y OTROSLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos -en resumen- se circunscriben a que la empresa DMG inició sus operaciones de captación de dinero masivo del público desde el año 2008, ofreciendo jugosos intereses y altos rendimientos a sus ahorradores. Por la anterior razón, los demandantes invirtieron varias sumas de dinero -, asegurando que el Gobierno Nacional -a través de la Superintendencia Financiera- omitió sus funciones de vigilancia y control, con lo cual a su juicio, son responsables de los perjuicios causados ante la declaratoria del Estado de Emergencia Social –mediante la cual se ordenó la intervención y posterior cierre de la empresa DRFE. 1ª Inst.: El Juez de Primera Instancia, desestimó las pretensiones de la demanda, pues luego de efectuar un recuento normativo de las atribuciones y funciones de las entidades demandadas, no encontró que estas hubieren incurrido en las omisiones acusadas, sino que, por el contrario, actuaron debidamente y advirtieron a la ciudadanía sobre las captaciones ilegales emergentes, pese a lo cual los actores decidieron invertir sus dineros en la empresa DMG. 2ª Inst.: Esta Sala confirma la decisión de primera instancia, al no encontrar conducta omisiva alguna en el actuar de las entidades públicas demandadas, que pudiera configurar una falla del servicio, en razón a que cada una de ellas, respecto del alcance de sus competencias, adelantó las actuaciones que le eran exigibles legalmente.

CAPTACIÓN ILEGAL
- No se probó omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte de las entidades demandadas.
- causa del daño tuvo que ver con que los depositantes cruzaron el límite del autocuidado.
04/07/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120110012201NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOOCTAVIO HUMBERTO RAMÍREZ RODRÍGUEZNACION-MINEDUCACION-FOMAGLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda –según se narra-, se circunscriben a que al actor le fue reconocida pensión de jubilación mediante Resolución Nro. 286 del 8 de diciembre de 2013, equivalente al 75% del promedio mensual devengado durante su último año de servicios, pero sin inclusión de la prima de navidad como factor salarial. Con ocasión de lo anterior, el 16 de febrero de 2015 el accionante solicitó la reliquidación de su pensión junto con las diferencias que arrojara tal omisión, obteniendo respuesta desfavorable por medio de la Resolución Nro. 0320 del 13 de mayo de 2016. 1ª Inst.: La Juez Segunda (2°) Administrativa del Circuito de Florencia, mediante sentencia de fecha 13 de junio de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, aduciendo que los docentes se encuentran expresamente excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, por lo cual –a su juicio- procedía la reliquidación deprecada. 2ª Inst.: La sala revoca la sentencia de primera instancia, en aplicación de la sentencia de unificación proferida de forma reciente por el Consejo de Estado, y en atención a la fecha de ingreso del actor al servicio docente –esto es, el 31 de mayo de 1991-, por lo cual se aplicó la regla según la cual, los factores salariales serán aquellos sobre los cuales se hicieron los respectivos aportes, que no son otros que los enlistados de forma expresa en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DOCENTE
-Liquidación de factores salariales taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985.
-Aplicación sentencia de unificación
-Sin condena en costas por cambio jurisprudencial
05/07/2019SENTENCIA-Ver
18001334000320160010301NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOORLANDO CALDERÓN TOVARMUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍESLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos originarios de la demanda se circunscriben a que el actor –según se afirma- laboró de forma ininterrumpida desde el 6 de enero de 1996 y hasta el 28 de diciembre de 2011 en la Alcaldía Municipal de Belén de los Andaquíes, cumpliendo funciones propias de la Entidad demandada como monitor de la escuela de fundamentación deportiva del municipio, sin que le fueran reconocidas todas la prestaciones sociales y demás beneficios a que hubiera tenido derecho de haber sido nombrado como empleado público. Como consecuencia de lo anterior, mediante derecho de petición del 14 de julio de 2015 –reiterado el 16 de septiembre del mismo 2015-, el apoderado del actor solicitó a la demandada el reconocimiento de la existencia una verdadera relación laboral, y el consecuente pago de todas las acreencias laborales a las que tenía derecho, tales como prima, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, indemnizaciones, entre otros. Esta petición fue despachada desfavorablemente por medio de Oficio del mismo 16 de septiembre, por lo cual se pretende su nulidad. 1ª Inst.: El Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito de Florencia, mediante sentencia del 16 de febrero de 2018, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, declarando la nulidad parcial del acto administrativo enjuiciado, la existencia de una verdadera relación laboral entre las partes y probada la excepción de prescripción respecto de las sumas dinerarias a las que pudo haber lugar. Para arribar a la referida decisión, el Juez de Primera Instancia consideró que no se acreditó una relación laboral ininterrumpida entre las partes, por lo cual se abstuvo de reconocer el lapso solicitado por el actor, apegándose a las pruebas obrantes, que daban cuenta de muchos periodos vacíos. Indicando, respecto de estos últimos, que si se trató de contratos verbales, el medio idóneo no era el de nulidad y restablecimiento de derecho para el reconocimiento de un contrato laboral, sino otros mecanismos de defensa. 2ª Inst.: La sala confirma la decisión de primera instancia, por haber constatado que en efecto, el fenómeno prescriptivo declarado por el a quo, ocurrió.

CONTRATO REALIDAD
-Declaratoria de prescripción de las diferencias pretendidas
-Aplicación sentencia de unificación
05/07/2019SENTENCIA-Ver
18001333300320190035601TUTELAJANZ SANCHEZ RODRIGUEZ Y OTROSSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DPTAL Y OTROSLUIS CARLOS MARIN PULGARIN

CASO: Los hechos en esencia se refirieron a que el cargo de Técnico Operativo, código 314, grado 06 había quedado vacante, por lo que los actores mostraron su interés de ocuparlo, solicitando a la Secretaría de Educación Departamental se les informara la fecha en que se haría la convocatoria para proveerlo. En respuesta a ello, se les comunicó que la vacante ya había sido provista mediante encargo, posesionándose la señora Emilse Rivera Rivera, persona que para los actores no cumple con los requisitos para ocuparlo. Por todo lo anterior, radicaron ante la Comisión de Personal de la Gobernación “reclamación administrativa” manifestando su inconformidad frente a la forma de selección y la provisión del empleo de Técnico Operativo, código314, grado 6, solicitando se realizara una nueva convocatoria de manera abierta, de lo que se remitió también copia a la Procuraduría General de la Nación, sin que a la fecha de radicación de la acción de tutela se hubiesen pronunciado. 1ª Inst.: El Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito de Florencia, mediante sentencia del 28 de mayo de 2019, resolvió declarar improcedente la acción constitucional para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados y amparó el derecho fundamental de petición, ordenando al Departamento del Caquetá- Secretaría de Educación Departamental- Comisión de Personal del Departamento del Caquetá, diera respuesta a la petición de reclamación laboral administrativa elevada por los accionantes el 9 de abril de 2019, al haber trascurrido más de quince (15) días desde que los actores habían presentado la reclamación laboral administrativa ante la Comisión de Personal del Departamento del Caquetá, sin obtener ninguna respuesta. 2ª Inst.: La sala confirmó la decisión de primera instancia, pues consideró que la legalidad del acto administrativo de nombramiento enjuiciado ha debido debatirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, inicialmente a través del medio de control de nulidad electoral dentro de los 30 días siguientes al nombramiento pudiendo solicitar medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Sin embargo, no obraba medio de convicción de agotamiento de ese medio de defensa por lo que respecto del mismo se imponía la caducidad de la acción. Añadió que los actores también cuentan con la posibilidad de canalizar lo decido por la administración mediante nulidad simple, sin que de los hechos y pruebas obrantes se advierta la existencia de un perjuicio irremediable, caracterizado por su gravedad, inminencia, necesidad de medidas para conjurarlo e impostergabilidad de las mismas. Finalmente, refirió que no era la Secretaría de Educación Departamental la llamada legalmente a dar respuesta a la reclamación administrativa que presentaron los actores sino la Comisión de Personal de la Gobernación del Caquetá.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS
-Incumplimiento del requisito de subsidiaridad.
- Acto administrativo de nombramiento debe canalizarse por nulidad electoral o nulidad simple.
05/07/2019SENTENCIA-Ver
18001333100120100041801REPARACION DIRECTAJESÚS ORLANDO BOTERO GARCÍA Y OTROSNACIÓN – SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTROSYANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación- Superintendencia de Financiera, la Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Nación – Fiscalía General de la Nación y Superintendencia de Sociedades de los perjuicios materiales que le fueron causados a los demandantes, con la omisión en las entidades al haber permitido que Proyecciones DRFE captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones. Como consecuencia de lo anterior, solicita se reconozca y pague a los demandantes por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante (interés comercial), las sumas de dinero que fueron depositadas y que dejaron de percibir un interés, de forma indexada hasta la fecha de la sentencia definitiva. 1ra Instancia: NEGÓ las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño antijurídico quedó demostrado con las pruebas decretadas y practicadas en primera instancia, dando cuenta de las inversiones que los actores realizaron ante la demandada, Proyecciones DRFE, y frente a la imputación y el nexo de causalidad, resaltó que la omisión por parte de la Superintendencia encargada de ejercer vigilancia y control en asuntos de esta naturaleza, obedeció a los vacíos legales que presentaba el sistema financiero del Estado para la época y por lo tanto no se puede suponer una responsabilidad por parte de las demandadas, aun cuando éstas adelantaron actuaciones que buscaban defender los intereses patrimoniales de los ciudadanos y la no inversión de sus dineros en establecimientos comerciales como Proyecciones DRFE. 2da Instancia: Analizó la Sala que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos objeto de imputación, como era su deber, pues no obra en el proceso prueba que alguna que permita inferir que las demandadas omitieron, o actuaron tardíamente en el cumplimiento de su deber legal o constitucional, y por el contrario, los entes demandados actuaron conforme a las facultades atribuidas vigentes para la época de los hechos y el Gobierno Nacional a través de los recursos excepcionales que le otorga la Constitución Política, atendieron la mencionada problemática conforme al debido proceso y decretando oportunamente las sanciones pertinentes en su momento, por consiguiente, no se encuadra en una conducta omisiva el actuar de las demandadas, que produjera una falla del servicio. Resolvió CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

Captadora ilegal. Ausencia de responsabilidad del Estado por haber realizado las actividades a su cargo.
16/05/2019SENTENCIA-Ver
180013333002
20160079701
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOOSCAR FLOREZ GARCÍANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL YANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Soldado profesional que solicita la reliquidación del salario mensual desde el mes de noviembre de 2003, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000; así como el reajuste del auxilio de cesantías. En el trámite de la segunda instancia se decreta como prueba la Certificación de Tiempo de Servicio del Demandante, la cual fue allegada por la entidad accionada. Analizó la Sala que en efecto el actor fungía como soldado voluntario en vigencia de la Ley 131 de 1985, por lo cual tiene derecho a que se le pague un salario mensual incrementado en un 60%, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. 1ra Instancia: Negó las pretensiones de la demanda, aduciendo que no se logró acreditar en el plenario que el actor hubiese ejercido como Soldado Voluntario en vigencia de la Ley 131 de 1985. 2a Instancia: Revoca la sentencia de primera instancia y ordena a la entidad reajustar el salario básico del actor, tomando como base un smlmv incrementado en un 60%, y el pago de las diferencias resultantes entre lo pagado y lo que se debió pagar; así como el reajuste de las cesantías, y declaró la prescripción de las diferencias salariales causadas con anterioridad al 12/05/2012.

Reajuste Salario Básico Mensual - Prima de antigüedad (20%) y auxilio de cesantías.
30/05/2019SENTENCIA-Ver
180013333002
20140047101
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOISMAEL ALFONSO MOZO HERRERACAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMILYANNETH REYES VILLAMIZAR

CASO: Solicita la liquidación de la asignación de retiro tomando como base de liquidación, la base actualizada de mayor valor económico que viene aplicando CREMIL en la liquidación de las asignaciones de retiro del grado de Técnico Jefe. 1ra Instancia: NEGÓ las pretensiones de la demanda, argumentando que no es posible aplicar el reajuste de la asignación de retiro de conformidad con el IPC para los años 1997 a 2004, teniendo en cuenta que la asignación de retiro fue reconocida en el año 2011, esto es, con posterioridad al año 2004, por lo tanto no es aplicable el reajuste con base en el IPC. 2da Instancia: Analizó la Sala que no se observa los salarios devengados por el actor durante los años en que el incremento del IPC fue mayor al principio de oscilación (1997-2004), por lo que no se puede verificar si en efecto la base salarial del actor, la cual se arrastra año a año, fue liquidada y pagada en un monto inferior al que debió reconocerse y pagarse; adicional a ello devengó salarios superiores a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al menos en los años 2011-2012 y, por consiguiente se podría interpretar que así ocurrió en los años anteriores, y en tal sentido, no lo cobijaría la limitación que se impone al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario, como quiera que la misma tiene como destinatarios aquellos que tengan un salario no superior a los dos (2) S.M.M.L.V, esto quiere decir que hipotéticamente hablando, sí podía ser objeto de limitación la asignación básica del actor, esto es, que su salario podía ser reajustado en una proporción menor a la de la inflación causada en el año inmediatamente anterior. Concluyó entonces que no se logró establecer que al actor se le ha reconocido una asignación de retiro con un salario básico inferior al de los demás técnicos jefes, pues no se acredita que otra persona en igualdad de condiciones (rango, fecha de ingreso, fecha de retiro, con asignación de retiro) le hayan aplicado un salario base superior en la liquidación de la asignación de retiro; pues no basta con el personal al que se le efectuaron los reajustes pertenezcan a las Fuerzas Militares, pues se itera, debe acreditar la identidad fáctica para determinar si en realidad existen las dos bases de liquidación de las que hace mención del demandante, y sí a él se le aplicó la de menor valor.

Reajuste Asignación de Retiro – Salario Base de Liquidación de mayor valor.30/05/2019SENTENCIA-Ver
180013333002
20120048301
REPARACION DIRECTATITO OSPINA BONILLA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL YANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: Propietario de una mina voluntariamente acuerda suministrar material de cantera al Ejército Nacional con el compromiso de que ésta entidad le entregaría 1mtr 3 de material para la venta por cada 1 mtr3 de material que le suministrara al Ejército, quien nunca cumplió con esta obligación, demandándose por el particular en reparación directa para que se le pague el valor en dinero de los metros cúbicos que se le debió entregar. 1ra Instancia: Negó las pretensiones de la demanda ya que consideró que no se cumplen los requisitos establecidos por el Consejo de Estado en sentencia de unificación de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012), proferida dentro de la radicación No. 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897), Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa ya que el demandante no demostró que la prestación del servicio sin el respectivo contrato fuera producto de una presión indebida por parte de la entidad demandante, o para suplir asuntos relacionados con tema de salud. 2da Instancia: Analizó la Sala que a la acción de enriquecimiento sin causa, figura propia del derecho civil, en materia contenciosa administrativa se le agregaron requisitos adicionales en tratándose de contratos estatales, y es que la prosperidad de las pretensiones vaya unida a la ausencia de culpa del particular en la prestación del servicio, lo cual en el presente caso no se cumple, pues fue el particular quien de manera libre y voluntaria llegó a un acuerdo con un militar adscrito al Ejército Nacional y suscribió el acta de compromiso del día 10 de agosto de 2010; luego no se trató de una prestación que haya entregado el demandante por constreñimiento de la entidad demandada, sino por su propia voluntad. De igual manera no se demostró que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –EJÉRCITO NACIONAL hubiese constreñido al particular para la explotación de su cantera o para la entrega del material que esta producía, sino que fue el particular, bajo la promesa de obtener material para la venta, quien accedió a permitir que se sacara de su mina lo necesario para que el Ejército realizara la obra pública que había contratado con FONADE. De igual manera., ante el argumento del recurso de apelación de que el Acta de Compromiso era un contrato, se estudió el requisito de la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin causa. Resolvió confirmar la decisión de primera instancia.

Acción de enriquecimiento sin causa.30/05/2019SENTENCIA-Ver
110013335009
2015005840
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOCRISTINA LOZADA OLAYA UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES-UGPPYANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: Pretende la actora que se ordene a la UGPP a que reconozca y pague las mesadas pensionales con el porcentaje correspondiente, dejadas de pagar a CRISTINA LOZADA OLAYA en su calidad de compañera permanente supérstite desde la fecha del fallecimiento de su difunto esposo y de forma vitalicia con sus respectivos ajustes anuales e indexada a la fecha de pago. 1ra Instancia: ORDENÓ a la UGPP reconocer y pagar pensión de sobreviviente en el 50% a la señora CRISTINA LOZADA OLAYA a partir del 04 de junio de 2012, fecha en la cual fue suspendida la misma, en calidad de compañera permanente del causante. 2da Instancia: Analizó que tanto la compañera permanente como la cónyuge tienen derecho al reconocimiento pensional, en proporción al tiempo de convivencia; por lo tanto modificó la decisión de primera instancia, ordenando el reconocimiento de la actora en proporción del 27% y no del 50% como la había ordenado el a quo. Así mismo ordenó la notificación de la cónyuge, toda vez que había sido vinculada como Litisconsorte necesario.

Pensión de Sobreviviente – Conflicto entre Cónyuge y Compañera Permanente – Reconocimiento proporcional al tiempo de convivencia. 30/05/2019SENTENCIA-Ver
18001333300120110009901REPARACION DIRECTAYOHANI CARRILLO LOZADA Y OTROS NACIÓN – SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTROS YANNETH REYES VILLAMIZAR

Caso: solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación- Superintendencia de Financiera, la Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Nación – Fiscalía General de la Nación y Superintendencia de Sociedades de los perjuicios materiales que le fueron causados a los demandantes, con la omisión en las entidades al haber permitido que DMG captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones. Como consecuencia de lo anterior, solicita se reconozca y pague a los demandantes por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante (interés comercial), las sumas de dinero que fueron depositadas y que dejaron de percibir un interés, de forma indexada hasta la fecha de la sentencia definitiva. 1ra Instancia: NEGÓ las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño antijurídico quedó demostrado con las pruebas decretadas y practicadas en primera instancia, dando cuenta de las inversiones que los actores realizaron ante la demandada, DMG, y frente a la imputación y el nexo de causalidad, resaltó que la omisión por parte de la Superintendencia encargada de ejercer vigilancia y control en asuntos de esta naturaleza, obedeció a los vacíos legales que presentaba el sistema financiero del Estado para la época y por lo tanto no se puede suponer una responsabilidad por parte de las demandadas, aun cuando éstas adelantaron actuaciones que buscaban defender los intereses patrimoniales de los ciudadanos y la no inversión de sus dineros en establecimientos comerciales como DMG. 2da Instancia: Analizó la Sala que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos objeto de imputación, como era su deber, pues no obra en el proceso prueba que alguna que permita inferir que las demandadas omitieron, o actuaron tardíamente en el cumplimiento de su deber legal o constitucional, y por el contrario, los entes demandados actuaron conforme a las facultades atribuidas vigentes para la época de los hechos y el Gobierno Nacional a través de los recursos excepcionales que le otorga la Constitución Política, atendieron la mencionada problemática conforme al debido proceso y decretando oportunamente las sanciones pertinentes en su momento, por consiguiente, no se encuadra en una conducta omisiva el actuar de las demandadas, que produjera una falla del servicio. Resolvió CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

Captadora ilegal. Ausencia de responsabilidad del Estado por haber realizado las actividades a su cargo. 30/05/2019SENTENCIA-Ver

Referencias:
TdeFondo: Tutela de fondo
TvsPJ: Tutela contra Providencia Judicial
TvsActo: Tutela contra Acto Administrativo
Cumpl.: Acción de cumplimiento
Única Inst.: Única Instancia
1ª Inst.: Primera Instancia
2ª Inst.: Segunda Instancia
Consulta: Consulta Desacato
AV: Aclaración de voto
SV: Salvamento de voto